Si algo ha caracterizado la historia de Andalucía es nuestra capacidad para hacer del acuerdo y del consenso una fórmula de avance intrínseca a nuestro ADN. En esta tierra hemos adoptado muy distintas culturas a lo largo de los siglos, entendiendo que la búsqueda del bien común es la manera más eficiente y rápida de lograr mayores márgenes de desarrollo. Fruto de esta filosofía hicimos de nuestras ciudades las capitales mundiales de la cultura, del bienestar, del avance continuo, de la convivencia en paz y, en definitiva, de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Sin necesidad de retroceder tanto en el tiempo, a lo largo de la historia de la Democracia española, Andalucía también cuenta con un vasto acervo acumulado en materia de concertación social. Durante lustros fuimos un ejemplo para el resto de territorios, no ya solo del Estado, sino incluso del conjunto de la UE, de cómo el esfuerzo para conciliar los intereses, por supuesto legítimos, de las distintas partes que se sientan en el proceso de concertación social en un planteamiento y en una estrategia común genera amplios beneficios para las empresas, para los ciudadanos y para el modelo de construcción de la sociedad.
Desgraciadamente, esa concertación que tanto ayudó a la modernización de Andalucía, de la noche a la mañana, pasó de ser el blasón de nuestra tierra a convertirse en un término denostado, prohibido, un tabú que nadie osa pronunciar por el miedo al qué dirán. Pero por mucho que se quiera hacer caer el término en el olvido, los beneficios de la concertación social no han perdido ni un ápice de necesidad. A pesar de ello, fruto de este cambio de corriente se dejaron pasar siete años sin concertación social, desde la finalización, en 2013, de la vigencia del VII Acuerdo, poniéndose así fin a más de veinte años continuados de acuerdos entre Administración andaluza y Agentes Sociales y Económicos más representativos.
Con la aparición de la Covid-19 y el escenario de pandemia y de parálisis total de la economía que se generó, nuestros dirigentes volvieron a llamar a las puertas de la concertación. Eso sí, sin todavía ser capaces de pronunciar el término denostado pero intentado alcanzarlo mediante circunloquios como Acuerdo de Reactivación o de Medidas Extraordinarias. Ambos documentos fueron suscritos por nuestro Sindicato, entendiendo que la importancia del momento y la delicada situación por la que atravesábamos aconsejaba dar este primer paso por la recuperación de la concertación social, aun a sabiendas de que el ámbito temporal y de materias que trataba distaba mucho de la transversalidad que caracterizaba a los últimos dos Acuerdos de Concertación Social.
Tocaba ser responsables y anteponer los intereses de la ciudadanía. Tocaba dar una oportunidad al nuevo Gobierno andaluz, un voto de confianza y pensar que estos primeros documentos podían ser los primeros pasos para recuperar esa Gobernanza, en el sentido amplio de la palabra, que tiempos atrás caracterizó a la forma de hacer política en nuestra tierra, a nuestra forma de hacer economía, a nuestra forma de diseñar el modelo de Sociedad que queríamos para los andaluces.
Aunque es indudable que han sido varios los avances logrados desde la firma de estos dos documentos en julio de 2020 y marzo de 2021 respectivamente, igualmente cierto es que son muchos y muy importantes los aspectos que, a juicio de nuestra organización sindical, o no se han cumplido o no se han desarrollado de la forma y con los contenidos que creíamos necesarios a la hora de su inclusión en los acuerdos.
Por ello, antes de afrontar el nuevo calendario de diálogo que parece querer abrir San Telmo, es imprescindible dar cumplimiento a cinco cuestiones claves ya incluidas en los Acuerdos anteriores. En este sentido y, en primer lugar, entendemos que no se han hecho los esfuerzos necesarios en el refuerzo de la Prevención de Riesgos Laborales, como constata que () ya sean 115 los andaluces muertos en accidente laboral este año. De igual forma, continuamos sin apostar, decididamente, por la detección de las necesidades de formación, como elemento fundamental para mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores. Finalmente, en materia laboral, continuamos sin encontrar medidas tendentes a reforzar la negociación colectiva, reconociendo la capacidad de ésta para propiciar la sostenibilidad de las empresas, la estabilidad en el empleo y la mejora en las condiciones laborales.
Por otro lado, en materia de diálogo social hallamos dos incumplimientos flagrantes: vamos a finalizar 2022 y seguimos sin una Ley de Participación Institucional que asegure la participación efectiva de las organizaciones sindicales y sin un Órgano que permita analizar, de manera transversal, la implementación de los fondos Next Generation en Andalucía, tal como aconseja la propia Comisión Europea al poner en valor la participación de los agentes sociales en los proyectos a financiar con estos fondos.
Más allá de estos incumplimientos, el estallido de la guerra de Ucrania, la crisis de materias primas y energética generada y la aparición de un ciclo inflacionista que ha llevado a nuestra interanual a superar incluso el 11%, han generado una nueva situación de dificultades que hace imprescindible que el proceso de Diálogo Social se inicie con la puesta en marcha de medidas dirigidas a paliar los efectos del alza de precios sobre las familias andaluzas y sobre nuestras pymes. También en este apartado hemos dado un paso al frente y elaborado una batería de medidas a corto, medio y largo plazo que hemos presentado públicamente y puesto a disposición del Gobierno andaluz para su negociación, para su concertación.
Porque a nosotros no nos asusta emplear el término. Concertación social es la que reconoce nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 10. La que en su artículo 17 invita a impulsar como principio rector. A la que, dice el 159, que contribuimos los sindicatos más representativos. La que tiene que dejar de ser denostada, para volver a ser puesta en valor, como forma de defender y promover los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores andaluces y la calidad democrática de nuestra tierra.