La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado categóricamente sobre la necesidad de salvaguardar la independencia judicial frente a las injerencias que actualmente está experimentando el poder judicial, manifestando su rechazo rotundo a tales interferencias "vengan de donde vengan”. Estas declaraciones de la máxima autoridad judicial del Estado se han producido durante la celebración de las XVIII Jornadas Jurídicas de Sarria 'Román García Varela', dedicadas a la reforma de la Justicia en el siglo XXI.
La relevancia de estas declaraciones trasciende el mero contenido del mensaje para situarse en la excepcionalidad del momento institucional en que han sido planteadas. En primer lugar, porque las jornadas abordan precisamente la controvertida Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia –conocida mediáticamente como ley Bolaños–, así como la cuestionada propuesta gubernamental de reforma del sistema de estabilización de la carrera judicial, que flexibiliza a mínimos los requisitos de acceso a la carrera judicial. Iniciativa que el mismo día de las declaraciones motivó un paro judicial, convocado por cinco asociaciones de jueces y fiscales en señal de rechazo corporativo.
En segundo lugar, y de manera igualmente significativa, porque las declaraciones de la presidenta del TS se producen en respuesta directa a la crisis institucional generada por la imputación del Fiscal General del Estado por parte de un magistrado del Tribunal Supremo –hecho inédito en la democracia española– que se produce en un momento especialmente delicado, coincidiendo con el cuestionamiento de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la ley de amnistía.
Según filtraciones a la prensa, la Comisión Europea considera que "no responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión" y presenta características propias de una "autoamnistía" vinculada al "acuerdo para la investidura del Gobierno"; que, sin embargo, conforme se ha avanzado, sería avalada por el Tribunal Constitucional.
El caso que desencadena la crisis
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración a medios de comunicación de información confidencial relativa a una investigación por fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja sentimental de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El investigado, por su parte, está siendo objeto de procedimiento judicial por los presuntos delitos de falsificación documental y fraude fiscal, con una cuantía que supera los 350.000 euros.
Según el auto dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, tanto García Ortiz como la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, habrían difundido a los medios de comunicación un correo electrónico remitido por el letrado del investigado, en el que se admitía la comisión de infracciones de naturaleza fiscal. Dicha comunicación contenía datos de carácter personal y sensible que debían permanecer bajo reserva de las actuaciones, al formar parte de una conversación amparada por el secreto profesional entre abogado y fiscal, configurándose así la presunta comisión del delito que motiva la imputación. El auto de procesamiento es susceptible de recurso y, de no ser revocado por la propia Sala del Tribunal Supremo, daría lugar al enjuiciamiento formal de ambos altos cargos del Ministerio Fiscal.
Reacciones corporativas y posicionamiento político
La Abogacía del Estado ha asumido la representación procesal del Fiscal General, formulando alegaciones en las que cuestiona la solidez jurídica de la imputación al considerar que el magistrado instructor habría obviado elementos exculpatorios relevantes y fundamentado "algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria suficiente". Por su parte, la Asociación de Fiscales ha pedido su dimisión para evitar dañar a la institución; en tanto que la Unión Progresista de Fiscales ha instado a su jefe mantenerse su cargo. Argumentando la inexistencia de normativa expresa que imponga la obligación de cesar en caso de imputación, el fiscal ya ha manifestado que no se plantea dimitir, ahondando aún más la grave crisis institucional que afecta a la Fiscalía.
El Ejecutivo que procedió a su nombramiento ha manifestado públicamente su respaldo a la gestión del Fiscal General, con declaraciones expresas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios miembros del Consejo de Ministros, proclamando su inocencia. Algunos integrantes del Gobierno han enmarcado esta causa judicial dentro de lo que denominan una estrategia de lawfare o instrumentalización política de la justicia dirigida contra el presidente Sánchez, en cuyo entorno familiar también se han abierto procesos judiciales que afectan a su esposa y hermano por la presunta comisión de diversos delitos.
La oposición parlamentaria ha aprovechado esta crisis institucional para intensificar su estrategia de desgaste político, exigiendo tanto la dimisión del Fiscal General, así como la del propio presidente del Gobierno.
La reacción del Gobierno ante el procesamiento del Fiscal General ha convertido esta decisión judicial en un "casus belli" contra el Tribunal Supremo. Lejos de mantener la prudencia institucional que requiere la separación de poderes, varios ministros han cuestionado duramente la decisión judicial, acusando al instructor de actuar por motivaciones políticas.
La respuesta del Gobierno resulta especialmente preocupante, porque rompe con la tradición democrática de respeto a las decisiones judiciales, que deben ser impugnadas en sede judicial por los interesados, pero no cuestionadas públicamente por el Gobierno. Por ello. el cuestionamiento político del auto de imputación sienta un grave precedente, ya que podría usarse como arma para deslegitimar las actuaciones judiciales incómodas para el poder político de turno.
El diagnóstico ciudadano: una democracia en tensión y bajo sospecha
En este complejo escenario institucional, caracterizado por constantes casos de corrupción por parte de casi todos los partidos y una creciente judicialización de la actividad política y politización de la función jurisdiccional, los indicadores de salud democrática del Estado español revelan signos inequívocos de deterioro que han motivado el pronunciamiento institucional de la presidenta del Supremo.
Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan una realidad preocupante y muy significativa. Según la encuesta de mayo de 2025, el 54,9% de la ciudadanía manifiesta su insatisfacción con el funcionamiento actual del sistema democrático. Esta cifra, que supera la mayoría absoluta, constituye un indicador alarmante sobre la percepción ciudadana respecto a la eficacia y legitimidad de las instituciones y la clase dirigente y agentes sociales.
El ranking de confianza institucional elaborado por el CIS ofrece un retrato revelador del estado de la opinión pública. Las Fuerzas Armadas encabezan la clasificación con una valoración de 6,8 puntos –la única institución que alcanza el aprobado–, mientras que los partidos políticos ocupan la última posición con una calificación de 2,96, compartiendo este deshonroso lugar con el Gobierno.
Resulta especialmente significativo que los tribunales se sitúen en segunda posición con 4,76 puntos, por encima de los gobiernos autonómicos (4,7), el Tribunal Constitucional (4,27), las organizaciones empresariales (4,24), los medios de comunicación (4,10), el Parlamento (4,05), el Gobierno central (3,67) y los sindicatos (3,59). Esta valoración relativamente superior de la judicatura, pese a no alcanzar el aprobado, sugiere que la ciudadanía mantiene cierta confianza en el poder judicial como garante institucional, lo que refuerza la importancia de preservar su independencia frente a las presiones políticas.
La independencia judicial como pilar del Estado de derecho
En este contexto de alta tensión institucional, las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, adquieren una relevancia extraordinaria. Sus declaraciones constituyen una defensa sistemática y fundamentada de los principios constitucionales que sustentan la división de poderes y la independencia judicial, como garantías del Estado de Derecho.
La Constitución Española establece de manera inequívoca en su artículo 117 que los jueces y magistrados integrantes del poder judicial son “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Este precepto no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía fundamental para la ciudadanía, que debe confiar en que sus derechos serán protegidos por tribunales imparciales y autónomos, que deben ser respetados y sus decisiones acatadas; porque, como subraya la presidenta, ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos, donde las resoluciones judiciales se pueden impugnar. En este sentido, la Presidenta del CGPJ ha recordado que los jueces deben motivar sus decisiones en Derecho y que la calidad de sus argumentos está sujeta a escrutinio público; pero el ejercicio de este derecho no puede dar lugar a ataques personales o políticos que comprometan su independencia.
Las declaraciones de la Magistrada Perelló, pidiendo a autoridades y particulares "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial" que califica de "intolerables", porque minan la confianza ciudadana en la Justicia y erosiona el Estado de Derecho, representan una defensa firme y necesaria de los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del sistema democrático, porque cuando se cuestiona la independencia del poder judicial o se presiona políticamente a sus integrantes, se pone en riesgo no sólo la función judicial, sino también la confianza ciudadana en las instituciones y, en última instancia, la estabilidad de la misma democracia.