El cierre patronal es el cierre del centro de trabajo a instancia del empresario en caso de huelga u otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurren determinadas circunstancias de peligro o ilegalidad o que afectan al proceso productivo, según definición dada por la doctrina jurídica.
La Constitución Española no establece expresamente el cierre patronal, se deduce del segundo apartado de su artículo 37 en el que se prevé el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, atendiendo a esto, solo es posible el cierre patronal cuando es defensivo y siempre que responda a una existencia de peligro notorio o de violencia para las personas o daños graves para las cosas, la ocupación ilegal del centro de trabajo o de sus dependencias o irregularidades en el trabajo cuyo volumen impida gravemente el proceso normal de producción, si concurre alguno de estos hechos, el empresario debe comunicar el cierre patronal en el plazo de doce horas a la Autoridad Laboral competente, como ya ha venido reiterando el Tribunal Supremo, por tanto, quedan absolutamente prohibidos los cierres patronales ofensivos, de solidaridad y los motivados por fines políticos. Y, algo muy importante, al igual que se exige a la huelga de trabajadores, en el cierre patronal legal, el establecimiento de servicios mínimos a la comunidad.
Si ponemos todo lo anterior en relación con la movilización de una parte de los empresarios transportistas se puede concluir que se trata un cierre patronal ofensivo encubierto, que está provocando coactivamente el look out a otras empresas y con ello están impidiendo que se desarrolle la actividad laboral de miles de trabajadores y sin respeto los servicios mínimos a la comunidad, en este caso, asegurar el abastecimiento de servicios básicos a la población que debe ser asegurado por la autoridad competente, de lo contrario colapsará la economía nacional, provocará un sinfín de ERTE,s y el cierre de otras muchas empresas, que no podrán soportar ese daño brutal y añadido al que ya se ha generado por la pandemia y el descontrol del mercado energético.
Veamos esto con un ejemplo. No hay camiones que lleven los productos importados a sus destinos y que se van a acumulando en los contenedores refrigerados de los puertos, aunque cada día que pasa es una cuenta atrás que puede llevar a la ruina a bastantes empresas del sector alimentario, lo que afecta sobremanera a las empresas de proximidad, que con impotencia observan como su género se va deteriorando al tiempo que los costes de tasas aumentan sin que se produzcan ingresos algunos y como daño colateral muchas personas trabajadoras acabarán despedidos, provocando así la ruptura de eslabones fundamentales de la cadena.
No quiero ni pensar si fuera una movilización de trabajadores la que estuviera provocando ese daño generalizado a la economía española, seguro que los franquitos se desgañitarían pidiendo la intervención de las fuerzas del orden para asegurar el orden, la militarización del sector que fuere, bramando que se detuvieran a tamaños delincuentes y, por supuesto, la ilegalización de los sindicatos.
Negar que la situación del sector del transporte es dramática sería de necios, los problemas son reales y hay que solucionarlos y el Gobierno ya ha concretado las medidas, que son tangibles y se ha cerrado un acuerdo satisfactorio para las partes en conflicto, ahora bien, si observamos por un momento una parte del discurso coincidente del portavoz de la plataforma con las soflamas de los fascistas de Vox, lo que subyace en el fondo es una batalla por el liderazgo del sector y es aquí donde se produce el punto de inflexión que da paso a la utilización política que se da, además, cuando se mantiene el conflicto como desgaste al Gobierno, aunque se lleve a España por delante.
Por otro lado, el conflicto ofensivo (ilegal) de estos empresarios está sancionado por la Ley de Infracciones del Orden Social y habría que comprobar si las empresas transportistas en huelga están pagando los salarios a sus trabajadores, las prestaciones por incapacidad temporal, si siguen en alta real en la seguridad social y si se están abonando las cotizaciones correspondientes al periodo de cierre. Es temerario decir que se está hundiendo al sector cuando el que afirma eso hunden a sus trabajadores y por efecto expansivo a otros muchos trabajadores de otras empresas y a estas mismas, que en nada han dañado al sector del transporte y que como todos soportan el incremento de los precios por el desmedido y vergonzoso encarecimiento de la luz y el gas por unas multinacionales que alteran y manipulan los precios, de lo que nada dicen los franquitos y, como diría el magistrado Joaquín Bosch, tienen la cartera como patria.
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