La reciente y violenta agresión sufrida por el periodista Ramón Cuesta a manos de Pedro Bayonas, excandidato de Vox a la alcaldía de Blanes en 2019 y actual concejal del partido en Mataró, no es un hecho aislado. Trasciende la mera noticia de una agresión cobarde y se adentra en un terreno que apunta a campaña sistemática de acoso y odio contra quienes ejercen el periodismo libre e incómodo. A esto se suma la identificación de Sheila Muñoz, pareja de Bayonas y vinculada a organizaciones de extrema derecha como FACTA, lo que refuerza la tesis de una estrategia coordinada. La magnitud de los hechos exige que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actúe e investigue si estamos ante una operación orquestada para amedrentar a determinada prensa, y el Gobierno de España tiene la obligación de instar de forma urgente esta investigación.
Como bien señala la jurisprudencia, los casos de agresiones pueden elevarse a la Audiencia Nacional cuando existan indicios de que forman parte de una campaña organizada con fines ideológicos, pudiendo incluso rozar los tipos delictivos de terrorismo o, más claramente, de atentado contra derechos fundamentales. Es el caso y la clave reside en los patrones repetidos de violencia contra periodistas críticos con la extrema derecha.
Los agresores de Cuesta no son simples simpatizantes: Pedro Bayonas fue candidato de Vox en Blanes. Su perfil, descrito como "provocativo e incendiario" por fuentes municipales, incluye prácticas intimidatorias como ir acompañado de guardaespaldas que "amedrentaban a migrantes y a quienes no se consideraban españoles". La conexión con FACTA, organización de ultraderecha a la que se vincula a Muñoz, sugiere una red estructurada que opera más allá de acciones espontáneas y no pueden desvincularse del clima de hostilidad verbal promovido desde altos cargos políticos de Vox: “Algunos periodistas deberían estar en la cárcel por manipular y mentir”, “Hay periodistas que son mercenarios”, "Los periodistas que difunden bulos contra Vox merecen el desprecio de los españoles" (Twitter, 2020). "Hay que plantar cara a los enemigos de España, aunque se escondan detrás de un micrófono" (Santiago Abascal).
Otro ejemplo claro es Sarah Santaolalla
Otro ejemplo claro es Sarah Santaolalla, colaboradora de RTVE, quien fue llamada "prostituta" y "señorita de Sánchez" por Jaime de los Santos, dirigente del PP. Estas descalificaciones, lejos de ser aisladas, forman parte de un repertorio destinado a desacreditar y silenciar a quienes critican a la derecha radical. El paralelismo es evidente: tanto Cuesta como Santaolalla son objetivo por realizar periodismo que desmonta bulos y enfrenta el poder.
La periodista peruana Laura Arroyo, residente en España, fue víctima de xenofobia y amenazas por parte de José Manuel Vallejo Aznar, candidato de Vox al Congreso por Huesca en las elecciones generales de 2023. Vallejo, además de ser guardia civil, quedó registrado en su intento de amedrentar a Arroyo con "quitarte el DNI y deportarte". Este hecho no es menor: Josema no es un simpatizante anónimo, sino un candidato oficial de Vox, lo que refuerza indiciariamente la existencia de una presunta estrategia planificada con origen y base en el discurso del partido.
Vox ha desarrollado una maquinaria de comunicación diseñada para comunidades ideológicamente homogéneas. Según estudios publicados (URV), ese partido utiliza metáforas como "dictadura progre" o "España del pladur" para señalar a sus adversarios como enemigos del pueblo, un discurso que alimenta la hostilidad hacia periodistas críticos. Esta retórica no se queda en línea: se materializa en las agresiones físicas y amenazas antes comentadas.
El Gobierno de España no puede permanecer como mero espectador ante esta escalada de violencia contra la prensa. Debe instar formalmente a la Fiscalía General del Estado a que investigue por si estos hechos, que no son aislados, forman parte de una campaña coordinada con un patrón sistemático con objetivos claros: amedrentar a periodistas que ejercen con rigor su profesión, lo que es esencial para la democracia. La gravedad de los casos de Cuesta, Santaolalla y Arroyo, evidencia la necesidad de una acción coordinada del Estado, dado que, la pauta es clara: se identifica a periodistas que desarticulan mentiras, se les estigmatiza en redes, y seguidamente, se pasa a las amenazas y ofensas muy graves y, a la agresión física.
La legitimación para impulsar esta investigación no recae solo en la víctima directa. Las asociaciones de periodistas tienen la obligación de interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Aunque no sean las víctimas directas, actúan en defensa de un derecho colectivo y fundamental: la libertad de prensa. Su voz es crucial para demostrar que el hecho afecta al conjunto del sector y que su patrón podría extenderse a varias comunidades autónomas, otro de los requisitos que justifican la competencia de la Audiencia Nacional.
No se puede minimizar lo ocurrido. Cuando se golpea, ofende o amenaza a un o una periodista, no se está atacando solo a una persona; se está intentando fracturar un pilar de la democracia. La Fiscalía debe actuar y el Gobierno de España es el primer interesado en impulsar esta investigación y no solo a los agresores materiales, sino seguir el rastro del dinero, las órdenes y la coordinación para descubrir si hay una red detrás. Es hora de ponerle cara no solo a quienes ejecutan la violencia, sino a quienes la planifican y la alimentan desde la sombra. La democracia española no puede permitirse mirar para otro lado.