Como recuerda el profesor Antón Losada, no estamos ante una simple prelación administrativa, sino ante una arquitectura de exclusión: un modelo que divide a la sociedad entre quienes tienen derechos plenos y quienes solo pueden aspirar a ser mano de obra descartable. Eso tiene un nombre: segregación social.
El apartheid sudafricano lo dejó claro: bastaba con nacer negro para ser segregado. Era la “prioridad nacional” sudafricana. La Alemania nazi llevó esa lógica al extremo: la ciudadanía dejó de ser un derecho y pasó a depender del origen o de la opción política. Judíos, gitanos o antifascistas, aunque fueran alemanes, podían terminar en la cámara de gas.
Alejandro Fernández, presidente del PP de Catalunya, lo dijo hace unos meses con total claridad hablando de Vox: la prioridad nacional es la “antesala del fascismo”. Y lo es. La prioridad nacional actúa como una bomba de profundidad en la línea de flotación del sistema democrático.
La democracia solo se sostiene si garantiza la igualdad de derechos, el respeto a la diversidad y la construcción de una comunidad de iguales. Cuando la desigualdad se convierte en sistema y los derechos dejan de ser inherentes a la condición humana para depender de la raza, el origen o el sexo, la democracia desaparece. Eso es, exactamente, la antesala del fascismo.
La versión renovada de "los españoles primero"
La “prioridad nacional” no es más que una versión más oscura de aquel viejo lema de “los españoles primero”. Y es aquí donde ni el PP ni Vox son capaces de explicar qué quieren decir. El diputado de Vox en el Parlament Joan Garriga llegó a definir a los españoles como quienes son “hijos de padre y madre española”. Con ese criterio, ni el propio Felipe VI sería español.
Pero la contradicción es aún mayor dentro de Vox: la madre de su secretario general, Ignacio Garriga, era ecuatoguineana; el padre de Rocío Monasterio era cubano y ella misma nació en Cuba; la madre de Ortega Smith era argentina. Ante el evidente caos —y la evidente ilegalidad— de esa definición, Abascal tuvo que salir a corregirla. Ni siquiera Vox parece tener claras sus propias fronteras.
El PP, por su parte, se enreda entre la “prioridad” y el “arraigo”, un criterio que es de todo menos objetivo. La segregación por origen no resiste ni un minuto de confrontación con la realidad. Los datos son claros: alrededor de un millón de españoles trabajan hoy en el extranjero. ¿Están el PP y Vox reclamando que se les aplique a ellos la misma “prioridad nacional” que exigen aquí? ¿Piden que Alemania, Países Bajos o Francia los expulsen cuanto antes para dejar sitio a “los de allí”?
La “prioridad nacional” suena demasiado al viejo lema de “el trabajo para los de aquí”, un eslogan que nunca aclaró si “aquí” era España, la ciudad o la propia calle. Pero cuando tu hija —como tantas otras— tiene que irse a trabajar fuera, no se te ocurre exigir que el empleo sea solo para los de allí. En Berlín o Ámsterdam, el trabajo debe ser para todos, y también las ayudas a la vivienda. Lo que allí consideramos un derecho, aquí algunos pretenden negárselo a quienes sostienen nuestros campos y nuestros cuidados.
Ese lema se oye menos últimamente, y la razón es evidente: a los del PP y Vox no les apetece cuidar ancianos, ni recoger cebollas o fresas. Prefieren que esos trabajos los hagan otros; los otros; los que, según ellos, no tienen “prioridad nacional”.
Los peores trabajos para gente sin derechos
Su proyecto es claro: que los trabajos más duros, peor pagados y menos cualificados los realice gente sin derechos. Personas que, aunque se dejen la espalda de sol a sol para beneficio de explotadores sin escrúpulos, no puedan acceder a ninguna ayuda, no tengan presencia en la vida pública y desaparezcan de las ciudades para ser visibles solo en el tajo.
Eso es lo que realmente significa su cruel y despreciable “prioridad nacional”: segregación.
Por eso tanto Vox como el PP —desde las instituciones que controlan— están poniendo todas las trabas posibles a la regularización extraordinaria. Lo vemos con el informe de arraigo, un requisito que nunca debió existir y que hoy se utiliza como muro burocrático para impedir que miles de personas accedan a derechos básicos.
No se trata de un debate técnico: es una estrategia. Mantener a miles de personas en la irregularidad garantiza una mano de obra sin protección, barata y vulnerable. Personas que cuidan a nuestros mayores, que recogen nuestras cosechas y que sostienen sectores enteros de la economía mientras se les niega la dignidad más elemental.
Esta propuesta inmoral no surge de la nada. La “preferencia nacional” fue uno de los pilares del discurso de Le Pen padre en Francia desde finales de los años setenta, y hoy forma parte del repertorio de la extrema derecha europea.
También ha sido asumida en Estados Unidos bajo el lema de Donald Trump, “America First”, con consecuencias muy duras para cientos de miles de personas que viven y trabajan allí. La lógica es siempre la misma: dividir, señalar y expulsar.
Detrás de todo ello opera una internacional del odio y la xenofobia, un proyecto global que pretende convertir la desigualdad en norma y la exclusión en identidad política.
La segregación no puede aplicarse abiertamente, pero sí puede instalarse en el imaginario de mucha gente que vive con dificultades y busca respuestas simples. Y ahí es donde la ultraderecha opera con mayor eficacia: no discuten argumentos, porque para ellos no es un debate racional, sino identitario y de poder. Si creen que discriminar y expulsar a inmigrantes les da votos, les da igual cualquier razón o evidencia.
Por eso es imprescindible frenar a la ultraderecha —y a la derecha que la acompaña— aplicando con rigor la legalidad y la Constitución, pero también fortaleciendo el clamor social y la movilización cívica. Porque lo que intentan imponer no es una política pública: es un proyecto de sociedad basado en el odio, el racismo y la segregación.