El próximo martes se votará en el Congreso la convalidación del Real Decreto 8/2026, de “medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”. Como es sabido, este decreto establece prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento y limita la actualización de las rentas.
Se trata de una medida transitoria que protege a la parte más débil del arrendamiento —los inquilinos— mediante prórrogas obligatorias y topes a las subidas. A iniciativa de la Apdha, setenta colectivos y organizaciones de la sociedad gaditana han exigido al PP y a Junts que voten a favor. Lo mismo han hecho las miles de firmas enviadas a los parlamentarios de ambos partidos, impulsadas por los sindicatos de inquilinas e inquilinos.
Sin embargo, es muy posible que el clamor social les deje indiferentes y voten en contra, haciendo decaer el decreto (conviene recordar que quienes lo hayan solicitado mientras estuvo en vigor conservarán su derecho a la prórroga.) Sería, en cualquier caso, una decisión contraria a las necesidades vitales de millones de personas e incluso a la opinión de buena parte de sus propias bases electorales.
Casi al mismo tiempo, el Plan de Vivienda recién aprobado por el Gobierno —limitado en algunos aspectos, pero que introduce cambios de paradigma importantes, como en el caso de las VPO— anuncia ya un boicot por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Mientras tanto, el consenso social es apabullante: en España vivimos una auténtica emergencia habitacional, con consecuencias devastadoras para una parte creciente de la población. Y entre quienes más golpea está la juventud: según Eurostat, España es uno de los países donde más tarde se emancipan los jóvenes, con una edad media que supera los 30 años. No por elección, sino por imposibilidad material.
Esta crisis del derecho a un techo digno tiene raíces profundas. También las tiene la oposición furibunda de las derechas a cualquier avance que favorezca a la gente de a pie. Sus raíces se remontan al franquismo, cuando en 1959 el ministro José Luis Arrese popularizó el lema: “No queremos una España de proletarios, sino de propietarios”. Esa idea, aún vigente, ha convertido el mercado de la vivienda en un cenagal de corrupción y abuso.
De aquellos polvos, estos lodos. España ha fomentado —tanto fiscalmente como desde la política pública— la propiedad privada del suelo y de la vivienda (cerca del 83% de los españoles son propietarios) frente al modelo europeo de alquiler social. En 2020, España se situaba a la cola de la Unión Europea en vivienda pública: un 2,5% del parque total, frente al 30% de Países Bajos, el 24% de Austria o el 21% de Dinamarca. La media europea es del 9%, casi cuatro veces más que la española. Y, según la OCDE, somos uno de los países donde el esfuerzo salarial para pagar un alquiler es más alto, superando con frecuencia el 40% de los ingresos.
Con esta realidad sobre la mesa, cuando diversos colectivos nos conjuramos para defender lo público en la plataforma “Salvemos lo Público”, desde APDHA repetimos a menudo que, mientras en educación o sanidad luchamos para evitar el desmantelamiento de lo público, en vivienda —el problema más importante para la ciudadanía, según todas las encuestas— se trata de conquistar lo público. Porque casi todo está ya en manos privadas: desde el pequeño arrendador hasta los suelos, pasando por los fondos buitre que corroen la vida de la gente humilde.
A ello se suma la incapacidad del PSOE gobernante para articular políticas que impulsen un parque de vivienda pública en alquiler social y asequible. Ha preferido la bonificación fiscal al rentista. Los intereses que dominan el mercado inmobiliario son tan poderosos que rara vez se les planta cara.
Las comunidades de la derecha pueden bloquear medidas
La compleja estructura competencial entre municipios, autonomías y Estado añade más obstáculos. Las comunidades gobernadas por la derecha pueden —y lo hacen— bloquear medidas imprescindibles, como la declaración de zonas tensionadas.
Y aquí aparece otra raíz profunda del problema: nuestra derecha, principalmente PP y Junts (¿para qué citar a Vox?), se sitúa sin matices al servicio de los grandes intereses inmobiliarios y de los fondos de inversión. Su política en vivienda es profundizar cuanto puedan en la liberalización feroz que ya existe, para que la vivienda y el suelo sigan siendo un negocio depredador, aunque eso perjudique a buena parte de la ciudadanía, incluidos muchos de sus propios votantes.
Desde Salvemos lo Público y desde Apdha, esa es nuestra tarea. Sin negar el derecho legítimo a la propiedad de una vivienda, necesitamos un cambio radical de paradigma. La vivienda debe ser considerada un derecho inalienable, un bien imprescindible para una vida digna. Todas las personas deben poder acceder a ella en condiciones asequibles. Y, por tanto, no puede seguir sometida a los intereses de los buitres del negocio inmobiliario.
Por eso defendemos con firmeza que España necesita vivienda pública en alquiler social o asequible. Ese debe ser el norte común de todas las administraciones. Y lo exigimos desde la emergencia devastadora que vivimos y desde la legitimidad de los numerosos y detallados planteamientos que hemos presentado. La ciudadanía ya está movilizada; ahora toca que las instituciones estén a la altura.