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¿Por qué no se hacen más cosas en la provincia? ¿Por las luchas políticas de distintas administraciones? ¿Por la lentitud de la burocracia según el color político?

Lo que empezó siendo un festival cogido con pinzas, con un cambio de ubicación -de Atlanterra a Barbate- a poco más de un mes de su celebración y la falta de permisos de la Junta de Andalucía, finalmente se llevó a cabo, desde el viernes 1 de julio hasta el pasado domingo, con bastante éxito y ausencia de altercados -pese a todas las amenazas que los más agoreros desataron sobre él-.

Muchos de los 30.000 festivaleros que se dieron cita en el evento procedían de fuera de Andalucía e ignoraban que la ubicación de la acampada estaba junto a un parque natural, sorprendiéndose in situ de esta cuestión y desechando la idea de usar el campingaz en la zona de descanso, por el riesgo de incendio. Afortunadamente, la conciencia ecofriendly de la mayoría mitigaron ese riesgo, aunque no dejar de ser peligroso delegar en el buen hacer del factor humano.

Está claro que la premura no es el mejor de los aliados y que este evento no se debió de haber celebrado sin los permisos correspondientes, con el riesgo que conlleva estar junto a un parque natural en pleno verano. Pero teniendo en cuenta que la manada de festivaleros ya estaba en camino, era peor el remedio -prohibirlo-, que la enfermedad -lidiar con 30.000 almas cabreadas-.

Afortunadamente, y teniendo en cuenta la magnitud y las prisas con las que se organizó el festival, no pasó nada y las personas asistentes se quedaron con muy buen sabor de boca. Bien gracias a la actitud buenrollista de los festivaleros, así como a todos los cuerpos que velaron por la seguridad de los allí congregados. Hecho que denota que muchas veces se genera más ruido del justo y necesario -sin duda, mucho menos si el festival fuese en Doñana y los cabezas de cartel Siempre Así y José Manuel Soto-.

Cuestión que me hace cuestionar: ¿Por qué no se hacen más cosas en la provincia? ¿Por las luchas políticas de distintas administraciones? ¿Por la lentitud de la burocracia según el color político? Obviamente, no es conveniente ni debería estar permitido que se imponga la cabezonería de un alcalde para celebrar un acto que puede poner en riesgo un paraje natural, aunque sea para generar empleo en su pueblo -aún con la demanda de trabajo que por desgracia existe en todo Cádiz-. De hecho, la administración competente, en este caso la Junta, tendría que tener más poder fáctico para evitar este tipo de imposiciones, que pueden llegar a generar más perjuicios que beneficios. Pero tampoco es de recibo que la administración se muestre tan tajante con algunos municipios y afloje la cuerda con otros, siendo necesaria la deconstrucción de identidades y la consiguiente reconstrucción de Cádiz provincia. Sobre todo cuando se trata de un evento que -según asegura su promotora- ha dejado en nuestra malherida tierra cerca de diez millones de euros de impacto económico, 1.000 puestos de trabajo directos, 300 indirectos, y más de 30.000 embajadores que pregonarán Barbate, más allá del atún y el chocolate.

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