Cuenta Homero que Troya no cayó por la fuerza de los ejércitos enemigos, sino por un engaño cuidadosamente construido desde dentro. Un enorme caballo de madera, presentado como regalo, fue introducido en la ciudad. Nadie sospechó que en su interior se ocultaba aquello que acabaría destruyéndola.
Este relato quiero que me sirva hoy para explicar, desde mi propia experiencia, cómo a veces las derrotas no llegan con estruendo, sino envueltas en palabras amables, en promesas de modernidad, en discursos de eficiencia. He aprendido, a lo largo de mi vida, que los mayores retrocesos sociales casi nunca se anuncian como tales: entran despacio, sin ruido, cuando bajamos la guardia.
Algo así empieza a suceder en Emasesa, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, una entidad pública que pertenece a los ayuntamientos que la conforman y que presta servicio a más de un millón de personas.
No estamos asistiendo a una privatización abierta, declarada y debatida públicamente. No hay grandes anuncios ni decisiones explícitas. Lo que se está produciendo es algo más peligroso: una privatización silenciosa, disfrazada de modernización, eficiencia o colaboración, que se introduce en el corazón de una empresa pública como un auténtico caballo de Troya.
Durante años, Emasesa fue un referente estatal de buena gestión pública del agua. Lo fue gracias a la cooperación con la sociedad civil, con Aeopas al frente, al funcionamiento real del Observatorio del Agua y a una apuesta decidida por la transparencia, la planificación frente a las sequías, la adaptación al cambio climático y la digitalización al servicio del interés general.
Ese modelo generó confianza, mejoró la eficiencia y demostró que lo público, cuando se gestiona bien, funciona.
Hoy, sin embargo, ese camino se está abandonando.
El origen de la situación
El origen de esta comienza cuando Emasesa se desvincula de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Aeopas, sin que exista constancia pública de un debate previo en el Consejo de Administración, sin informes accesibles y sin una explicación transparente a la ciudadanía.
Desconocemos si esa salida fue objeto de deliberación formal, si se valoraron sus consecuencias técnicas e institucionales o si respondió a una decisión unilateral adoptada sin contraste ni rendición de cuentas. En una empresa pública de esta relevancia, decisiones de este calado no pueden tomarse en silencio.
Después llegó noviembre de 2025. En la sesión del Observatorio del Agua del día 27 se produjo la expulsión de Aeopas del propio órgano de participación. Aquello ya no fue un gesto discreto, sino una señal clara: la primera grieta visible en una muralla que llevaba tiempo debilitándose.
Tras esa decisión llegó el silencio institucional, la ausencia de diálogo y el vaciamiento progresivo de los espacios de participación. Todo empezó, como tantas otras veces en mi vida, con una puerta que se cerró sin hacer ruido. Aquel 27 de noviembre no solo se apartó a una organización: se arrinconó una forma de entender lo público. Leímos una declaración, dijimos lo que había que decir y nos fuimos, no por orgullo, sino por coherencia. Porque hay momentos en los que permanecer sentado es una forma de rendirse.
Después vinieron las cartas sin respuesta, las llamadas que no se devuelven, las miradas que esquivan. Un muro invisible levantado contra quienes pensamos diferente. No era nuevo para mí. He conocido muchas veces ese silencio. Lo he combatido incluso con mi propio cuerpo, para recordar que detrás de cada causa hay personas, dignidad y vida.
La Mesa Social del Agua de Andalucía nació para vigilar
Cuando el poder deja de escuchar, el cuerpo se convierte en palabra. Cuando las instituciones se encierran, la conciencia sale a la calle. Porque cuando se cierran las puertas a la ciudadanía organizada, no se gana eficacia: se pierde democracia. Y cuando las decisiones se trasladan a foros empresariales sin debate público, no se moderniza la gestión: se mercantiliza.
En Andalucía existe, desde 2018, un espacio que intenta evitar esta deriva: la Mesa Social del Agua de Andalucía. No nació para protestar sin rumbo. Nació para vigilar, analizar, proponer y alertar. En ella participan operadores públicos, sindicatos, asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas y entidades sociales, entre ellas la Fundación Savia por el Compromiso y los Valores.
En un contexto social cada vez más marcado por posturas radicalizadas y cerradas al diálogo, la Mesa representa un espacio no sectario, abierto y plural, donde el agua se entiende como una mesa común en torno a la cual se sientan operadores públicos, sindicatos, asociaciones de consumidores, organizaciones ambientales, profesionales y responsables institucionales.
Frente a la confrontación estéril, defiende que solo desde la cooperación entre los diversos actores que componen nuestros municipios es posible construir un modelo de gestión eficaz, socialmente justo y técnicamente solvente, capaz de adaptarse a los grandes retos actuales: el cambio climático, la escasez hídrica y la sostenibilidad de los sistemas de agua urbana.
Desde la Fundación Savia, como parte activa de esta Mesa, venimos defendiendo que el agua no es solo una cuestión de infraestructuras o balances económicos. Es una cuestión de justicia social, cohesión territorial y democracia.
Por eso la Mesa ha elaborado propuestas, informes y posicionamientos públicos. Por eso ha denunciado procesos de privatización encubierta y el deterioro del control público en Emasesa. No por nostalgia, sino por responsabilidad.
Así se construye el caballo de Troya
El ejemplo más claro de esta forma de proceder es el proyecto de la desalobradora, presentado en el foro de Gaesco sin pasar previamente por el Observatorio del Agua. Una inversión de decenas de millones de euros debatida en entornos empresariales antes que en los órganos públicos de participación.
Una infraestructura estratégica para el futuro hídrico del área metropolitana, con implicaciones técnicas, económicas, ambientales y tarifarias de enorme alcance, presentada como una oportunidad de negocio antes que como una decisión de interés general. Exactamente al revés de lo que debería ocurrir en una empresa municipal y metropolitana: primero el análisis público, la evaluación plural y el debate ciudadano; después, si procede, la ejecución.
Así se construye el caballo de Troya. Por fuera, todo sigue siendo público. Por dentro, se instalan lógicas ajenas al interés general: redes cerradas, consultorías permanentes, foros privados, dependencia creciente de grandes multinacionales.
No hace falta vender una empresa para privatizarla. Basta con vaciarla de valores públicos. Esta deriva se manifiesta también en decisiones concretas de enorme impacto económico y estratégico. Un ejemplo especialmente significativo es la adjudicación a una Unión Temporal de Empresas formada por Hidralia y Veolia del contrato para la explotación, mantenimiento y conservación del complejo ambiental de Copero, la EDAR Adriano y diversas estaciones de bombeo.
Se trata de un contrato de varios años y con un importe superior a los 18 millones de euros, que afecta a infraestructuras críticas del sistema. Durante el proceso de licitación, la oferta fue considerada inicialmente como presumiblemente anormal por su baja económica, lo que obligó a requerir aclaraciones y justificaciones adicionales para acreditar su viabilidad.
Aunque finalmente fue aceptada, este episodio pone de manifiesto una forma de proceder basada en criterios crecientemente privatizadores, orientados a favorecer a grandes multinacionales del sector, priorizando la lógica del mercado frente al fortalecimiento de la capacidad técnica propia y del servicio público.
Las decisiones estratégicas se adoptan cada vez más lejos de nuestros territorios
Cuando una parte sustancial del presupuesto se canaliza hacia grandes operadores privados, se debilita progresivamente el conocimiento interno, se pierde soberanía técnica y se consolida una dependencia estructural que limita la autonomía futura del operador público.
No se trata de un hecho aislado, sino de un modelo en el que las decisiones estratégicas se adoptan cada vez más lejos de nuestros territorios, de nuestras cuencas y de nuestras necesidades reales.
La gestión deja entonces de responder prioritariamente a la ciudadanía y empieza a responder a intereses corporativos.
A ello se suma la falta de anticipación ante los efectos del cambio climático. No hablamos de errores puntuales, sino de una forma de gobernar sin escuchar, sin explicar y sin compartir decisiones.
Troya cayó cuando abrió sus puertas al engaño. Emasesa no debe repetir ese error. Aún estamos a tiempo de recuperar el diálogo, reactivar el Observatorio, reforzar la cooperación con la sociedad civil y sacar el caballo antes de que sea tarde. Porque el agua no es solo un recurso. Es un espacio común. Es un lugar de encuentro. Es una escuela de democracia.
Desde hace años, en los movimientos sociales y en los debates internacionales sobre gestión pública del agua, se repite una idea sencilla y profunda: se escribe agua, se lee democracia. No es un eslogan vacío. Allí donde hay participación, transparencia y control social, el servicio funciona mejor. Allí donde se impone la opacidad y la lógica mercantil, la democracia se debilita.
Defender el agua pública es defender la democracia. Porque cuando lo público se vacía desde dentro, no solo pierde una empresa. Pierden los municipios, pierden los barrios, pierden las generaciones futuras. Y lo que era de todos acaba en manos de unos pocos. Se escribe agua. Se lee democracia.