El Gobierno español, empeñado en incumplir todas las leyes internacionales y las nacionales, apoyados en la adormecida situación del pueblo que les vota minoritariamente, aprovecha la nula reacción de las autoridades europeas, reacias a aplicarle el artículo 10. Los catorce puntos del presidente Wilson o el principio de las nacionalidades, claro que estaban hechos en función de la situación concreta de aquel momento. Pero no eran excluyentes, no especificaban una posible caducidad. Cuando se acordó el Derecho de Autodeterminación y se aprobaron los Pactos Internacionales de Derechos Humanos (no confundir con la Declaración Universal de Derechos Humanos), se dejó claro que la libertad de los pueblos es fundamental, como requisito necesario para la plena efectividad de los Derechos Humanos individuales.
Pese a lo que digan los apesebrados medios informativos españoles, el Principio Fundamental del Derecho Internacional Público es inalienable. Y considera inalienable el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. La oposición de los países colonialistas a condenar el colonialismo duró poco tiempo: el que tardaron en darse cuenta de la imposibilidad de detener el movimiento terrestre. La “Carta Magna de la descolonización” llegó con la Resolución 1514 el 14 de diciembre de 1960, que declaraba el derecho a la independencia “a todos los países y pueblos coloniales”, y se decidía que la voluntad de los pueblos se ejercería mediante consulta en Referéndum. Al día siguiente, en la Resolución 1515 el Derecho se ampliaba a “la independencia, libre asociación o integrarse en otro Estado” y abarcaba a todos los pueblos, no se limitaba a los territorios de ultramar que aún eran colonias. La resolución 2615, de 24 de octubre de 1970, ratificó “el Derecho de todos los pueblos”. “Su respeto –sostiene- es condición necesaria para el establecimiento de relaciones amistosas y de cooperación entre estados”.
Como si con falacias se pudiera justificar el incumplimiento de los acuerdos firmados, seguramente por vicio propio adquirido en la práctica, España presenta el peor balance, al robar su cultura a los pueblos más adelantados, particularmente el caso de Andalucía, con lo cual ha buscado dos beneficios: presumir de una cultura ajena, a costa de ocultar la Historia, y convencer a los despojados de esa Historia, que deben su cultura a España, justamente dando la vuelta a la realidad. Para eso han contado con tres factores: una escuela mediatizada por los planes de enseñanza y por la falta de responsabilidad o el sentimiento imperialista de la mayoría del profesorado, el hambre provocada, que obligó a la gente a despreocuparse de la política, cuando tanto cuesta alcanzar un plato de comida, a lo que se añadieron recientemente unos medios de comunicación domesticados, que para eso se llevaron a cabo las concentraciones empresariales, que los han dejado en manos de cuatro grupos.
Un trabajo sostenido y continuado de setecientos años de represión sanguinaria, ofrece sus frutos ahora a los gobiernos totalitarios, todavía anclados en el franquismo. Otro elemento, creación importante del régimen, han sido los opinantes favorables y justificadores de la política gubernamental. Entre todos han hecho creer a la gente en lo peligroso del pensamiento. para tener las manos libres e impedir actitudes y aptitudes. Para descabezar reclamaciones antes de que empiecen. Las decisiones antidemocráticas, autoritarias, totalitarias, tomadas por el Gobierno español, con la aquiescencia o ayuda inestimable de algunos jueces, capaces de interpretar la Constitución muy por encima de sus propios contenidos, ponen en peligro cualquier acción o decisión de organizaciones humanitarias, sociales y políticas, de los partidos que pudieran ser serios y honrados y de los gobiernos de las comunidades autónomas, que así pierden autonomía, en un forzado regreso al sistema centralista.
En definitiva, ni los acuerdos y pactos internacionales sobre la libre determinación de los pueblos se refieren exclusivamente a los colonizados en 1960, ni están derogados. Están aceptados, firmados por España, con lo que, al incumplir alguno de sus artículos está incumpliendo serios compromisos contraídos y la propia Constitución. Aunque el Constitucional se haga el sordo, se incumple la Constitución faltando a esos acuerdos, que forman parte del conjunto de leyes propias, desde el momento en que se rubricaron. La Declaración Universal de Derechos Humanos está recogida en la Constitución española como parte de ella misma. Parece que sólo un milagro salvará a España de la dictadura cada vez menos encubierta y de los abusos de las grandes corporaciones económicas, o una intervención de la ONU, que obligara a cumplir los acuerdos y que Europa forzara a cumplir las leyes comunitarias. Pero para eso, desgraciadamente, hacen falta muertos. Y no unos cuantos. ¿Será eso lo que están esperando?
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