Andalucía no es el patio trasero de nadie. Digo esto, porque observando algunos hechos recientes hay que quien no quiere entender y se empeña en retroceder a tiempos ya superados a partir de la movilización masiva del pueblo andaluz por su autonomía plena, que se concretó primero, el 4 de diciembre de 1977 y, después con el referéndum del 28 de febrero de 1980. De esta forma recuperamos lo que nos quitó a sangre el golpe de estado de 1936. Ambos acontecimientos históricos provocaron que el Estado Español visibilizara que Andalucía tenía identidad propia y de nacionalidad histórica, concepto que se trasladó al artículo 1 del Estatuto de Autonomía, lo que en ningún caso debe entenderse como independentismo, pero sí es compatible con el Estado Federal. Los sindicatos de clase son los que mejor se han adaptado a la forma de organización federal, lo que les ha valido una implantación real territorial y sectorial, además de obtener una representación legal de casi el 80% de los trabajadores en Andalucía, como resultado de las elecciones sindicales. Hay partidos democráticos estatales que participan en coaliciones electorales en Andalucía que no han obtenido ni al 10% en la representación municipal, por hacer una comparación objetiva.
No es tan difícil deducir, a no ser que no se crea en ello, que Andalucía no solo quiere ejercer su autogobierno con plena soberanía en la forma prevista en nuestro Estatuto Andaluz. Es que también los andaluces queremos que los partidos estatales democráticos que dicen defender el modelo federal de Estado lo trasladen al interior de sus organizaciones, que un partido se parezca al modelo de Estado que defiende es lo coherente, lo contrario, una falacia. Esto significa, además, que esas organizaciones deben tener autonomía para decidir en el ámbito territorial andaluz, que en una correcta interpretación relacionada de los artículos 148 y 151 de la Constitución Española equivale, según reiterada doctrina constitucional, que en las decisiones que corresponden únicamente a la Comunidad Autónoma el Estado debe de abstenerse de cualquier intervención en este ámbito, razonamiento jurídico este que, no es que pueda, sino que se debe trasladar al ámbito político interno de las organizaciones políticas estatales democráticas con implantación en Andalucía, sino, ¿de y para qué servirían tener aquellas competencias plenas si las decisiones se toman en Madrid?, incluida la elaboración de listas electorales y las direcciones de esos partidos en Andalucía. Se podría decir, sin riesgo a error, que esa propuesta de modelo federal de Estado es disfrazada.
Se comprueba que cada vez que Andalucía pide la palabra, el centralismo imperante en sede natural de los partidos estatales democráticos con sede central en la ciudad estado, se indispone, quizás porque parten de la premisa que si Andalucía, en su ejercicio legitimo de derecho y político, quiere participar materialmente en las decisiones de reparto de poder político y económico va a suponer un desequilibrio en la rueda y eso sí que no, pues según esas entendederas eso alteraría el tablero español de reparto, donde decide, básicamente, Madrid, Catalunya y Euskadi, lo que nos está llevando a un desequilibrio que puede conllevar una ruptura de confianza en un discurso político que habla mucho de plurinacionalidad pero solo de puertas para afuera, hacia adentro, lo que trasluce, es verticalismo puro y duro, dejando a Andalucía fuera del casillero de reparto, aún su poder político y territorial, y sobre todo su autoridad política de equilibrio e integradora en el conjunto del Estado.
Andalucía tiene voz y poder autónomo para decidir su presente y diseñar su futuro. E insisto, el federalismo es la solución para Andalucía, para España y para los partidos estatales democráticos, que deben incorporar esa forma federal de organización a su interior y funcionamiento orgánico, si no se avanza en esa realidad, a buen seguro, quedarán descolgados. El federalismo no cuestiona la unidad, la equilibra.
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