La política española que tanto se precia de ser democrática y feminista mantiene una cuenta pendiente con las mujeres. Detrás de las normas de paridad, los discursos de igualdad y el marketing feminista, hay una realidad incómoda persistente que casi nadie quiere ver: cuando las mujeres demuestran su valía y ascienden en las estructuras partidistas, el sistema reacciona con hostilidad. No es casualidad; es estrategia, diríase que pura reacción patriarcal.
El caso de Adriana Lastra, ex vicesecretaria general del PSOE, desvela con crudeza un mecanismo perverso que trasciende siglas y colores políticos. Su denuncia pública hace unos días contra Santos Cerdán por una presunta "operación de acoso y derribo", que la llevó enfermar y a dimitir cuando estaba embarazada de cinco meses no es un episodio aislado. Es la punta del iceberg de una cultura política que fomenta, tolera, silencia y perpetúa la hostilidad contra las mujeres que osan destacar en política o denunciar las malas praxis internas. Como señala Nuria Varela en su libro El Síndrome Borgen, cuando las mujeres acceden a cargos de responsabilidad son expulsadas, marginadas o forzadas a abandonar su cargos por falta de recursos, redes de apoyo, por hostilidad del entorno o por pura violencia política, ya sea de carácter material, psicológica, sexual o simbólica.
El sistema que utiliza, acosa y desecha a las políticas de los partidos
Las palabras de Lastra sobre Cerdán resuenan con la emotividad de quien ha vivido en su propias carnes el machismo y la corrupción de su partido: "pensaba que lo que le pasaba a Cerdán era una cuestión de poder, de machismo, de no tolerar que una mujer estuviera por encima de él". Sus declaraciones trascienden lo personal para convertirse en diagnóstico de una patología sistémica frecuente en la política española: se percibe a las mujeres como las rivales más débiles a batir y los partidos lo fomentan y toleran.
El acoso político hacia las mujeres políticas es causalidad. Se trata de una estrategia deliberada que utiliza la intimidación, el hostigamiento, la censura y las campañas de descrédito y derribo para neutralizar liderazgos femeninos que representan una amenaza al orden patriarcal establecido. Cuando una mujer demuestra capacidad, conocimiento, liderazgo, autonomía y adopta una actitud crítica se activan los mecanismos de defensa de un sistema diseñado para instrumentalizar, someter y excluir a las mujeres no sumisas.
Conozco el caso de una mujer dirigente de un partido que, cuando se opuso a realizar cierta gestión irregular, sufrió el acoso y derribo de sus pares, que la sometieron a una campaña de marginación, difamación, censura, linchamiento y expulsión del partido, en un trámite arbitrario que realizó directamente la Ejecutiva, sin sujeción a la normativa y al procedimiento disciplinario interno; sin pruebas, ni oportunidad para defenderse ni impugnar la decisión; sanción que se extendió con los mismos modos y efectos a las pocas mujeres que la apoyaron. De este caso hablaré más adelante pues, al haberse violado la Ley de Partidos y derechos fundamentales, no ha prescrito el plazo para su impugnación y, por su singularidad, está llamado a tener ciertas repercusiones sociales relevantes.
¿Qué dice la ley sobre el acoso en la política?
En España, los partidos políticos están legalmente obligados a prevenir y actuar frente a diversas formas de acoso en su seno, incluyendo las modalidades de acoso sexual, por razón de sexo y el psicológico o mobbing. La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”, establece en su artículo 17 que los partidos deben contar con protocolos internos para prevenir, detectar y combatir el acoso sexual y la violencia machista. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres prohíbe tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, y obliga a las organizaciones a adoptar medidas preventivas. Esta obligación se refuerza con el Real Decreto 247/2024, que aunque dirigido a la Administración General del Estado, ofrece un modelo de protocolo por acoso sexual o por razón de sexo aplicable a partidos políticos.
Asimismo, la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, obliga a disponer de un plan de igualdad interno que incluya medidas específicas para prevenir y detectar la violencia machista, consolidando así un marco normativo integral frente a todas las formas de acoso en el ámbito político. Igualmente, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, considera al acoso en todas sus formas como una vulneración al derecho a no sufrir discriminación, reconociéndose las garantías legales allí previstas.
En cuanto al acoso psicológico o mobbing, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales impone la obligación de prevenir este tipo de riesgos psicosociales, y el Código Penal tipifica esta conducta y contempla sanciones cuando este acoso implique tratos degradantes, amenazas o coacciones. Por su parte, la Constitución Española protege la dignidad, la integridad moral y el derecho a no ser sometido a los tratos inhumanos o degradantes que supone el acoso. Aun así, estas normas escritas suelen ser letra muerta cuando chocan contra las sucias prácticas de acoso y derribo del mundillo de la política.
El acoso político a las mujeres: cuando el poder se siente amenazado
Los casos de acoso y derribo de mujeres políticas como Adriana Lastra, Nevenka Fernández, Lidia Falcón, Lola Sánchez Caldentey, Macarena Olona y otras más, por parte de los partidos políticos Socialista, Popular, Izquierda Unida, Podemos, Vox, siguen un patrón parecido: eliminar a la rival más “débil”.
El de Navenka Fernández marcó un antes y un después cuando se convirtió en la primera mujer en ganar un juicio por acoso sexual y laboral a un político en España. Su valentía abrió una grieta a la infame ley del silencio, pero también reveló el alto precio que deben pagar las mujeres que se atreven a denunciar el abuso de poder en los partidos: soledad, descrédito, hostilidad, revictimización, marginación de la política y la impotencia de ver que los acosadores suelen ser apoyados por la maquinaria del partido e incluso salir fortalecidos por los suyos, lo que disuade a las demás víctimas de la violencia política.
La investigadora Nuria Varela ha documentado en su trabajo cómo numerosas mujeres han sido obligadas a abandonar la política tras enfrentarse a campañas de acoso, derribo y deslegitimación en la política. No es que las mujeres "no aguanten" la política. Es que la política, tal como está estructurada, no aguanta a las mujeres que destacan.
Los partidos políticos han perfeccionado una estrategia perversa: instrumentalizan a las mujeres cuando les conviene y las desechan cuando se vuelven inconvenientes. Las necesitan para cumplir cuotas, hacer marketing feminista, acceder a determinados electorados, defender ciertos discursos y leyes y, en general, para dar apariencia de democracia interna y modernidad; pero cuando estas mujeres desarrollan criterio propio, cuando cuestionan decisiones, cuando simplemente destacan por méritos propios, o tratan de hacer valer una forma distinta de hacer política o denuncian las infracciones legales, se convierten en un problema a eliminar que activa el mecanismo de descarte: campañas de rumores y desprestigio, aislamiento, bloqueo de iniciativas, presiones psicológicas, acoso, censura, cancelación, marginación, expulsión y borrado de su huella en el partido político.
Corrupción y machismo: una alianza patriarcal letal
El caso Lastra revela que el nexo entre acoso político y la corrupción suele ser causal. Y, en no pocas ocasiones, coexiste con el acoso sexual, como sucedió en el caso de Navenka y –a juzgar por las fotografías donde se ve a un Cerdán invadiendo su espacio personal y tocándola con gesto lascivo– es factible que también lo haya sufrido Lastra. Según sus declaraciones, la animadversión de Cerdán estaba relacionada con "el temor a lo que ella pudiera llegar a saber sobre presuntas tramas de corrupción dentro del partido".
En el caso Lastra volvemos a ver cómo las mujeres que ascienden en las estructuras de los partidos a menudo se convierten en testigos incómodos de prácticas irregulares ampliamente toleradas por los hombres, como el abuso de poder, las corruptelas típicas o la cierta inclinación a “consumir” mujeres prostituidas. En estos casos, la persecución a las mujeres políticas responde no sólo al machismo per se, sino también a la necesidad de preservar las redes clientelares, las tramas opacas y la impunidad de quienes forman parte del sistema corrupto. El acoso político de las mujeres se convierte así en un mecanismo para mantener el statu quo de corrupción estructural, evidenciando las graves carencias democráticas de la política androcéntrica.
El derecho de las víctimas a denunciar y exigir justicia y democracia
Las denuncias públicas como la de Navenka Fernández y Adriana Lastra representan actos de valentía que trascienden lo individual para convertirse en un acto político. Al romper el paradigma, estas mujeres obligan a visibilizar dinámicas que permanecían ocultas, generan presión para el cambio e inspiran a otras víctimas para que rompan su propio silencio y demanden verdad, justicia y reparación pues, al margen de las responsabilidades penales, civiles o disciplinarias a que haya lugar, el derecho a la denuncia social de los actos de quienes hacen política no prescribe moralmente.
Cuando hablamos de acoso y derribo a las mujeres políticas no nos referimos sólo a una injusticia individual; va más allá, porque es un síntoma de grave déficit democrático del sistema, que debemos solucionar con más democracia, es decir, con más feminismo, pues ésta es la definición que mejor explicita al movimiento de emancipación femenina: el perfeccionamiento de la democracia.