El feminismo, aunque hoy se intente fragmentar en etiquetas, no puede ser otra cosa que abolicionista si aspira a ser coherente. No es una corriente más dentro de un abanico de opciones: es la consecuencia lógica de analizar la realidad desde su raíz. Porque cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, no hablamos de discursos, sino de condiciones materiales.
Abolir no es prohibir desde la moral ni señalar decisiones individuales. Abolir es desmantelar estructuras. Es entender que determinadas prácticas no existen en el vacío, sino porque hay una desigualdad previa que las hace posibles. La prostitución, la pornografía o los vientres de alquiler no son elecciones aisladas: son instituciones que funcionan porque existe una disponibilidad estructural de las mujeres para el uso masculino.
La pregunta, por tanto, no es si estas prácticas pueden regularse mejor o peor, sino por qué existen. Y la respuesta es incómoda: existen porque hay una desigualdad que sitúa a las mujeres en posiciones de vulnerabilidad. Hablar de “elección” sin atender a ese contexto es, como señala Ana de Miguel en su análisis del neoliberalismo sexual, asumir como libertad lo que muchas veces es adaptación a la desigualdad.
El feminismo no niega la capacidad de decisión de las mujeres, pero sí cuestiona las condiciones en las que esa decisión se produce. No se trata de juzgar a quienes están dentro, sino de analizar el sistema en su conjunto. ¿Quién se beneficia? Una industria potente, sostenida por intermediarios, por demanda masculina y por una normalización cultural que la legitima.
Por eso, la abolición no es solo una propuesta política: es una exigencia de responsabilidad colectiva. Resulta cómodo situarse en el discurso de la regulación, en una aparente neutralidad que evita el conflicto. Pero mientras tanto, las mujeres siguen en contextos de vulnerabilidad muy reales. Defender la regulación sin cuestionar el sistema que produce esa desigualdad es, en el fondo, aceptar su continuidad.
Lo verdaderamente difícil es lo contrario: enfrentarse a un sistema que protege sus propios intereses. Estas industrias no son marginales. Tienen peso económico, respaldo cultural y una enorme capacidad para adaptarse y legitimarse. Cuestionarlas implica incomodar privilegios y asumir un conflicto político real.
Entonces, ¿por qué aún no se ha logrado la abolición? Precisamente por esa fuerza estructural. Porque vivimos en un modelo donde todo tiende a convertirse en mercancía, y el cuerpo de las mujeres no ha quedado al margen. Porque se ha construido un relato que presenta estas prácticas como empoderadoras, invisibilizando las condiciones materiales que las sostienen.
El feminismo también interpela a otros movimientos sociales. No es una cuestión menor ni un simple matiz teórico: regular la desigualdad no la elimina. Aceptar la prostitución como trabajo implica asumir que siempre habrá mujeres disponibles para el acceso masculino, algo incompatible con cualquier proyecto serio de igualdad.
Hablar de abolición es, en última instancia, hablar de una forma de vida. Es preguntarse qué consumimos, qué discursos reproducimos y qué prácticas legitimamos. Es rechazar la idea de que el cuerpo de las mujeres es un recurso disponible y asumir que la igualdad no puede construirse sobre la explotación.
Es también una posición ética. No todo lo que puede hacerse debe hacerse. Y cuando algo existe a costa de la desigualdad estructural, no hay neutralidad posible.
Por eso, cuando se afirma que este es el único feminismo, no se trata de excluir, sino de señalar una coherencia: si el objetivo es la igualdad real, no pueden aceptarse instituciones que dependen de esa desigualdad para existir.
La abolición no es un horizonte inmediato. Requiere leyes, alternativas económicas, cambios culturales y una implicación social amplia. No es una tarea solo de las mujeres: interpela al conjunto de la sociedad.
Y ahí reside, quizás, la cuestión más incómoda: no solo qué feminismo defendemos, sino qué estamos dispuestas —y dispuestos— a cuestionar para hacerlo posible.