Extremadamente preocupante es la ofensiva reaccionaria que políticos revisionistas y medios de comunicación conservadores de nuestra ciudad y de toda España están emprendiendo de manera orquestada contra las leyes democráticas que la sociedad española se ha dado a sí misma. Pudiera parecer exagerada la preocupación, pero en el mismo día en el que en Jerez de la Frontera su concejal del Partido Popular el señor Saldaña ha vertido desafiantes manifestaciones anunciando el regreso del busto del golpista Pemán al Teatro Villamarta de donde fue expulsado por su protagonismo en la criminal depuración y represión de más de 30.000 maestros republicanos, su abogado local el señor De la Calle ha presentado en el Registro municipal alegaciones contra la retirada de distinciones honoríficas a personalidades fascistas y franquistas cómplices de la dictadura genocida. Por ello, y ante la banalización de actitudes antidemocráticas tolerantes con los causantes del genocidio franquista, parece necesario recordar a los señores Saldaña y De la Calle estas verdades históricas, evidentes y palmarias:
1.- En 1936 se produce un acto criminal terrorista armado contra el Gobierno, la Constitución y el Estado de la II República Española, que tiene como propósito restituir el statu quo previo a la República Constitucional.
2.- La revuelta es organizada por oligarcas, banqueros y plutócratas, con el apoyo de gran parte del Ejército español, de la Iglesia católica y de los gobiernos nazi alemán y fascista italiano.
3.- Esos militares traicionan al Estado y con el apoyo de grandes propietarios, intelectuales, falangistas, monárquicos alfonsinos y tradicionalistas carlistas asesinan a 250.000 fieles al Gobierno republicano legal y a decenas de miles de libertarios. Diputados, alcaldes, concejales, políticos, funcionarios, maestros, intelectuales, periodistas, poetas, obreros, sindicalistas, jornaleros, estudiantes y disidentes son exterminados en toda España entre 1936 y 1975.
4.- En Jerez, ningún carlista, falangista o militar es agraviado, atacado o muerto ni antes ni después del golpe. Sin embargo, 600 hombres y mujeres anarquistas o fieles al Gobierno y al Estado constitucional son salvajemente masacrados o perseguidos por militares como Mora Figueroa, López Pinto Berizo, Mínguez Ibáñez o Paz Varela, por guardias civiles como Montero Lozano, por falangistas, milicias derechistas y por requetés carlistas del Tercio de Nuestra Señora de la Merced (en cuyas filas militaba el recientemente fallecido Sixto de la Calle), con el apoyo de destacadísimos bodegueros locales aún hoy pujantes y de literatos mediocres como José María Pemán.
5.- En Jerez y en España, requetés carlistas, militares, fuerzas del des-orden y falangistas traidores al Estado constitucional consiguen la victoria sobre la República y contribuyen a crear un tiránico régimen de terror, consolidando su dominio. También la Iglesia católica jerezana y española participa impulsando a los asesinos, justificándolos, haciendo apología de su ideario, buscando la legitimidad moral de sus delitos y dando cobertura ética a sus crímenes.
6.- Para cometer sus ilegales actos y perpetrar durante 40 años de dictadura este criminal genocidio contra su población civil, el tiránico régimen franquista cuenta también con la necesaria colaboración y criminal complicidad de señalados elementos civiles como Manuel Fraga Iribarne o Jesús Romeo Gorrio.
Hoy, 40 años después de aquellos 40 años, la ciudad de Jerez y los jerezanos que aman la democracia comprenden las razones del orgullo que los amigos, correligionarios en ideas o familiares de los arriba mencionados puedan sentir por su trayectoria como patriarcas de sus linajes, trabajadores de prestigio y destacadas personalidades colaboradoras de un régimen criminal, pero lamentan aún más si cabe que ninguno de los 600 asesinados en Jerez por requetés, falangistas, guardias y militares tuvieran la menor oportunidad de haberse convertido a su vez en queridos padres de familia, profesionales de alto nivel, científicos o deportistas, a causa del criminal exterminio del que fueron víctimas por acción o por complicidad de aquellos a los que el Ayuntamiento de Jerez desposee hoy de indebidos honores otorgados de manera vergonzante.
Por ello, y aunque la legalidad republicana sigue sin ser recuperada y la plutocracia local es aún beneficiaria patrimonial e ideológica de la que protagonizó el criminal golpe de Estado, los jerezanos, su ciudad y sus agentes sociales democráticos reconocen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad según la doctrina en Derechos Humanos de la ONU, atienden al imperativo histórico impuesto por las leyes, española de Memoria Histórica, y andaluza de Memoria Democrática, y aplauden la revocación de distinciones y honores como los primeros pasos legales que nuestro Ayuntamiento ha dado en la consecución de la justicia y la ética universal.
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