El Gobierno acaba de activar el 155 contra Castilla y León. PP y Vox querrían legislar en contra de la Ley nacional española y restringir los derechos que tienen todos los españoles si viven en Castilla y León. El motivo, esta vez, es el aborto. Una copia muy cercana a lo ocurrido en la provincia argentina de Santa Fe, donde su Gobierno ha pedido que se investigue a la ONG Grávida, embarazada en portugués. Esta Grávida, ligada a la Iglesia católica, está acusada de obstaculizar el derecho a interrumpir el embarazo de una niña de 12 años que había sido violada por su propio padre.
Lamentablemente, es necesario, una vez más, situar a la Iglesia católica en la órbita ultraderechista y en el intento de subvertir el orden constitucional. La línea paralela de actuación es identificable también en España. El extremista PP de Castilla y León, que gobierna en coalición con Vox, es el PP de Feijóo que se extrema cada día más y se aprovecha de Vox para disimular en su extremismo.
El problema en España es, en primer lugar, el derecho al aborto con todas las garantías que ofrece la Ley y la protección del Estado, igual que en Argentina. Sin embargo, no debemos olvidar que Castilla y León utiliza la propia organización autonómica del Estado para actuar no solo contra el derecho al aborto, sino contra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de los mismos derechos fundamentales en todo el territorio español.
Grávida se defiende de las acusaciones y será la Justicia la que aclare lo ocurrido. El Gobierno de Santa Fe, justicialista, niega ante las cien organizaciones denunciantes del hecho ningún tipo de relación con Grávida y la ha llevado a los tribunales.
En España es el Gobierno nacional quien requiere oficialmente al Gobierno de Castilla y León, mediante el artículo 155 de la Constitución Española de 1978, a que aclare exactamente cómo quiere legislar en materia de aborto y sobrevuela la posibilidad de que el Gobierno nacional retire a Castilla y León las competencias en materia de Sanidad.
Queda a la vista que el proceso iniciado en Brasil, y culminado con un intento de golpe de Estado contra el Gobierno legítimo y democrático, se extiende como una mancha de aceite. Las derechas del mundo, de Trump al PP, pasando por toda América Latina y extendiéndose por toda Europa, socava los derechos y libertades de todas las personas, buscando las oportunidades que se les presentan, horadando la democracia para destruirla; despreciando al diferente, al que piensa diferente, el hecho mismo de poder ser y pensar de modo diferente. Son unas derechas, ¿y cuáles no?, que no admiten otra forma de vivir que su cristianismo ortodoxo, con el que quieren imponer su moral como la única y verdadera.
Quien piense, sin embargo, que es solo un problema del cristianismo y de las derechas cristianas se equivoca. Este fin de semana hubo una gran manifestación en Tel Aviv contra los planes de reforma del Gobierno de Netanjahu, en coalición con tres partidos de extrema derecha y dos ultraortodoxos. La protesta trata de salvar el país de la deriva antiliberal y antidemocrática que se ha puesto en marcha en Israel.
Detrás de todo este intento de destruir el alma liberal de unas democracias liberales está el deseo de destruir la democracia misma y refundar un caudillismo medieval contrario, sobre todo, hacia las mujeres y hacia toda forma de diferencia. Es el patriarcado el que están defendiendo las derechas en todo el mundo. Un patriarcado que no solo insiste en dotar de privilegios a los varones, sino que excluye y ataca a todos los varones que no actúen según los dictados de ese patriarcado. Podríamos decir que el machirulismo, de rostro amable o menos, es su verdadera ideología.
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