El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado que hará público el 061, el servicio de emergencias sanitarias que lleva años de lucha para que sea considerado un servicio esencial de la sanidad pública y sus trabajadores pasen a formar parte directamente de la estructura del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El PSOE andaluz y los sindicatos mayoritarios decían que era imposible, que los trabajadores díscolos, pertenecientes a centrales sindicales minoritarias, eran unos locos que ponían en peligro la estabilidad laboral de la plantilla. Mejor mal pagados, explotados y tratados con la punta del pie que públicos y con derechos, más o menos, era la consigna de los líderes del ‘no se puede’ como argumento de autoridad para defender siempre el status quo.
La victoria de los trabajadores del 061, que no han contado en ningún momento con el apoyo de CCOO ni UGT, es sobre todo una victoria de la movilización, de la organización desde abajo que nació de un puñado de valientes que, arriesgándose a ser señalados por los jefes, a que les pusieran turnos de castigo e incluso a ser despedidos, creyeron que privatizar un servicio esencial como es la atención telefónica de emergencia es también privatizar el conjunto de la sanidad pública.
Con el triunfo de los trabajadores del 061, que debe ser concretado tras el anuncio del consejero Aguirre, se abre la veda a desprivatizar otros servicios esenciales que fueron privatizados por el PSOE andaluz o que, directamente, nacieron ya privatizados como el también servicio de emergencias 112.
El curriculum privatizador del PSOE andaluz es extenso y vergonzante, impropio de un partido que decía ser de izquierdas, hasta que se le abrieron las costuras y al palacio se le cayeron las cortinas. Entre las privatizaciones con sello del PSOE andaluz se cuentan centros de acogida para mujeres maltratadas, el servicio de información de monumentos insignes como La Alhambra -la joya turística de la corona, el más visitado de España con 9.000 visitas diarias y una máquina de ingresar dinero-, los servicios de limpieza de los quirófanos de los hospitales públicos, la limpieza de institutos, ambulatorios o de las oficinas de la Junta o las pedagogas o educadoras sociales que cuidan de los alumnos con discapacidad para facilitar que tengan un desarrollo educativo en igualdad. El PSOE andaluz ha sido tan sectario en su dogma neoliberal que tiene privatizadas hasta a las señoras que limpian los escaños de los diputados del Parlamento de Andalucía.
Privatizar significa robar a los ciudadanos de manera legal. Implica que, con los recursos públicos, una empresa cuya materia prima es la mano de obra barata con pocos derechos se hace de oro embolsándose el dinero que dejan de cobrar los trabajadores que antes eran contratados directamente por el sector público. No hay innovación, ni inversión, ni investigación, ni riesgo económico. Todo es beneficio. Es el negocio preferido de los empresarios afiliados al capitalismo español de amiguetes que en Andalucía ha patrocinado el PSOE como el PP lo ha hecho en España.
La lista de personas que viven bajo la dictadura de la precariedad y con dificultades para llegar a fin de mes es tan larga que no cabe en un artículo. Un ejército de monitoras escolares que trabajan dos horas al día y cobran poco más de 200 euros al mes, cocineras a cuatro horas que cobran 630 euros por dar de comer a los escolares andaluces, auxiliares de ayuda a domicilio que cobran a menos de 5 euros de la hora por cuidar a ancianos y personas dependientes aunque la Junta paga 13 euros por cada hora, limpiadoras de hospitales públicos o psicólogas y trabajadoras sociales de centros de acogida de víctimas de violencia de género...
Uso el genérico femenino porque casi todas las víctimas de las privatizaciones del PSOE andaluz son mujeres. En Andalucía la masa de la privatización se horneó tan bien, para los intereses de los grandes amigos, que la empresa que gestiona los centros de menores es la misma que la que decide qué padres y madres son aptos para adoptar a los niños internos en esos centros de menores. Hasta el servicio de adopción es privado en la Andalucía que estuvo 37 años gobernada por un partido que decía defender a la gente sencilla a la vez que vendía sus derechos al mejor postor.
La desprivatización del 061 es un espejo para un PSOE andaluz que ha privatizado y recortado con la misma alegría que la derecha y al que se le llenaba la boca de feminismo mientras todas sus privatizaciones han afectado sobre todo a mujeres, especialmente a aquellas más vulnerables, a la vez que financiaba foros de feminismo teórico que no dan de comer a las mujeres, salvo a la élite académica vinculada al partido del puño y la rosa que lo quiere abolir todo menos la pobreza.
Los trabajadores y trabajadoras del 061, que con su lucha han conseguido un mejor servicio para todos los andaluces y también condiciones laborales dignas para la plantilla, debería ser suficiente para sacar los colores a un PSOE andaluz que en lo económico está tan a la derecha como el trifachito, pero también a unos sindicatos mayoritarios que tomaron por locos a los valientes que se atrevieron a comenzar la batalla para que el 061 dejara de enriquecer a las empresas privadas a costa del dinero público de los andaluces y de la explotación de los empleados.
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