La presidenta de Diputación, Irene García, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, han suscrito el convenio para regular el mantenimiento de los equipos de tratamiento familiar que prestan su servicio en los municipios con menos de 20.000 habitantes. Este acuerdo incide en 29 municipios gaditanos y comporta una inversión de 666.666 euros (la Junta asume un 53% de este presupuesto y Diputación el 47 por ciento). Con esta cobertura se garantiza el funcionamiento de tres equipos en los que convergen psicólogos, educadores y trabajadores sociales. La vigencia de este convenio de cooperación comprende del 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017.
Estos profesionales intervienen cuando son requeridos por los Servicios SocialesComunitarios ante la detección de problemas en familias vulnerables que pueden afectar a la integridad de menores. La imposibilidad de afrontar las necesidades básicas de los hijos, situaciones de absentismo escolar, episodios de maltrato, trastornos emocionales, deficiencias en el control sanitario… el campo de acción es muy diverso y problemático. Los equipos profesionales atendieron –de octubre de 2014 a octubre de 2015- a 89 familias y 151 menores de pequeñas poblaciones de la provincia de Cádiz.
Irene García ha valorado la estabilidad que aporta la firma de este acuerdo. Y se congratula por la superación del “acoso”, propiciado por la Ley de racionalización de la administración local propugnada por el Gobierno estatal, y “el reconocimiento de la Junta de Andalucía al papel que desempeñan las entidades locales en el desarrollo de políticas sociales”.
El convenio alcanzado entre Diputación y Junta se aplicará en los siguientes 29 municipios:Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor, Espera, Grazalema, Jimena, Medina, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer, Villaluenga, Villamartín yZahara de la Sierra.
En Diputación también se han suscrito los convenios establecidos entre la Junta de Andalucía y los 15 Ayuntamientos de municipios gaditanos con más de 20.000 habitantes: Cádiz, Jerez, Algeciras, Arcos, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, La Línea, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que la Junta seguirá prestando la atención necesaria a 2.400 menores de la provincia de Cádiz, en situación de riesgo o desprotección, a través del Programa de Tratamiento a Familias.
El acuerdo forma parte de los 90 convenios que suscribirá la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con todos los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes, junto con las ocho Diputaciones Provinciales, por un importe de más de 18 millones de euros. Según ha señalado la consejera, estos convenios, que ya han comenzado a firmarse en las distintas provincias, aportan como novedad la garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local.
Para ejecutar el Programa, la provincia cuenta con un presupuesto de algo más de 4 millones de euros de los que 2,7 son aportados por la Junta y 1,3 por los municipios y la Diputación Provincial, ha informado la consejera.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha subrayado la importancia de este “programa de acción social directa sobre un colectivo tan vulnerable como el de los menores y, por ende, sus familias”, a través del cual se proporciona a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador para facilitar la adquisición de pautas rehabilitadoras.
Asimismo, ha indicado que el programa tiene unos “objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo para evitar la separación de los menores del seno familiar”, siempre velando por el interés del menor. Igualmente, se pretende capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
Se trata de preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores, ha matizado.
Sánchez Rubio ha explicado que el programa se desarrolla a través de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que “atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores por parte de la Administración.
La representante del Gobierno autonómico ha recordado que, recientemente, la Junta ha modificado el sistema de financiación del programa para hacerlo más estable (se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias) y garantizar el respeto a la autonomía local, mediante la aprobación de un nuevo decreto regulador. Igualmente, se ha introducido como novedad que los Equipos de Tratamiento Familiar deberán abordar de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido. Asimismo, colaborarán con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, a través de protocolos de cooperación.
La Junta destina en el periodo de enero de 2016 a abril de 2017 más de 18 millones de euros para financiar la actividad de los 142 Equipos de Tratamiento Familiar (22 en la provincia de Cádiz) que funcionan en la comunidad autónoma, integrados por 546 profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación Social (456 técnicos y 90 coordinadores).
Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) atienden cada año en Andalucía a más de 6.000 familias (más de 1.380 en la provincia de Cádiz) y unos 12.000 menores (unos 2.400 en la provincia gaditana).
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