Agricultores y organizaciones agrarias reprueban el reparto de ayudas de la Política Agraria Común, lo que Cañamero llama "el PER de los ricos".
Juan Marchán, que dejó el colegio a los 12 años para dedicarse al campo, está cansado de contar una y otra vez su historia. Con 48 años, siempre dependiendo de lo que da la tierra, se ha tenido que buscar la vida “en otros sitios” porque “cada vez nos lo están poniendo más difícil”. Le ha remitido cartas a Juan Carlos I y a su hijo Felipe VI; a los ex ministros de Agricultura y de Justicia, Miguel Arias Cañete y Mariano Fernández Bermejo, respectivamente; a la consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Ortiz… Todos se han lavado las manos. En septiembre de 2012, la Casa del Rey le contestaba: “Lamento informarle que esta Casa no puede intervenir en asuntos que son competencia de los Tribunales de Justicia”. Respuesta estándar. Principio del fin de una lucha que este pequeño agricultor de Cuartillos arrastra desde hace prácticamente veinte años. Su abuelo, Miguel Marchán, arrendó en el año 31 del siglo pasado cinco aranzadas de tierra en la finca Cuartillos. Una parcela que desmontó a golpe de azada para transformarla en tierra fértil de cultivo. Hoy basta dar una vuelta por los pagos para comprobar cómo se mantienen yermos.
Su padre, Manuel, renovó el alquiler y ya en 1997 pasó a sus manos, puesto que la ley de arrendamientos históricos permitía que la concesión pasara de padres a hijos. Fue el caso de muchos otros pequeños agricultores de esta barriada rural de Jerez. Una veintena de familias que explotaban en régimen de arrendamiento unas 3.500 aranzadas de tierra de una misma familia. A día de hoy todos ellos, excepto uno que compró la parcela que tenía alquilada, han sido desahuciados. Unos, porque desconocían la “ley de arrendamiento histórico-rústico”; otros, porque cuando se enteraron ya se había pasado el plazo establecido para ejercer la opción de compra. Esto ha supuesto, según Marchán, la destrucción de unos 8.300 empleos más el sustento de las veinte familias. Para mayor injusticia, los desahucios fueron parejos a la “concesión de subvenciones a estos terratenientes por cultivos sin labrar ni mantener”. “Tanto el primer propietario como el actual nunca tuvieron interés en cultivar las tierras, hasta que el día que se concedió el derecho de ‘cobro de subvención por explotación de terreno’, otorgado por la Unión Europea”, agrega.
Desde el inicio de la crisis, 60 de las 200 mayores fortunas españolas han recibido más de 250 millones de euros en subvenciones agrícolas europeas, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la web FarmSubsidy recopilados por eldiario.es. La llamada PAC (Política Agraria Común Europea), que este 2016 cumple tres décadas de implantación en España, es la mayor política de ayudas de la UE. Como publica lamarea.com, estas subvenciones absorben el 40% de todo el presupuesto de la Unión. “De los 7.249 millones de euros que correspondieron a España en 2013, 2.000 millones fueron a parar a Andalucía”. Las 80 familias, entre ellas sólo algunas empresas, que acumulan más tierras cultivables en la comunidad autonómica percibieron solo en 2013 casi 100 millones de euros en concepto de ayudas europeas directas de la PAC. Eso, sólo por ser propietarias de tierras —a lo que hay que sumar otras ayudas de la PAC, a las que muchas de ellas pueden optar—“, según se desprende de un informe elaborado por el Sindicato de Obreros del Campo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ambos presididos por Diego Cañamero.
Unos 200.000 andaluces tienen derecho a subvenciones de la PAC, pero el 80% de las ayudas va a un 20% de terratenientes
Si uno de los líderes del campo español, como es Cañamero —siempre en el centro de la diana—, tilda a estas política procedentes de Europa como el “PER de los ricos”, el secretario general del sindicato COAG en Cádiz, Miguel Pérez, es también muy directo sobre este asunto: “La PAC ha servido sobre todo para cultivar subvenciones”. Y matiza, "es evidente que ese dinero que ha traído la PAC no es despreciable, pero está claro que se podría haber usado y se puede usar mucho mejor, de forma más eficiente, para generar mucha más actividad económica y empleo. No está habiendo una incentivación real para que se produzcan más materia prima y más procesos de transformación". La responsable de relaciones internacionales del SAT, Mari García Bueno, profundiza en lo incomprensible del reparto de estas subvenciones públicas: "Las ayudas han posibilitado que muchas familias con rentas bajas pudieran mantenerse en el campo, pero es verdad que ha significado sobre todo el mantenimiento de los grandes propietarios de terrenos. No se ha puesto freno a que este dinero público fuera de verdad para agricultores activos, gente que se gana la vida trabajando la tierra".
Sin esta figura prioritaria, la UE incluso ha abierto la puerta a que dentro de esta política agraria comunitaria reciban subvenciones campos de golf o terratenientes que "han acabado utilizando el dinero para hacer caminos asfaltados en sus cortijos". La filosofía del sistema de reparto de las ayudas directas de la PAC debía siempre primar la generación de empleo, la transformación de los cultivos agrarios y el respeto al medio ambiente. Todo ello priorizado para que cobrarán más quien menos tienen. "Ha sido al revés. Países como Francia han sido mucho más restrictivos con los fondos para los grandes terratenientes, mientras que aquí hemos visto como no solo han recibido esas ayudas sino que luego los beneficios los han ocultado en sociedad opacas en paraísos fiscales como Panamá", abunda la dirigente sindical del SAT. Al margen de expresar su honda preocupación por cómo afectarán al campo, y especialmente a los pequeños y medianos productores, cuestiones como los tratados comerciales TTIP y CETA que Europa negocia en secreto con EEUU y Canadá, el representante de la COAG insiste en la "mala distribución" de las ayudas públicas. "Nos duele la boca de pedir topes máximos de ayudas. Esto es una vergüenza y una especulación en la que está claro quiénes son los perjudicados". Hace tres años, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron que fuese cada país el que fijase de manera voluntaria si limitaba las ayudas directas de la PAC a los grandes terratenientes. Hicieron caso omiso a la propuesta que defendía Bruselas, que pretendía fijar un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación, según el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020.
"Se está favoreciendo la destrucción de empleo y la estafa al otorgar subvenciones al cultivo cuando no se están cumpliendo los requisitos"
Marchán, el pequeño agricultor de Cuartillos, no entiende cómo en su caso particular "esta familia se está beneficiando de subvenciones por cultivos sin labrar ni mantener, siendo algunas de ellas de regadío con lo que se podría obtener mayor producción". Ha aportado fotos del seguimiento a las tierras, demostrando como se han sembrado cultivos no aptos para ese terreno, o como las malas hierbas se han apoderado del mismo. No ha habido inspecciones. "Ya no es que yo tenga rebeldía contra esta familia —contra la que lleva pleiteando casi dos décadas—, es que te indigna que te quiten la subvención y la cobren otros que no labran. El algodón puede generar trabajo, aquí venía gente de fuera a trabajar el campo... Esas subvenciones que vienen de Europa, y que se quedan solo unos pocos, las pagamos todos. Lo denuncio donde lo tengo que denunciar, en la Junta, pero no me hacen ni caso", lamenta.
En la carta que le remitió al exministro jerezano y actual comisario europeo del Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, el labrador jerezano escribía: "Quisiera hacer mención de casos en los que se han retirado las subvenciones de cultivo a pequeños agricultores que han tenido el terreno limpio y bien cultivado pero su cultivo no ha dado la talla, sin tener en cuenta que era un año de sequía, mientras a una familia que tiene las tierras abandonadas, como se demuestra en las fotografías, y que destruye puestos de trabajo, se le hace la vista gorda". Nunca le llegó a contestar. No es de extrañar, como abunda Mari García Bueno, si se tiene en cuenta que su familia, "empezando por su esposa, Micaela Domecq, ha sido una de las grandes beneficiadas de estas subvenciones multimillonarias".
"No solo han recibido esas ayudas sino que luego los beneficios los han ocultado en sociedad opacas en paraísos fiscales como Panamá"
"Hay subvenciones a fondo perdido por alambradas en los cortijos, para hacer caminos dentro de las fincas, hay fincas con el agua enganchada directamente a las tuberías sin que pase por contadores... Me gustaría que tuviesen en consideración mi caso para hacer ver cómo se está favoreciendo la destrucción de empleo y la estafa al otorgar subvenciones al cultivo cuando no se están cumpliendo los requisitos", argumenta Marchán, que volverá pronto a reunirse con el Defensor del Pueblo Andaluz, que seguirá batallando para recuperar el sustento de su familia. Y agrega: "¿Por qué es tan difícil enterarte de quiénes cobran o no subvenciones? ¿Cómo se verifica que por lo que reciben dinero público es verdad? El rico tiene más y el pobre es más pobre; con todas las criaturas que hay pasando hambre, ellos van a la subvención, da igual si siembran o no siembran".
La anterior Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, reconocía, en declaraciones a lamarea.com, no estar de acuerdo con el sistema de reparto de ayudas, pero "soy demócrata, el modelo fue acordado en el seno de la UE". En mayo pasado, junto al portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, la actual consejera Carmen Ortíz, mantenía que los fondos de la PAC para Andalucía hasta 2020 siguen un modelo "perverso que beneficia a los grandes terratenientes y perjudica a los pequeños agricultores". Unos 200.000 andaluces perciben prestación procedente de la PAC por poseer pequeñas extensiones de cultivos, aunque la realidad es que un 80% de las ayudas que llegan a la comunidad, la que más fondos de estas características recibe en España, va a parar a las cuentas corrientes de un 20% de terratenientes. Mientras tanto, Juan Marchán, como otros miles de pequeños labradores, hunde sus manos en la tierra soñando con volver a hacer fértiles las tierras que desmontó su abuelo hace 85 años.
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