En España ha habido 600.000 ejecuciones hipotecarias. Las víctimas deben aprender a vivir al margen del circuito financiero y sin poder contratar suministros básicos como teléfono, Internet o electricidad.
“No tengo cuenta bancaria, porque me la embargarían. Eso significa que tampoco puedo contratar ningún servicio para el que se exija domiciliación bancaria, como teléfono fijo, Internet, seguros o suministros de electricidad, gas y agua, y las empresas de telefonía móvil tampoco me quieren hacer un contrato. Por supuesto, mi situación me impide alquilar una vivienda, y me cuesta mucho comprar vuelos o alquilar un coche, porque se suelen pedir tarjetas de crédito o débito”. Con estas palabras comienza el testimonio de una persona que figura en la lista negra de morosos bancarios. Accede a hablar con CTXT a cambio de que no desvelemos su nombre, “por si acaso: llevo mucho tiempo alejado de los bancos y no quiero darles pistas para que me encuentren”, explica. Acordamos usar el nombre ficticio de Gustavo en honor a su cantante favorito.
Todo empezó a principios de la década de 2000 en una de las ciudades dormitorio situadas en las inmediaciones de Barcelona. “Conocí a una chica que tenía una hija pequeña, nos enamoramos y decidimos irnos a vivir juntos. Ella estaba en medio de un divorcio muy traumático, luchando por la custodia de la niña. Nos dijeron que tener una casa en propiedad nos daría muchos puntos para conseguir la custodia, así que optamos por comprar”. Era la época de la burbuja inmobiliaria y, como muchos otros, Gustavo y su novia, a quienes les iba bien en sus respectivos trabajos, pensaron que, en el peor de los casos, podrían vender más adelante e incluso ganarían algo de dinero. Ya saben, la vivienda nunca baja de precio, auténtico lema de aquellos años felices de falsa bonanza económica.
Pocos años después, llegaría el crash financiero de 2008, la escalada de las cifras de desempleo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y el repentino y brusco hundimiento de todo lo que se suponía que nunca iba a bajar, empezando por el precio de la vivienda. Miles de familias quedaron entonces atrapadas en una situación imposible, con el paro tirando por los suelos sus planes, una abultada deuda por pagar y como único activo una vivienda que, aun en el improbable caso de que consiguieran vender en un mercado inmobiliario paralizado, había perdido gran parte de su valor, y por tanto no bastaría para saldar la deuda.
Fue exactamente el caso de Gustavo y su pareja: ambos se quedaron sin trabajo mientras el Euribor subía y los plazos de la hipoteca no daban tregua. “Aquello dinamitó nuestra convivencia: el miedo, la angustia por no poder pagar, el peso de la deuda, la preocupación por la niña... La relación se rompió y yo me acabé yendo a vivir a casa de un amigo”, relata Gustavo, quien durante algún tiempo siguió ingresando a su expareja su parte de las mensualidades de la hipoteca. “Hasta que un día fui a preguntar al banco y descubrí que ella llevaba meses sin pagar, por lo que ya se había iniciado un proceso de desahucio. Ahí pensé que había tocado fondo, que lo había perdido todo. No me imaginaba que lo peor estaba por llegar”.
Como muchas otras familias que compraron una vivienda en los años de la burbuja pensando que el peor escenario posible era el desahucio, Gustavo experimentó en sus propias carnes lo que es estar en la lista negra de los bancos. “Al principio, me llamaban a todas horas con tono amenazante para exigirme que pagara y, de la noche a la mañana, me vi excluido de los servicios bancarios, lo cual, en un mundo como el nuestro en el que casi todo pasa por un banco, equivale casi a estar fuera de la sociedad”.
Según explica José María Domínguez, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que asegura atender cada semana a 3 o 4 personas en esta situación, “ser moroso supone acarrear un estigma ante la sociedad: muchas personas se culpabilizan, pierden amigos, quedan desplazadas de la sociedad”. Gustavo explica que la combinación de la ruptura sentimental, la separación de una niña que había sido como una hija para él, la pérdida de su trabajo y el peso de la deuda sobre sus espaldas le provocó una profundísima depresión de la que tardó años en salir. “Me sentía muy culpable, porque la madre de mi expareja, una mujer muy buena y analfabeta, había puesto como aval de nuestra hipoteca su propia casa, y aún me destroza pensar que seguramente la perdió”, se lamenta. “Te sientes como un delincuente con todas las llamadas que te hacen, las cartas del juzgado... Nadie tiene en cuenta el drama que hay detrás: la niña que se ha quedado sin hogar, la abuela que ha perdido la casa, las vidas truncadas por haber tomado una mala decisión en el peor momento”, enfatiza Gustavo, quien cuenta que en varias ocasiones ha estado “muy cerca del suicidio”.
Conviene aclarar qué es eso de la 'lista negra' de los bancos. O mejor dicho, las listas negras, porque hay varias, con nombres como Cirbe, ASNEF y RAI, y fundamentalmente son listas de morosos elaboradas por diferentes empresas y organismos, ninguno de los cuales ha querido responder a las preguntas de CTXT. Santiago Carbó, catedrático de la Bangor University y director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) explica que “son registros que informan de un historial de crédito impagado y los bancos pueden suscribirse a ellos para complementar la información de que disponen”. Se trata, abunda, de “nuestro equivalente al historial crediticio que en otros países se tiene a partir de los credit scores, fundamentales para acceder a la financiación”.
Pero, ¿cuáles son exactamente las consecuencias de figurar en uno de estos registros? Desde la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), aclaran que “el hecho de figurar en una lista de morosos no implica directamente la imposibilidad de contratar servicios o productos con terceras empresas: depende de que se crucen los datos. El problema es que la mayoría de entidades financieras y de prestación de servicios básicos de consumo tiene acceso a estas listas y, si detectan que un futuro cliente está registrado, deniegan el contrato”.
Según cuenta José María Domínguez, “no es que estar en la 'lista negra' te impida tener una cuenta en un banco, sino que, si así lo determina un juez, todas tus cuentas quedan embargadas, por lo que todo el dinero que metas te lo quitan automáticamente. Por eso recomendamos a los afectados que cobran una pensión o alguna prestación que saquen el dinero un minuto después de haber cobrado cada mensualidad, anticipándose al embargo”, explica. Otra de las recomendaciones que Domínguez suele hacer a las personas en esta situación que llaman a la PAH para pedir consejo es que “un familiar o amigo abra una cuenta y autorice al moroso a operar con ella. Hecha la ley, hecha la trampa”, resume.
Estos registros tienen muy fácil la entrada y muy difícil la salida, entre otras cosas porque para que se borren los datos de una persona es imprescindible que la entidad que los inscribió comunique que la deuda está saldada, lo que no siempre sucede con la misma celeridad con la que se reclama la deuda al moroso cuando aún lo es. “Salir de un registro de crédito es complicado y, con frecuencia, requiere un asesoramiento profesional” y por tanto de pago, advierte Santiago Carbó, quien cree que “estos registros no deben ser una losa: si el historial ha cambiado, debería reflejarse y garantizar una salida rápida”. Según explica Adicae, “hacer desaparecer cualquier rastro de ficheros de morosos es una tarea difícil”, ya que, para ello, “es necesario abonar el pago y enviar el resguardo, por burofax principalmente, al gestor del fichero o bien ponerse en contacto con la empresa con la que se han saldado las deudas y que sea ésta la que, igual que dio la orden de inscribir al usuario, dé la orden de ser borrado”.
Santiago Carbó explica que “en otros países hay otro tipo de registros que en España serían muy útiles: los positivos, en los que aparecen los clientes (hogares o empresas) con un historial crediticio bueno o que, tras un bache, han tenido mejor comportamiento crediticio”, señala. Bajo su punto de vista, “es fundamental que se potencien esos registros para mejorar la cantidad y calidad del crédito” en nuestro país.
Sea como sea, la entidad deja claro que “independientemente de que se pague o no la deuda, es posible salir del archivo a los seis años, ya que la Ley de Protección de Datos obliga a que los datos personales sean eliminados del listado transcurrido dicho plazo, si bien eso no deja extinguida la deuda, que permanecerá abierta y podrá ser exigida por otras vías”.
Gustavo, que fue desahuciado hace siete años, no se inmuta cuando le hacemos ver que probablemente ya no esté en la lista de morosos. “Ya me he acostumbrado a vivir así y no quiero saber nada de los bancos”, asegura. Reconoce, en este sentido, que tiene “mucha suerte”, ya que cuenta con el apoyo de su familia. Vive en casa de unos tíos, que además le dan trabajo en su empresa familiar como transportista, cobrando en negro. “Sinceramente, me da lo mismo si estoy o no en la lista negra. He aprendido a vivir con poco y a preocuparme solo por el presente. No necesito una cuenta bancaria para nada”, remacha.
Actualmente, no existen datos sobre las personas que figuran en alguno de los registros de morosos. Santiago Carbó, el director de Estudios Financieros de Funcas, admite que “es muy difícil determinarlo, porque los registros, o bien son anónimos y con poca información pública (como el registro de crédito del Banco de España), o bien son privados”.
Así las cosas, lo más que podemos hacer es aproximarnos a la cifra de familias desahuciadas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el principio de la crisis se han registrado en España en torno a 600.000 ejecuciones hipotecarias, lo cual no significa que esa sea exactamente la cifra de familias expulsadas de sus hogares. Cabe aclarar que la ejecución hipotecaria consiste en un procedimiento a través del cual el banco reclama al propietario, tras encadenar varios meses de impago de las cuotas de la hipoteca, el monto total del crédito hipotecario más intereses, petición que, de no ser atendida por el moroso en un plazo estipulado, desencadena el desahucio o lanzamiento. En este punto, hay que tener en cuenta que la cifra del CGPJ no distingue entre locales comerciales, viviendas habituales y segundas (o terceras, o cuartas, o...) residencias. Asimismo, tampoco especifica qué parte de ellas han acabado efectivamente en desahucios (aunque es de suponer que la mayoría, ya que se antojan raros los casos en que un propietario que no paga las cuotas de la hipoteca pueda hacer frente al montante total de la deuda de una tacada).
Existe una estadística algo más afinada que, aunque tiene el inconveniente de estar algo desfasada, sirve para hacerse una idea de la magnitud del fenómeno. La publicó el Banco de España el año pasado y señala que entre 2012 y junio de 2014 se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias de inmuebles utilizados como residencia habitual. Asimismo, revela que el número de entregas de viviendas habituales en relación con el número de hipotecas fue del 0,6 % en 2014. De ellas, un 45,2 % se resolvió con la dación en pago, una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que el 87,6 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas se originó en 2007 o antes, es decir, con anterioridad al estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión económica.
Los últimos datos disponibles corresponden al primer trimestre de 2016 y han sido publicados por el INE. Entre enero y marzo de este año, se registraron en España 6.118 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, lo que supone un descenso del 31,2 % con respecto al mismo periodo de 2015. Esta cifra, además, refleja una aceleración del ritmo de caída de estos procedimientos, que bajaron un 13 % a lo largo del año pasado. Así, tras años de fuerte crecimiento de los desahucios, los últimos trimestres parecen estar dando un respiro, aunque el número de familias expulsadas de sus casas sigue creciendo. A menor ritmo, pero creciendo. En palabras de Santiago Carbó, “las estadísticas muestran caídas importantes en los desahucios que, en cualquier caso, fueron muy importantes durante la crisis y siguen siéndolo aún”.
En este punto, Santiago Carbó rompe una lanza en favor de la banca en sus tratos con los morosos, y señala que no es tan fácil acabar desahuciado. “El proceso de negociación es mucho más amplio de lo que muchos creen: a los bancos no les interesa emprender un litigio que se encamine hacia el desahucio, así que negocian y tratan de ofrecer posibilidades mientras sea posible”. Las posibilidades que se ofrece a los morosos son variadas, según Carbó. “La dación en pago es muchas veces una alternativa; un alquiler social o reducido hasta recomponer las finanzas familiares es otra; abrir periodos de carencia también es bastante común, y lo más extendido es renegociar la hipoteca ampliando plazos o reduciendo tipos”, asegura. “En todo caso, el último recurso es el proceso judicial”, señala. Además, asegura, “la ley también ha cambiado para favorecer la negociación, y hay situaciones especialmente penosas en las que se necesita algo más que echar mano de la ley”, buscando “un equilibrio entre justicia social y cumplimiento de contratos”.
Una opinión que Adicae no comparte. Para la entidad, “el problema de la vivienda en España no ha logrado resolverse con las medidas descafeinadas de De Guindos, como la Ley de Segunda Oportunidad o una herramienta voluntarista como el Código de Buenas Prácticas”. Además, denuncia “una cláusula presente en todas las hipotecas y que es la que precipita la ejecución hipotecaria y a su vez el desahucio: se trata de la cláusula de vencimiento anticipado, por la cual el banco puede dar por concluido el contrato en caso de tres impagos” e iniciar el proceso de lanzamiento. Según indica la entidad, “el voto particular emitido por el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña en una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a anular esta cláusula y acabar con los desahucios en España. El Supremo dijo que esa cláusula es nula pero no anulaba sus efectos, contradiciendo la normativa europea”, denuncia.
Por otro lado, según datos del Banco de España, la morosidad hipotecaria viene descendiendo paulatinamente desde 2014, cuando el saldo de hipotecas dudosas de cobro destinadas a la compra de vivienda bajó del 6,2% al 5,85% en relación al total de hipotecas. Al cierre de 2015, el volumen total de los créditos hipotecarios morosos se situó en 25.557 millones de euros, un 4,8% del total de hipotecas, regresando a niveles de marzo de 2013. Solo en el último trimestre de 2015, el saldo deudor experimentó una caída interanual del 21,7%. Sin embargo, quedan muy lejos las tasas previas a la crisis: en octubre de 2007, justo en los albores de la recesión, la morosidad de las familias no llegaba ni al 1% y los 4.000 millones, y eso que casi se había duplicado con respecto a un año antes.
Un usuario que vive de alquiler tiene contratado el teléfono con una empresa de telefonía. Al cambiar de casa, llama a la compañía para dar de baja el servicio, pero la empresa no tramita bien la baja y genera una deuda sin que el consumidor lo sepa. Años después, cuando el consumidor decide contratar una hipoteca, el banco se la deniega porque ha encontrado una deuda pendiente. Según Adicae, este es “un ejemplo real y cotidiano” y una de las principales puertas de entrada a los registros de morosos. La entidad indica que “en la gran mayoría de los casos se entra en estas listas por impago de servicios de suministro (telefonía, energía…)”, además de por impago hipotecario. “Los cambios de operadores, permanencias no cumplidas o facturación excesiva en servicios tan básicos como la luz, el agua o la telefonía centran la mayoría de los casos inscritos en este tipo de bancos de datos”, asegura la entidad.
Una vez que se está en la lista, el usuario verá rechazadas sus solicitudes de crédito o contratación en la mayor parte de las entidades financieras y de prestación de servicios básicos, “a pesar de que a veces las deudas son injustificadas o incluso se han generado por culpa de la empresa que inscribió al usuario en una lista de morosos”. Y conseguir salir de la lista es “especialmente difícil si no se está de acuerdo con la deuda”, señala Adicae. “En el caso de que un consumidor no pague la deuda que le exigen porque cree que no le corresponde debe presentar una reclamación ante la empresa alegando que no está de acuerdo y reclamar ante una asociación de consumidores o una oficina de consumo”, y esperar.
Por otro lado, Adicae alerta de que “cada vez más consumidores recurren a créditos rápidos, una fuente habitual de entrada en las listas de morosos y de empresas de recobro, a las que las entidades de crédito revenden las deudas”. Las empresas que conceden créditos rápidos y microcréditos “imponen intereses de usura” que, en caso de impago, pueden generar una deuda mucho más alta que la cantidad del crédito, hasta el punto de “pedir 300 euros para cubrir una necesidad y acabar con una deuda de más de 3.000 euros que puede llevar a perder bienes como la casa”, asegura la entidad.
Estas empresas de créditos rápidos, que no están supervisadas por el Banco de España, “persiguen al consumidor o directamente revenden la deuda a una empresa de recobros que sigue acosando al usuario”, denuncia Adicae. En este punto, la entidad advierte de que “en España no existe legislación que proteja a los consumidores de los abusos de las empresas de recobro”, y tampoco han ayudado, en este sentido, decisiones judiciales como una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, “que da luz verde a las empresas para que utilicen paquetes de datos personales sin el consentimiento de los particulares, avalando el tratamiento libre de ficheros de morosos”, señala.
Finalmente, la entidad incide en “la paradoja de que muchas de las empresas que ofrecen créditos rápidos utilizan como reclamos publicitarios eslóganes donde afirman no tener en cuenta los registros de morosos, para así atraer a las personas a las que la banca ha denegado un crédito al consumo tras comprobar que está incluido en una lista de morosos”.
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