Un viaje desde el empobrecimiento y robo a los ciudadanos hasta la ocupación y destrozo de las principales instituciones.
Los asuntos complejos se entienden por pasos, porque crecen paso a paso. Las agresiones avanzan a pasos, al principio temerosos, de tentativa, y después ya a zancadas. La destrucción, también.
En el caso de la destrucción institucional que está llevando a cabo —y con notable éxito— el Partido Popular, recorrer algunos pasos evidentes deslía la sensación general de que todo aquello que parecía sólido se está desmoronando de forma espontánea, fruto de una “crisis” que llegó como aparece una seta en la esquina húmeda de la casa sucia. Nada más lejos de la realidad.
A grandes trazos —no tenemos todo un libro para extendernos—, los pasos son los siguientes:
Paso 1: Empobrecimiento de la población.
Paso 2: Control de los ciudadanos: Ley Mordaza.
Paso 3: Control del Aparato Judicial.
Paso 4: Abuso de Interior y descrédito de los investigadores.
Vamos allá.
Dado que el paso está más que sabido por cualquiera que acceda a este texto, baste recordar que el empobrecimiento de la población —en este caso española—, también llamado “crisis”, se puede reducir a tres patas básicas:
Pata A: Corrupción. El robo perpetrado por partidos políticos y sus empresas afines desde el Gobierno central, los autonómicos y los locales, o sea la corrupción, supone a los españoles 90.000 millones de euros al año, según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). De los atropellos de corrupción más sonados en la última época, todos perpetrados por el PP, cabe destacar Gürtel, Púnica, Lezo, Bárcenas, Noos, Aquamed, Taula, Guateque, Imelsa, Naseiro, Palma Arena o Auditorio, por no extendernos en varias decenas más. En la inmensa mayoría de ellos son partícipes necesarias las grandes empresas españolas.
El dinero que se han repartido entre unas y otros sale de los fondos públicos que estaban destinados a sectores como Educación, Sanidad o Asuntos sociales, precisamente los que han sufrido los mayores recortes con la “crisis”. La pobreza es hija directa de la corrupción y algunos ayuntamientos ya están demostrando que eliminar los procedimientos corruptos elimina también la deuda.
Para ampliar el número de casos de corrupción, y mucho.
Pata B: Fiscalidad. El pasado 9 de junio, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, en un mazazo considerable a Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Constitucional afirmaba que dicha amnistía supone una perversión que afecta “a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”. Sin embargo, más allá del varapalo, dicha sentencia no tendrá ningún efecto práctico.
La fiscalidad llevada a cabo por el PP, que castiga a las rentas del trabajo y premia las rentas del capital, empobrece y exprime a los trabajadores en lo que podríamos llamar Efecto sheriff de Nottingham, en honor del malo de Robin Hood y sus recaudaciones a los pobres, o sea a la mayoría de los ciudadanos españoles a día de hoy.
Pata C: Privatización de dinero público. El pasado viernes 16 de junio, el Banco de España hizo público un informe en el que admitía que el Estado —o sea, los ciudadanos— no va a poder recuperar al menos 60.000 de los 76.410 millones de euros en ayudas concedidas para “salvar” al sistema financiero. Los especialistas en la materia ya han denunciado que serán más.
Todo el dinero prestado al “sistema financiero” español procedía de fondos públicos —o sea, los ciudadanos—, de modo que la actuación podría describirse como una privatización de los caudales de los ciudadanos. Escribir en sencillo, como el sheriff de Nottingham, también ayuda a entender. Y eso sin necesidad de remontarnos a otras privatizaciones, ampliamente tratadas en CTXT para las que también habría que hacer mención del PSOE.
Cierto que, para completar este resumen del empobrecimiento de los ciudadanos, deberíamos detenernos también en las puertas giratorias y las conexiones de los gestores de lo público con empresas implicadas en el saqueo.
La llamada Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, supone —y así ha sido denunciado por varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional— convertir en delito algunas libertades fundamentales, como las de expresión, información o manifestación. Sin embargo, lo más perverso de dicha legislación se encuentra en las multas.
El castigo al ejercicio de dichas libertades se aplica directamente por la policía, sin pasar por los juzgados, y depende del arbitrio de los agentes. Las multas que conlleva incluyen, entre otras: de 30.000 a 600.000 euros por manifestarse junto al Congreso o al Senado, por fotografiar policías —con lo que ello supone de merma de pruebas en los casos de abusos— o por el ejercicio de resistencia pacífica y “sentadas”. Con multas de entre 600 y 30.000 euros se castiga lo que un agente considere “desobediencia o resistencia a la autoridad”, perturbación de la paz ciudadana y desórdenes en la calle.
El hecho de usar la multa económica como castigo, en lugar de la denuncia ante un juez, requiere haber empobrecido antes a la población (Paso 1), y por lo tanto usar su falta de medios como elemento disuasorio en caso de plantearse llevar a cabo una protesta.
Paralelamente a la desactivación de la capacidad de protesta de los ciudadanos, el PP procedía a la ocupación de todas las instancias judiciales que sigue su curso a día de hoy. Si el empobrecimiento de los ciudadanos se silencia en la calle, el castigo de la corrupción que la ha provocado se frena en los tribunales.
El pasado miércoles 24 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, nombró a Concepción Espejel presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Dicha sala es la encargada de juzgar las grandes causas de corrupción y delincuencia económica, y no son pocas las abiertas en este momento contra el PP: Gürtel, Púnica, Bárcenas, Lezo…
Da la casualidad de que Espejel —apodada Cospejel por su íntima relación con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien afirmó de ella “para todos es Concha y lo va a ser siempre”— fue recusada por sus propios compañeros del Tribunal que enjuiciaba los Papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, una de las mayores causas de corrupción de los populares y en la que tendrá que declarar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en calidad de testigo. No ha servido de nada, quizás todo lo contrario en la explicación que nos ocupa, que Espejel haya sido apartada de hasta siete causas por su vinculación con el PP.
Espejel recibió 11 votos. Diez por parte de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Y uno, el más significativo, de Carlos Lesmes. Lesmes fue dos veces director general —de Objeción de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia— en gobiernos de José María Aznar. Por si el dato fuera pequeño, Lesmes ha participado en cerca de una veintena de cursos organizados por FAES, lo que lo convierte no en un técnico, sino en un ideólogo orgánico del Partido Popular. En este momento es presidente del Tribunal Supremo y presidente del CGPJ, el órgano que gobierna a los jueces
Con ellos dos, Espejel y Lesmes, el PP se asegura la Audiencia Nacional, el Supremo y el CGPJ. Pero es que, además, al frente de la Sala II del Supremo tiene colocado a otro fiel servidor, quizás el más ferviente, y mano derecha del ministro Rafael Catalá, Manuel Marchena. En sus manos están los juicios a los aforados.
Y si alguien alberga la ilusión de que, frente a los magistrados, actúe la Fiscalía General del Estado, abandone toda esperanza. En los siete meses que José Manuel Maza lleva como Fiscal General del Estado, ha nombrado a Manuel Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción, cargo en el que no duró tres meses al descubrirse que tenía una sociedad en un paraíso fiscal. Dimitió. Lejos de rechazarlo, Maza declaró el pasado viernes 16 de junio que volvería a nombrar a Moix. En esos mismos primeros siete meses de Maza, ha tenido que ver cómo eran reprobados él mismo, su protegido Moix y el mismísimo ministro de Justicia Catalá.
La cuarta y última pata del Poder Judicial controlada por el PP es el Tribunal Constitucional, donde solo 4 de los 12 vocales son considerados “progresistas”. Lo preside el ultraconservador Juan José López Rivas.
¿Queda algo más por ocupar? Nada.
Queda solamente la queja constante de las asociaciones de jueces por las injerencias políticas en su labor y la falta de medios con la que trabajan. Efectivamente, un magistrado comentaba hace unos días, tras el nombramiento de Espejel, que, si Justicia contara con el sistema informático con el que se ha dotado al Ministerio de Hacienda, la mitad de las causas pendientes estarían resueltas.
Una vez empobrecidos y controlados los ciudadanos, ocupados y sometidos la Audiencia Nacional, el Supremo, el Constitucional y la Fiscalía, la única arma que parece quedar son las investigaciones que Policía y Guardia Civil van destapando, y sobre las que es más difícil ejercer control o censura. Por lo que solo cabe utilizar contra ellos el descrédito y el sometimiento del Ministerio de Interior, ya bastante tocado, para beneficio del Partido.
En un informe fechado el 1 de marzo de 2017 y dado a conocer el pasado 16 de mayo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) consideraba la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en “supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”. La acusación no era baladí, ya que, tras el encarcelamiento del expresidente Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes aparecía como el mirlo blanco del PP, la “incorrupta”. La presunta corrupción venía de un contrato adjudicado en la Asamblea de Madrid al empresario afín al PP y expresidente de la Patronal madrileña Arturo Fernández.
No tardó en llegar la respuesta de Cifuentes, y el mismo 16 de mayo, en cuanto se conoció la noticia, respondió en un tuit: “El informe que se ha circulado hoy a los medios es un juicio de valor sin fundamento jurídico”. Inmediatamente después, publicaba otro tuit en el que afirmaba: “Lo único que tengo es mi honor, y no voy a permitir que nadie lo manche. Quien lo intente, me tendrá enfrente. En política no vale todo".
La respuesta de Cifuentes no era inocente e intentaba matar dos pájaros de un tiro. El primero, desautorizar a la UCO como central de investigación, y acusarla de emitir “juicios de valor”. El segundo iba implícito en aquel “En política no vale todo”. Venía a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid que la denuncia de la Guardia Civil procedía de un ataque político, con lo que eso implicaba para el PP —“fuego amigo”, lo llaman— y para los investigadores.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) respondió a Cifuentes que si se investigaban casos de corrupción era gracias a la UCO, y que su trabajo “no es partidista ni actúa a conveniencia”. El malestar en la Policía Nacional y la Guardia Civil ha crecido por la forma en la que se ha puesto en duda su relación con el Partido Popular, casi nunca para bien. Tanto la UCO como la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se han quejado en los últimos tiempos de la injerencia política y judicial en sus investigaciones.
Justo un mes después del episodio de Cifuentes, se dio a conocer una nueva información sobre la presión contra las llamadas Fuerzas de Seguridad desde una institución gobernada por el PP. Si en aquel momento fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, este último episodio lo protagoniza el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
En las grabaciones del Caso Lezo destapadas por El Confidencial, aparecía una conversación entre el expresidente Ignacio González y el empresario Enrique Cerezo.
El diálogo se mantuvo el pasado 18 de noviembre de 2016. En él, González le decía a Cerezo acerca de una conversación mantenida con el recién nombrado ministro de Interior: “Vamos, entre tú y yo, yo me llevo muy bien con él. Yo le llamé a felicitarle y me llamó él y me dijo, ‘oye, yo me tomo un café que quiero hablar contigo' y no sé qué. Yo digo, 'bueno, cuando tengas todo organizao, llámame. Yo solo te doy un consejo, tío. Limpia como Paquirri, doctor, corte todo lo que haga falta, hasta dentro, macho, porque como no lo hagas, te comen en el minuto uno’. Y ha cambiado a todo Dios, y ya le están dando leches, macho, es una cosa... puff”. Se refería a hacer una “limpieza” en los cuerpos policiales. Y añade: “Todavía les queda la gente de los juzgados, que es quien filtra los asuntos”.
A la conversación mantenida entre el ministro Zoido e Ignacio González, habría que añadir la reunión del hermano y socio de este último, Pablo González, con el secretario de Estado de Seguridad y número dos en el Ministerio, José Antonio Nieto. Ambos contactos se producen a las puertas de la Operación Lezo.
Cierto es que el tufo que desprende el Ministerio de Interior no llega con Juan Ignacio Zoido, y que los tejemanejes de su predecesor, Jorge Fernández Díaz con su policía política y su Operación Cataluña, dejaron en estado de descomposición una institución ya de por sí con tendencia a descomponerse. Sin embargo, las recientes conexiones entre Interior y Justicia para armar una barrera protectora en torno a las innumerables corrupciones del PP suponen ya no pasos, sino zancadas hacia la destrucción de las instituciones.
Baste para ilustrar dicha descomposición, el lapsus —o no…— de Zoido al afirmar en el Congreso, sobre la reunión de su número dos con González, que no había nada que ocultar: “¿O usted se cree que somos tan tontos de pretender, si queremos destruir, si queremos hacer alguna de las barbaridades (…) lo vamos a hacer a las nueve y media con un registro en su despacho o procuraríamos en todo caso ocultarnos como hacíamos antes?”.
Tal y como arrancaba esta información, la destrucción se lleva a cabo paso a paso, minuciosamente, y se acaba a zancadas.
El pasado lunes 12 de junio, en declaraciones al programa Las Mañanas de Cuatro, el juez Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, afirmó: “Lo que me preocupa es que haya profecías que se cumplan”. Se refería al expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy encarcelado por el Caso Lezo, Ignacio González, que ya presuponía el nombramiento de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción con seis meses de antelación, cuando ni siquiera se sabía que Rajoy sería elegido presidente del Gobierno. Eso sí que podría considerarse la madre de todas las zancadas.
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