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El debate es tan excesivo que bien podría acabar contra sus promotores.

¿Se acuerdan de la primera legislatura de Zapatero? Una ETA terminal, que estuvo más de tres años sin asesinar a nadie, se convirtió en protagonista de la vida política. El propósito del Gobierno del PSOE de entablar negociaciones con la organización terrorista despertó todas las alarmas de los guardianes de la moral. Fue entonces cuando Mariano Rajoy acusó al presidente, en un debate del estado de la nación, de “traicionar a los muertos” y cuando Ángel Acebes, el que fuera ministro de Interior durante los días de negación y mentiras posteriores al atentado del 11-M, declaró que Zapatero había “entregado las llaves del Estado de derecho a los terroristas”. Estas acusaciones tan gruesas estaban a la orden del día. Por poner otro ejemplo, se armó un escándalo fenomenal porque Patxi López se reuniera con Arnaldo Otegi en los primeros meses del proceso de paz, hasta el punto de que María San Gil afirmó que la foto del encuentro le recordaba a “la de Hitler con Franco”.

La referencia de San Gil a Franco no deja de tener su interés, pues utilizaba al dictador como espantajo y lo hacía una política que pertenecía a un partido nacido directamente de las entrañas del franquismo: en su primera advocación, la de Alianza Popular, el partido fue una coalición de franquistas que apostaron por jugar el juego democrático para no quedar marginados en el nuevo tiempo político. Fueron siete notables del régimen (seis de ellos ex ministros de Franco) quienes, bajo la dirección del más ambicioso de los suyos, Manuel Fraga, fundaron Alianza Popular en el otoño de 1976. El estigma franquista pesó como una losa sobre ellos: fueron un partido menor en las elecciones de 1977 y 1979 y, tras el hundimiento de UCD, quedaron como segundo partido, pero a gran distancia del PSOE de Felipe González, en las elecciones de 1982, 1986 y 1989.

En enero de 1989, AP decidió cambiar de nombre, refundándose como Partido Popular, y en septiembre de ese año el partido puso al frente a José María Aznar. Este se marcó el objetivo de superar el pecado original de la cuna franquista de su partido. Y en buena medida lo consiguió, capitalizando la lucha antiterrorista como una cruzada moral, en la que su partido defendía los derechos fundamentales de los ciudadanos y el Estado de derecho frente al desafío “totalitario” o “fascista” que procedía de ETA. El PSOE había luchado contra el terrorismo, sin duda, pero había tenido siempre la tentación de negociar y transigir con los etarras, pues en el fondo, según este relato, los socialistas no tenían verdaderas convicciones democráticas y no acababan de superar una cierta complicidad con ETA, una organización que se declaraba de izquierdas y que había luchado contra la dictadura.

Frente a las supuestas ambigüedades y complejos de los socialistas, el PP, con el apoyo de los intelectuales que encabezaron la resistencia civil contra ETA en el País Vasco, se erigió en paladín de los valores democráticos y del Estado de derecho. De ahí que, años después, una política del PP como María San Gil pudiera llegar a establecer una analogía envenenada entre los políticos socialistas y el mismísimo Franco.

Dicho en pocas palabras, el PP blanqueó sus orígenes franquistas moralizando el conflicto terrorista. A ello le ayudó en gran medida el PNV de Xabier Arzalluz, que en 1998 apoyó una política frentista de nacionalistas vascos contra nacionalistas españoles cristalizada en el Pacto de Estella/Lizarra de 1998. Fue entonces cuando se establecieron los esquemas que tanto juego darían en la época de Zapatero. Por un lado, el PP, y luego también UPyD, guardianes de las esencias, encarnación de los valores democráticos y siempre al lado de las víctimas del terrorismo. Por otro, el PSOE, que oscilaba entre el seguidismo del PP y la pérfida negociación con los terroristas. Y frente a los dos grandes partidos, el PNV, cómplice del terror.

Al final, sin embargo, se acabó con el terrorismo. El PSOE de Zapatero logró superar la presión del PP y de UPyD, lanzando un proceso de paz tímido, precario y lleno de insuficiencias, pero que finalmente consiguió su propósito. Los moralizadores se quedaron desconcertados y aunque su máximo anhelo era la desaparición de ETA, nunca celebraron la victoria, puesto que no se había conseguido mediante los métodos que ellos defendían.

Echando la vista atrás, es evidente la sobreactuación, el oportunismo político y el exhibicionismo moral con que se abordó el asunto de ETA. Y mirando el presente, no deja de sorprender que todos aquellos excesos se repitan ahora con tanta exactitud a propósito de Venezuela.

El PP y Ciudadanos son los nuevos valedores de la certeza moral frente al chavismo declinante. Defienden a los opositores venezolanos encarcelados con la misma satisfacción íntima y la misma sensación de superioridad moral con la que enarbolaban la bandera de las víctimas del terrorismo.  En el lado opuesto, aparece Podemos desempeñando idéntico papel al del PNV en su momento: es el partido cómplice, incapaz de romper sus lazos umbilicales con el régimen bolivariano, que por puro sectarismo ideológico se niega a repudiar sus orígenes chavistas. Y en medio queda el PSOE, en una posición ambigua: por un lado, la dirección actual de Pedro Sánchez en seguidismo del PP, por otro Zapatero actuando como mediador entre régimen y oposición, con el firme propósito de evitar que el conflicto político degenere en un enfrentamiento civil.

Es como si la política española, huérfana de ETA, hubiera encontrado la forma de reproducir unos enfrentamientos ideológicos artificiales, tan exagerados que no sirven más que para que los partidos marquen sus respectivos territorios. Las acusaciones son tan gruesas e impostadas que Podemos parece sentirse eximido de proporcionar su explicación sobre las causas que han provocado la decadencia irreversible del experimento chavista en un país que no sabe escapar de una polarización política máxima.

En fin, una vez más, un debate público dominado por las gesticulaciones, algunas especialmente ridículas, como la del viaje de Albert Rivera a Venezuela, mientras Podemos se refugia en el silencio con el pretexto de que todo esto es una de esas operaciones político-mediáticas de deslegitimación.

El debate sobre Venezuela es tan excesivo que bien podría acabar contra sus promotores, como ya pasó en el País Vasco cuando el PNV ganó cómodamente las elecciones en 2001 tras una campaña durísima en la que las certezas morales fueron usadas como armas arrojadizas. 


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