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El profesor Francisco Rubio Llorente estima que la proposición de ley de reforma presentada el 1 de septiembre por el PP supone una amenaza para el Tribunal.

El profesor Francisco Rubio Llorente, uno de los más respetados constitucionalistas de España, miembro durante doce años del Tribunal Constitucional, corredactor de su Ley Orgánica y ex presidente del Consejo de Estado, estima que la proposición de ley de reforma presentada el 1 de septiembre por el Partido Popular supone una amenaza para el Tribunal. Probablemente no exista una voz más autorizada y legitimada para mantener una entrevista urgente sobre la "urgentísima" iniciativa impulsada por los populares. Estas son sus principales observaciones:

“Sorprendente es, en primer lugar, el método. En contra de lo que es habitual y de la dignidad que el órgano afectado exige, la iniciativa de reforma no se hace en un proyecto elaborado por el Gobierno, sino en una proposición de ley suscrita únicamente por el Partido que lo sostiene, con lo que se impide (y esta es quizás una de las razones para elegir esta vía) que el texto sea sometido al Consejo de Estado, cuyo dictamen hubiera sido de no poca utilidad para el Congreso”.

El profesor Rubio Llorente añade: “Además de privárseles de este importante instrumento de análisis, se obliga a los Diputados a ir a la carrera, pues la proposición ha de seguir el procedimiento de urgencia, con tramitación directa en lectura única. Nunca prisas fueron buenas y tampoco lo son estas, pero el daño que causan, ha de reconocerse, es más simbólico que real; a la dignidad de las Cortes, no a los diputados; los de la mayoría están convencidos de antemano y los de las minorías no han de ser convencidos porque su opinión no cuenta”.

“La razón de ser de esta urgentísima vía", explica, "se expone en dos páginas escasas, escritas también con apresuramiento. Se reconoce en ellas que si bien en su actual forma la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (que dicho sea de paso, es el supremo intérprete de la Constitución, pero no su garante último, como erróneamente dice el firmante de la proposición) “contiene los principios necesarios para garantizar la efectividad de sus decisiones”, las “nuevas situaciones” obligan a “desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de la efectividad sea total”. La reforma se hace para introducir “en sede constitucional” (¿qué querrá decir con esto el Sr. Hernando?) estos instrumentos".

“Algunos de esos instrumentos, aunque de dudosa eficacia, no suscitan graves reservas de legitimidad", considera Rubio Llorente. Así, por ejemplo, "el que ordena aplicar la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como supletoria de la del Tribunal para la ejecución de sentencias, o el que permite al Tribunal notificar personalmente sus decisiones a autoridades y empleados públicos (sic)”.

Pero el largo repertorio del nuevo artículo 92 incluye, según el profesor, junto a enunciados superfluos, "normas audaces, como la que confiere al Tribunal la potestad de acordar la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los 'procesos constitucionales', o suspender en sus funciones, sin proceso previo, a las autoridades o empleados públicos; o adoptar, sin oír a las partes, las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones que acuerden la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones (sic)”.

"La corrección constitucional de estas normas", concluye Francisco Rubio LLorente, "es cuestionable, y dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán, pero es segura su capacidad para echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo".

"Un día de luto", comenta, apesadumbrado, "para quienes quisimos librarlo del triste destino del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, cuya destrucción contribuyó no poco a la de ésta”. 

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