Un informe de la LFP certifica la caótica situación económica de las empresas del pelotón mientras Bruselas investiga ayudas encubiertas.
El fútbol profesional español sigue estirando más el brazo que la manga. Debe más dinero del que mueve en un año y sus números rojos triplican –dando por buenas sus cuentas- el valor de su patrimonio. Si logra sobrevivir a su endémica situación de quiebra técnica se debe, principalmente, a la respiración asistida que le practican Hacienda y otras administraciones y, también, a las facilidades que da a los morosos la ley concursal, la versión 2.1 de un concepto tan genuinamente español como la suspensión de pagos, inventada en los años 20 por la dictadura de Primo de Rivera para salvar de la cárcel a los dueños de una compañía eléctrica. Los datos del Informe Económico del Fútbol Profesional que hace unos días difundió la Liga de Fútbol Profesional (LFP) dan fe de la situación del sector: ruinosa y, aunque con síntomas de una leve mejoría, equiparable a la calificación médica de “estable dentro de la gravedad”. O gravísima pero viable dentro de un sistema de estabilidad concertada, quién sabe.
Estos son los datos macroeconómicos del fútbol profesional español en su última temporada: 183,4 millones de beneficio de explotación con un volumen de negocio de 2.625 millones, un crecimiento en los gastos de 260,3 millones frente un aumento de los ingresos de 287,5 millones, un ebitda de 574,7 y un patrimonio neto de 739,1 frente a una deuda neta de 2.675 que solo se redujo en 81 millones el año pasado.
La LFP, patronal del sector, hace una lectura positiva de ese cuadro. Interpreta el hecho de que los gastos aumenten menos que los ingresos como un síntoma del “mantenimiento del esfuerzo realizado por los clubes para fortalecer su situación financiera”, ya que el beneficio bruto fue 27,3 millones mayor que en el anterior ejercicio. “Esto ha permitido, como se podrá ver más adelante, una muy importante reducción de la deuda y fortalecimiento del patrimonio”, señala. La primera cayó 81,8 millones mientras el segundo crecía 181,7.
Uno de los principales acreedores de las SAD (Sociedad Anónima Deportiva) y clubes de fútbol profesionales es la Hacienda pública, que les reclama el pago de 327,9 millones, casi un euro de cada ocho que tienen anotados en rojo. Pese a la reducción de ese agujero en los últimos años, los gestores del fútbol necesitarían prácticamente la ganancia de dos años para saldar las cuentas con el fisco. Quizá la abogada del Estado del caso Nóos no dijo algo totalmente desacertado cuando redujo a la categoría de eslogan, que lo fue en su día, el “Hacienda somos todos”.
“El importe de la deuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Haciendas Forales se ha vuelto a reducir pasando de 496 millones de euros al finalizar la temporada 2013-14 a 327 en septiembre de 2015, es decir, una reducción de 168, millones”, señala el informe de la LFP, que también recoge que las sociedades anónimas deportivas y los clubes que compiten en Primera y Segunda División pagaron la pasada temporada 876 millones de euros a Hacienda, 271,4 por las entidades y 604,7 por los trabajadores.
Esa elevada cifra de deuda con el fisco “se encuentra en la actualidad soportada por aplazamientos y acuerdos”, explica el documento, que añade que todos los compromisos de pago habían sido atendidos a diciembre de 2015 y que pronostica para dentro de cinco temporadas, en la 2019-2020, la cancelación total. Aunque, según esos cálculos, quedará lo que la LFP denomina “una deuda residual con la AEAT por un importe no superior a 50 millones de euros que será aquella que se encuentre incluida como deuda subordinada en los concursos de acreedores y que se irá pagando conforme se haya establecido en los acuerdos de acreedores de dichos concursos”.
¿Es económicamente viable el fútbol profesional? Depende de cómo se mire. Especialmente, si se tiene en cuenta el desequilibrio que provocan en el sector sus dos actores principales: el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid mueven más de la mitad del negocio -1.078 millones de 2.070 en 2015-, acaparan más del 45% de su crecimiento -237 de 518 en cuatro años- y se llevan casi el 40% de los beneficios brutos -75 millones de 188 en 2015-.
Dos –esos dos- de los 42 equipos de Primera y Segunda se llevan dos tercios de los ingresos por televisión -326,1 millones de 528,4- al tiempo que generan una parte similar del llamado match day -323,4 de los 625 que salen de la explotación de los estadios los días de partido mediante patrocinios, atracciones como los museos y las visitas guiadas y servicios como los restaurantes- y más del 80% -426 de 506- del merchandising. El reparto de la publicidad, gestionada por la LFP y en el que los dos grandes solo reciben 3,5 de los 80,3 millones del pastel, no logra paliar ese desequilibrio con el resto de clubes, lo que al final acaba influyendo en la clasificación deportiva, con escasas excepciones como las del Atlético de Madrid, el Valencia o el Villareal en las últimas décadas. Y eso, a pesar del "beneficio récord" de 113,3 millones que los equipos medianos y pequeños obtuvieron el año pasado.
Sin embargo, y a pesar de esa elevada cuota de mercado en términos económicos, los dos “grandes” no están aprovechando su posición para sanear sus cuentas: Real Madrid y Fútbol Club Barcelona acumulan, con 853,4 millones de euros, casi la tercera parte de la deuda del fútbol profesional español, que al cierre del último ejercicio ascendía a 2.675. En los tres últimos años solo la han reducido en 30,4 millones, mientras las clases media y baja del pelotón la rebajaban en 609,6 millones; buena parte de ella, mediante las quitas aceptadas por los acreedores en los concursos.
En esa tendencia tiene mucho que ver el coste de su pie de obra: sus plantillas deportivas –futbolistas, técnicos y preparadores- se reparten más de la mitad de la masa salarial declarada del fútbol profesional -612,8 millones por 528,5 de sus 18 competidores en Primera-, con una disparatada tendencia al alza del 38,3% desde los 443 millones de euros de la temporada 2011-2012 mientras los sueldos del resto de equipos bajaban un 7,26%, de 569,9 a los citados 528,5 en ese mismo periodo.
En cualquier caso, la situación del fútbol profesional en su conjunto es de quiebra técnica, ya que la deuda neta no solo supera, sino que triplica con creces, el patrimonio neto -2.675 millones por 739- y rebasa incluso el volumen de negocio anual -2.625-. Se trata de una actividad, en su vertiente económica, en la que los gastos siguen creciendo cuando dejar los números rojos requiere el beneficio bruto de catorce años. No escapan de esa situación los dos grandes, cuya deuda suma 853 millones frente a un patrimonio neto de 480,7, aunque, en su caso, otro tipo de gestión sí permitiría empezar a realizar anotaciones en negro.
Un informe de Transparencia Internacional le pone números a esas operaciones urbanísticas."Los clubes de primera y segunda división llegaron a ingresar más de 1.000 millones de euros sólo con los cambios de uso del suelo" desde los años 80, señala el documento, que anota que la "presión social que genera el fútbol en España llevó a los entes públicos, sobre todo a la Hacienda Pública y Seguridad Social española, a permitir el endeudamiento progresivo de los clubes". "La mayoría de los clubes convertidos en SAD y sus directivas han sido investigados por posible delitos de corrupción o ayudas ilegales" en los últimos 25 años, añade.
El fútbol español siempre ha tenido buenas relaciones con el poder, con el político y con el económico. Eso, que no acaba de agradarle a buena parte de una ciudadanía hastiada de que sus representantes le metan goles en propia puerta en forma de recortes y que asiste atónita al carrusel de futbolistas empapelados –ya sea penal o administrativamente- por fraude fiscal, tampoco gusta en Europa.
Por un lado, la UEFA, principalmente por la presión de ligas saneadas como la alemana, establece requisitos de salud financiera para participar en competiciones europeas. Aunque tampoco muy exigentes, ya que considera saneadas entidades que acumulan déficit de hasta 30 millones.
Y, por otro, después de que una filtración de Football-leaks indicara que el Tottenham le había endosado a Bankia varios de los pagarés que el Madrid emitió para pagar el traspaso, tres eurodiputados intentan que la Comisión abra una investigación para esclarecer si la intervención de bancos españoles rescatados con dinero público en la financiación de fichajes multimillonarios, como el de Gareth Bale por el Real Madrid, puede ser considerada una ayuda encubierta.
No es el único caso abierto del fútbol español en Bruselas. La Comisión tiene sobre la mesa, para su “inminente” resolución desde hace meses, los expedientes en los que investiga si cuatro clubes –Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna- infringieron ley al no haberse transformado en sociedades anónimas tras el plan de saneamiento de principios de los años 90 y si fueron legales los avales que tres SAD –Valencia, Elche y Hércules- recibieron de la Generalitat Valenciana en tiempos de Francisco Camps para obtener líneas de crédito de las cajas locales. La investigación incluye flecos sobre otras supuestas ayudas encubiertas recibidas en forma de bendiciones para operaciones urbanísticas y otras facilidades de pago.
Los siete han jugado esta década en Primera, categoría a la que Osasuna y Elche intentan regresar mientras el Hércules trata de volver a Segunda. Solo uno de ellos, el equipo ilicitano, descendió por deudas, en este caso con los jugadores.
La mitad de los equipos del fútbol profesional español se han declarado insolventes y han entrado en concurso de acreedores, en la mayoría de las ocasiones de manera voluntaria. La suspensión de pagos les ha permitido reflotar en unos casos –por la vía de la recuperación en el caso de la Real Sociedad, por la refundación en el del Lleida- y subsistir en otros. Siempre, con unas notables reducciones de la deuda y aplazamientos para liquidarla. “Quita” y “espera”, en el argot concursal.
Un proceso de ese tipo no es el bálsamo de Fierabrás, aunque al Real Zaragoza -seis títulos de Copa, dos europeos y el no oficial de haber presentado el concurso más cuantioso del fútbol español, con 140 millones de euros de pasivo- le ha servido para cerrar con vida la década tenebrosa que comenzó cuando el empresario Alfonso Soláns cambió su objeto social para convertirlo en una constructora poco antes de vender su paquete mayoritario de acciones a Agapito Iglesias.
Era 2006. Los blanquillos jugaban su última final de copa –ganó el Espanyol en el Manzanares- antes de iniciar un carrusel en el que la aspiración a la Champions acababa en descenso, una permanencia en la última jornada como la del Ciudad de Valencia en 2011 llevaba a la imputación de la empresa –junto con una docena de jugadores, técnicos y directivos- por el presunto amaño del partido y tres años de agónicas salvaciones terminaban con un descenso que iniciaba el actual trienio en Segunda.
Iglesias también fue de más a menos en esa década. “Es el empresario de moda”, decía de él uno de los imputados en el caso La Muela en 2008, cuando otros sospechosos se referían a él como una vía directa para tener acceso a los poderosos. Hace unas semanas, la Audiencia de Zaragoza le condenaba a cuatro años de prisión por un desfalco de 8,7 millones de euros en una empresa pública junto con dos exejecutivos de esta.Tiene otra causa abierta por corrupción, en la que Fiscalía pide para él cinco años y diez meses de cárcel, y está encartado en el caso Luccin, en el que también está imputada la SAD por fraude fiscal. El Zaragoza le gana en imputaciones al Barça: 2-1 (Amaño y Luccin, Neymar).
Esos tres años en Segunda han evitado al Zaragoza, gracias a la habilidad negociadora de Iglesias y su cohorte de abogados, tener que hacer frente a los pagos del concurso, cuya deuda pendiente de liquidación ronda los cien millones de euros. Sin embargo, los administradores concursales tienen claro su futuro si no asciende en junio: “La incertidumbre que supone la posibilidad de no recuperar la categoría afecta muy significativamente a la viabilidad de la sociedad, ya que si bien esta puede tener equilibrado su presupuesto operativo en Segunda División, resulta imposible cumplir los compromisos de pago que establece el convenio [con los acreedores], si estos vienen exigibles estando la concursada militando en Segunda”, señalan en el último informe remitido al juzgado. “Salvo que aparecieran nuevas fuentes de financiación”, matizan.
Los primeros pagos, de cuatro millones y cuyo incumplimiento conllevaría la liquidación de la SAD, vencen el 2 de julio. La segunda remesa llega en octubre. Y no atenderlos supone la liquidación si lo solicita cualquiera de los acreedores.
El Real Zaragoza cambió de dueños el 22 de julio de 2014, en una operación en la que Iglesias transmitió a la Fundación Zaragoza 2032 “el 90,23% de los derechos políticos inherentes a las acciones del Real Zaragoza” que el empresario soriano poseía a través de una empresa. Esa fundación, creada poco antes para hacerse con la SAD y en la que participan entre otros el hasta ahora presidente de Telefónica Cesáreo Alierta Izuel, se hizo poco después con el control accionarial de la SAD mediante una ampliación de capital.
La primera aportación de la fundación, ocho millones en forma de préstamo, permitió saldar “deudas que de no haber sido atendidas podrían haber supuesto el descenso administrativo a Segunda B”, señalan los administradores concursales, que destacan que la situación financiera de la SAD “ha mejorado sustancialmente” –además de ir pagando atrasos a Hacienda: cinco millones el año pasado- y que califican como “más que esperanzadores” los resultados de los nuevos gestores, que han logrado números negros por primera vez en años. Entre esos nuevos gestores destaca Fernando Sáinz de Varanda Alierta, sobrino de Cesáreo que coincide con este en el consejo de Acrispla de Inversiones, una empresa del sector inmobiliario que en tres años ha reducido su capital social de 24,5 a 4,3 millones.
Con el equipo deambulando por la zona media de la clasificación y con un entrenador, Lluís Carreras, que se suma al sector menos forofo de la afición y da prácticamente por perdidas las posibilidades de ascenso directo –el equipo lo tiene a ocho puntos tras ganar doce y perder diez de los 32 partidos disputados--, los gestores del Real Zaragoza se encomiendan a dos posibilidades para evitar la liquidación de la SAD dentro de unos meses: un eventual ascenso tras un play-off de promoción para el que comienza a haber atasco de aspirantes y ese “salvo que aparecieran nuevas fuentes de financiación” que deslizaban los administradores. Subir a Primera o ponerlas, ese es el dilema.
Comentarios