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En su editorial del pasado 2 de febrero CTXT decía: “Es imperativo que el PP dé explicaciones creíbles y eche a todos los implicados en este gigantesco escándalo, empezando por el presidente del partido”. Esto fue básicamente lo que Pedro Sánchez le espetó a Mariano Rajoy en lo que se ha venido a llamar el último debate del bipartidismo. El formato supuestamente plácido que había elegido el presidente del Gobierno se transformó en una copia nada metafórica de una de las pinturas negras de Goya: “A garrotazos”.

Al margen de cuál haya sido el efecto de este debate bronco y confuso sobre los electores, es probable que millones de españoles compartan la acusación principal de que Rajoy no es un político decente y que tenía que haber dimitido cuando se destapó el escándalo de Bárcenas y su caja B. Un sorprendido presidente del Gobierno replicó con duras calificaciones (“ruin, miserable, mezquino") y alguna falsedad, como la afirmación de que nadie le ha acusado nunca de nada, olvidando que Bárcenas le ha identificado ante el juez Ruz como el receptor de una treintena larga de sobresueldos que figuran en sus apuntes contables y que el PP deberá responder como responsable civil subsidiario en el proceso contra el tesorero que él nombró.

En medio de una marea de corrupción insoportable, calificado con la nota más baja que haya tenido nunca un presidente del Gobierno, aquejado de una desconfianza masiva de los ciudadanos, el insumergible Rajoy sigue encabezando pese a todo las encuestas preelectorales, aunque su eventual investidura como presidente haya quedado seriamente amenazada por las acusaciones incontestables de Sánchez. Cualquier aliado potencial tendrá que valorarlas.

Pero más allá del cruce de invectivas, en el que el PSOE ha tenido que endosar el voluminoso sumario de los ERE de Andalucía, con dos expresidentes imputados, nadie ha avanzado qué mecanismos de rendición de cuentas piensan establecer para evitar que la corrupción siga anidando en los contratos públicos. De un Parlamento mucho más fraccionado cabe esperar al menos un control político más exigente. No está de más recordar que la última comisión de investigación de las Cortes Generales data de 2004 (sobre los atentados del 11-M) y que escándalos como el de Bankia, con su correspondiente rescate europeo, ni siquiera han merecido un debate parlamentario específico.

La pelea a garrotazos Rajoy-Sánchez ha marcado el tramo final de una campaña extenuante, que se abrió de hecho a finales de enero cuando Susana Díaz disolvió el parlamento andaluz. Los candidatos han tenido incluso tiempo de modular y aun de corregir sus programas y los políticos se han convertido de pronto en protagonistas del prime time, aunque el interminable serial televisivo no haya despejado muchas dudas de los electores, que siguen mostrando altos niveles de indecisión.

Europa ha sido un ausente clamoroso de los debates, salvo las vagas promesas de Podemos y PSOE de renegociar con Bruselas una reducción más escalonada del déficit. Ninguna mención a la armonización fiscal en la Eurozona ni a la lucha contra la evasión fiscal de las corporaciones transnacionales. El modelo energético y la lucha contra el cambio climático parecen cuestiones que nos resultan ajenas pese a la reciente cumbre mundial de París. Nadie se ha hecho eco de que España no haya protegido ninguna actividad económica (como han hecho otros países) en la negociación del TTIP, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Tampoco ha habido noticias de la política de defensa de Europa o de la ayuda solicitada por Francia para hacer frente al desafío del terrorismo yihadista, o de nuestro papel en Oriente Próximo. De pronto los refugiados que huyen de Siria han desaparecido de nuestro mapa político y mediático.

No se trata de hacer aún más largas unas campañas de por sí interminables. Sin duda los medios tienen no poca responsabilidad en la falta de concreción y en la virtual exclusión de temas trascendentes para nuestro futuro, pero son los políticos, tanto da viejos que nuevos, quienes están obligados a sacar menos el garrote y a ser más transparentes en sus compromisos. En este momento crucial para la democracia española, con un 30% de la población en riesgo de pobreza, y un nuevo escenario político en el que los electores tienen cuatro o cinco opciones para elegir, habría sido deseable que los candidatos confrontaran un poco más sus ideas y programas políticos y un poco menos sus presuntas capacidades culinarias, dancísticas, musicales o baloncestísticas. 

(CTXT publicará esta noche el editorial que resume la posición de la redacción y el consejo editorial ante el 20-D).

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