Andalucía tiene a más de 62.000 pacientes esperando una operación, inscritos en el registro de demanda quirúrgica, a los que hay que sumar más de 6.600 enfermos “sin garantía”, que han superado los plazos establecidos por la legislación y que esperarán más de los 180 o 90 días, dependiendo de los casos, en los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se compromete a intervenir ciertas patologías. Otros 4.700 pacientes se encuentran en situación de “suspensión temporal”, por lo que entre todos suman más de 73.000 andaluces. Estos números, según asegura el Sindicato Médico de Andalucía, han aumentado un 56,6% entre 2008 y junio de 2017, cuando se conocieron las últimas cifras que aporta el SAS. La espera media para ser intervenido es de 66 días, de 52 días para que te reciba el especialista y de 34 días para acudir a las pruebas diagnósticas, según aporta la Junta, aunque en realidad los plazos se alargan mucho más.
“¿Es admisible la espera? No. ¿Es evitable? Sí. Es un escándalo, responsabilidad del político que afronta esta situación de forma muy tranquila”, sostiene el doctor Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca de Cádiz, durante la celebración de una mesa de debate llamada Las listas de espera sanitarias, ¿admisibles o evitables?, organizada por la plataforma jerezana por la Sanidad pública. “Las esperas aumentan cada año”, censura Vergara, quien asegura que “cuando promovemos movilizaciones estamos llenos de razones y argumentos, no exigimos lujos: exigimos que nuestra vida no corra peligro por una espera inadecuada”. Las estadísticas que aporta el SAS no se corresponden, a veces, con la realidad que sufren muchos pacientes, que en ocasiones acumulan demoras de hasta dos años, ya que hay especialidades que no se incluyen en los decretos de garantías de la Junta —alergología, reumatología, cirugía vascular—.
El marido de Isabel, una vecina de Jerez que acude al debate que protagoniza el doctor Vergara, lleva ocho meses esperando una cita con el traumatólogo, que debe hacerle una radiografía. “Hemos ido a un médico privado y me han dicho que lo tienen que operar”, explica, “porque están llamando ahora a gente que lleva dos años en la lista”. El suyo es el ejemplo perfecto de lo que denuncia el portavoz de la Marea Blanca gaditana, quien asegura que “si hubiera 60.000 personas en la puerta del Hospital esta reclamación sería efectiva”. Que un paciente acabe recurriendo a la Sanidad privada es la consecuencia del colapso de la pública, denuncia Vergara, quien critica que “en lugar de mejorar la operatoria de mi hospital lo derivan para que se haga en otro sitio”. Para el doctor gaditano, “aceptar esa dinámica es inadmisible”.
Eso sí, reconoce que “hace unos años existía la percepción de que la Sanidad privada era la buena, pero ahora hemos logrado invertir esa tendencia, eso es un éxito del sistema sanitario, que ha demostrado sus potencialidades”. Los gestores públicos, dice, “están gestionando el caos”, en lugar de “resolverlo”. “En Urgencias estamos entrenados para soportar la tensión, el colapso me machaca pero no me pongo a llorar, aunque no hay que admitirlo”, agrega el portavoz de la Marea Blanca. La Sanidad pública es “la joya de la corona de los andaluces”, decía la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuando anunció que iba a dar a luz en un centro hospitalario público, aunque desde la Marea Blanca no están nada de acuerdo con esta afirmación, que lleva desde entonces persiguiendo a la lideresa andaluza.
“El 11 de abril vamos al Parlamento y queremos conseguir que diga que es un desastre”, dice Vergara, quien apunta a la importancia de que, el primer paso para empezar a solucionar los problemas, es reconocerlo. “Es importante que haya 100.000 reclamaciones semanales para que nos hagamos oír, porque usan que hay pocas reclamaciones como prueba de que la cosa no está tan mal”. “Nuestro sistema tiene el inconveniente de que parece que es gratis, y es gratuito en el momento de la atención, pero lo pagamos con los impuestos, por eso tenemos que cuidarlo”, señala Vergara, quien apuesta por “no mirar hacia otro lado” cuando se “malgastan fondos” de la Sanidad pública.
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