La Junta de Andalucía ha puesto en marcha su campaña de inspección 2025 centrada en la compraventa y el arrendamiento de viviendas. Esta actuación implica el control de empresas, promotoras, constructoras y gestores inmobiliarios en todo el proceso de venta, promoción y publicidad de inmuebles —ya sean proyectados, en construcción o terminados—. En la edición anterior, más del 61% de las inspecciones realizadas en 2024 detectaron irregularidades.
La Junta explicó en una nota que el objetivo es comprobar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas del sector, especialmente en lo referente a sus deberes de información hacia los consumidores. Hasta finales de diciembre está previsto llevar a cabo al menos 135 actuaciones inspectoras, que abarcarán desde viviendas nuevas o usadas hasta alquileres.
La campaña busca analizar la evolución del mercado inmobiliario y garantizar que la publicidad y los contratos reflejen de forma veraz las condiciones de las viviendas. Se controlarán además las autorizaciones y documentos administrativos obligatorios, como las licencias de obra, certificados de habitabilidad o inscripciones en el Registro Mercantil. También se verificará la existencia de modelos contractuales y el cumplimiento de las normas sobre precios, condiciones de pago y garantías para los compradores.
Otro punto clave será el control del certificado de eficiencia energética, obligatorio en toda oferta o promoción. En el caso de los arrendamientos, las inspecciones revisarán que las empresas de intermediación no cobren gastos de gestión a los inquilinos, además de examinar las denominadas “notas de encargo” o “autorizaciones de venta”.
Durante 2024, se realizaron 121 inspecciones en 111 establecimientos, agrupadas en 112 expedientes. De ellos, 69 presentaron incumplimientos, entre los que destacan la falta de libros de reclamaciones, la ausencia de información sobre precios o características de las viviendas y la no exhibición de carteles obligatorios para los consumidores.