La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro tras una investigación que identificó diversos cobros indebidos a inquilinos, denunciados inicialmente por Facua, así como otras irregularidades detectadas durante la revisión de sus prácticas. La resolución detalla que el expediente fue firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y recoge las anomalías encontradas en los contratos gestionados por la compañía.
Según la información difundida por Facua, el departamento de Consumo rechazó las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro para intentar frenar la sanción. La asociación señaló que el texto administrativo enumera las prácticas consideradas irregulares en los acuerdos que la inmobiliaria suscribía con los arrendatarios y que motivaron la apertura del procedimiento.
Durante la investigación se identificaron distintas prácticas fraudulentas atribuidas a la empresa. Entre ellas figuraban la imposición a los inquilinos de un presunto servicio de atención que trasladaba a estos gastos que, según Consumo, correspondían al propietario del inmueble. También se detectó la exigencia de contratar un seguro del hogar y la realización de un estudio de solvencia económica, además de la inclusión de cláusulas que limitaban el derecho de desistimiento y que atribuían a los arrendatarios los costes derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Facua recordó que fue la primera entidad en denunciar a la compañía y que forma parte del procedimiento. La asociación había alertado en noviembre de 2023 de que la inmobiliaria obligaba a los inquilinos a abonar un importe equivalente a una mensualidad de renta más el 21 % de IVA por la prestación de un servicio que la empresa describía como atención al arrendatario, en el que se incluían gestiones como asesoramiento para cambios de titularidad de suministros energéticos.
Los inquilinos pagaban gastos que correspondían a los propietarios
La investigación del Ministerio concluyó que Alquiler Seguro ofrecía igualmente asesoramiento jurídico sobre los contratos de alquiler y asumía funciones relacionadas con la resolución de siniestros o incidencias, tareas que en muchos casos corresponden al propietario del inmueble. Estas prácticas fueron tenidas en cuenta a la hora de calificar las infracciones existentes.
La resolución considera que la empresa cometió seis infracciones muy graves y una grave, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, que regula la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las multas correspondientes ascienden a un millón de euros, 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros, además de una sanción de 10.001 euros por la infracción grave, que suman un total de 3.600.902 euros.
La compañía tiene la posibilidad de presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.