Esta constatación se entendió bien en Senegal cuando, bajo el impulso del expresidente Macky Sall en 2014, este país de África Occidental puso en marcha el Plan Senegal Emergente (PSE). El PSE, un nuevo modelo de desarrollo que permitirá a Senegal formar parte de los países emergentes en 2035, es hasta la fecha el marco de referencia de la política económica y social del país a medio y largo plazo. Este plan se basa en tres ejes: una transformación estructural de la economía del país, en particular mediante el fortalecimiento de los sectores prometedores; la mejora de las condiciones de vida de la población y la lucha contra las desigualdades sociales; y, por último, la consolidación del Estado de derecho.
Para cumplir estos criterios y alcanzar los objetivos de 2035, Senegal debe invertir en las infraestructuras necesarias al mejor coste. Por lo tanto, la calidad de la financiación es tan importante como los objetivos a los que se destina. Y aunque cada año las autoridades del país movilizan un presupuesto cada vez mayor, Senegal sigue dependiendo en parte de la ayuda exterior, especialmente en materia de financiación.
Las asociaciones internacionales, en dificultades
En esta línea, se han puesto en marcha varias iniciativas. Por ejemplo, el Marco Nacional de Financiación (INFF) en 2020, un plan económico a corto plazo cuyo objetivo es «reforzar el marco del diálogo permanente sobre las políticas de financiación del desarrollo sostenible», con cinco objetivos prioritarios de desarrollo sostenible: salud, educación, agua, energía y medio ambiente. Del mismo modo, en junio de 2023, el país anunció la creación de la JETP (Alianza para una Transición Energética Justa), junto con Alemania, Francia, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Con un presupuesto de 2500 millones de euros, esta asociación tiene como objetivo aumentar la cuota de energías renovables al 40 % para 2030.
Una seria llamada al orden del FMI
Por lo tanto, Senegal no carece ni de ambiciones ni de socios económicos para desarrollarse. Pero, ¿cómo es posible que en marzo de 2024 el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomara la decisión de suspender toda financiación destinada a Senegal? La respuesta probablemente se encuentre en una cierta falta de transparencia, o al menos en una cierta discrepancia entre la cuantía de la financiación y la realidad de su ejecución a largo plazo. En abril de 2024, el actual Gobierno de Senegal reveló la probable existencia de una deuda oculta de 7000 millones de dólares contraída bajo la administración de Macky Sall (2012-2024). La existencia de esta deuda se confirmaría en octubre del mismo año tras una auditoría. Por último, en febrero de 2025, el Tribunal de Cuentas de Senegal anunció que las cifras de la contabilidad pública del Gobierno anterior eran falsas. La deuda pública, estimada en alrededor del 99 % a finales de 2023, sería ahora estimada en un 132 % por el FMI y las autoridades senegalesas.
«ASER-Gate»: embrollo en las zonas rurales
Esta falta de transparencia no es solo responsabilidad de las autoridades senegalesas, sino también de sus socios privados. El JETP, un proyecto de transición energética, plantea hoy en día cuestiones relacionadas con la financiación y la transparencia. El caso «ASER-Gate», que lleva varios meses agitando la opinión pública senegalesa, es otro ejemplo de ello. El proyecto, puesto en marcha por la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER) en colaboración con AEE Power EPC, una empresa española, tenía como objetivo conectar más de mil pueblos a la red eléctrica. Cofinanciado por la Agencia Española de Crédito Exterior (CESCE) y el banco español Banco Santander, parece estar paralizado desde que los financiadores suspendieron los desembolsos en diciembre de 2024, tras haber abonado un anticipo de 56 millones de euros a la empresa eléctrica española.
¿Gadgets o garantías?
Ya sean obra de actores públicos o privados, senegaleses o extranjeros, este tipo de asuntos erosionan naturalmente la confianza de los socios internacionales en Senegal, lo que dificulta el acceso a los mercados de capitales internacionales. Las autoridades senegalesas actuales están multiplicando las iniciativas para atraer estos capitales sin aumentar la deuda. El nuevo Gobierno senegalés ha anunciado la creación de «bonos de la diáspora», emitidos por el Estado senegalés para su numerosa diáspora. Con esta «política de endeudamiento prudente», las autoridades esperan orientar parte de los flujos entrantes de la diáspora hacia las arcas del Estado, tras la suspensión de las ayudas del FMI, y, en última instancia, reducir su dependencia de las instituciones internacionales y tranquilizar a los socios internacionales. Por otra parte, según fuentes financieras, el Estado habría solicitado al sector bancario senegalés una reestructuración de la deuda que posee en un 60 %.
Sin embargo, parece que son la ausencia de un plan de reestructuración y de una línea política clara lo que el FMI considera contradictorio y problemático. ¿No sería más beneficioso para el país abordar las causas profundas que han permitido estas disfunciones?