Candy, la persona que modificó su género en el Registro Civil tras ser condenada por violencia de género contra su exmujer, se enfrenta a una nueva causa judicial por supuestas agresiones físicas y psicológicas cometidas contra la misma pareja en 2022. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión, según consta en el auto judicial.
El juicio estaba previsto para el 28 de mayo de 2025, pero fue suspendido tras hallarse en paradero desconocido. En julio de ese mismo año, fue detenida por requerimiento judicial y desde entonces permanece en prisión cumpliendo una condena de 15 meses por agresiones previas contra su exmujer. Está citada nuevamente a sede judicial el próximo martes a las 10.30 para la continuación del proceso.
El caso fue inicialmente tramitado por el juzgado de violencia sobre la mujer y posteriormente derivado al juzgado de lo penal número 6 de Sevilla. El auto judicial detalla que se le imputan delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena, este último por incumplir una orden de alejamiento de la víctima.
La pena solicitada
El abogado de la víctima, José Antonio Sires, refleja en su escrito de acusación que, según el auto del juez, solicita un año de prisión por amenazas, dos años por injurias y vejaciones y un año más por quebrantar la orden de protección. Las medidas reflejan la gravedad de las conductas atribuidas y buscan la protección de la víctima.
Por su parte, la Fiscalía ha presentado su propia petición, incluyendo un año de prisión por amenazas, ocho días de localización permanente por injurias y vejaciones, y un año adicional por quebrantamiento de la orden de alejamiento. Estas solicitudes se alinean con los delitos señalados en el procedimiento y con la legislación vigente sobre violencia de género.