El sindicato UGT ha denunciado lo que considera una “grave irresponsabilidad” del Ayuntamiento tras la comercialización de varias parcelas degradadas en la calle Vascongadas que contienen cubiertas de uralita en mal estado, con presencia de este material altamente peligroso para la salud. El secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, Juan Carlos Lebrón Moreno, ha aegurado que la actuación municipal podría estar incumpliendo la normativa vigente. Según ha señalado en un comunicado, la retirada del amianto es obligatoria cuando está deteriorado, por lo que su permanencia supone un riesgo directo.
“El Ayuntamiento está obligado por ley a eliminar este material antes de cualquier actuación urbanística. No hacerlo supone poner en riesgo durante años a vecinos y vecinas, así como a futuros trabajadores de la construcción”, ha alertado. La situación se agrava porque, según denuncia UGT FICA, Urbanismo habría planteado adjudicar estos terrenos a una constructora para levantar una veintena de viviendas, pese a que los inmuebles presentan techos de uralita visiblemente deteriorados, lo que incrementa la posible liberación de fibras al ambiente.
Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el amianto presente en estas parcelas “será retirado por el promotor cuando presente el proyecto de obra”. En este sentido, defienden que el material, en su estado actual, no supone un riesgo inmediato.
Asimismo, desde el Consistorio han precisado que “el amianto cuando está inerte no es peligroso. Cuando se manipula o se rompe es cuando es peligroso, colocado no tiene ningún problema”, subrayando que el riesgo se produciría únicamente en caso de intervención directa sobre las estructuras que lo contienen.
El amianto, especialmente cuando está envejecido o dañado, puede provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón, con periodos de latencia que pueden alcanzar hasta 40 años.
UGT ha trasladado esta situación al Grupo de Trabajo de Amianto en la Consejería de Empleo, donde se ha recordado que tanto la Junta de Andalucía como las áreas competentes en Medio Ambiente y Salud pueden exigir la retirada del material e imponer sanciones. Desde el sindicato también denuncian la falta de seguimiento de los censos y calendarios de retirada, atribuida a la escasez de recursos.
Por ello, Lebrón ha asegurado que estarán vigilantes ante cualquier intervención, exigiendo el cumplimiento del Real Decreto 396/2006. En caso de irregularidades, advierten, los hechos serán puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.