Los vecinos de la barriada Guadalquivir, en Coria del Río (Sevilla), han anunciado su intención de convocar una manifestación ante la sede de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente o ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, si en septiembre no reciben información oficial por parte de la Junta de Andalucía sobre la situación ambiental de la zona. La protesta estaría motivada por la falta de datos concretos respecto a la fuga de hidrocarburos originada en la gasolinera gestionada por Zamarrilla Inversiones S.L., ubicada en el mismo barrio.
El Ejecutivo andaluz ha fijado para septiembre la publicación del informe definitivo sobre las mediciones ambientales realizadas en el entorno afectado. Desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente se ha señalado que se han incorporado nuevas herramientas y tecnologías específicas a la campaña de mediciones, tras más de dos meses de trabajo previo en la zona.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha abierto diligencias tras la presentación de una nueva denuncia penal por parte de los vecinos contra varios responsables institucionales. Entre los denunciados se encuentran la actual consejera de Salud, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual titular de Medio Ambiente, Catalina García; así como la exdelegada territorial de Salud, Regina Serrano, y otros altos cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Los denunciantes sostienen que las autoridades sanitarias habrían incurrido en una supuesta inacción prolongada frente a la exposición continuada de la población a agentes químicos potencialmente nocivos. Esta situación ha sido motivo de preocupación vecinal desde que se detectó la fuga de hidrocarburos, origen de la actual crisis ambiental en la barriada sevillana.
La consejera defiende las actuaciones de la Junta
La consejera Catalina García ha defendido en sede parlamentaria las actuaciones emprendidas por su departamento, subrayando que se han realizado múltiples estudios y análisis técnicos desde el inicio del caso. Sin embargo, los vecinos cuestionan la efectividad y transparencia de estas medidas, señalando que la Junta no entregó de forma voluntaria el estudio elaborado en 2022, que finalmente fue remitido al Juzgado de Instrucción número tres de Coria del Río, encargado de investigar una denuncia anterior.
El colectivo vecinal sostiene que dicho informe no ofrece conclusiones clínicas claras y que, además, no se trata de un estudio epidemiológico como el que han reclamado en reiteradas ocasiones. Los afectados consideran que este tipo de investigación sigue siendo necesaria para evaluar con precisión los posibles efectos en la salud derivados de la exposición a los contaminantes detectados en el entorno.