La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado los recursos presentados por dos enfermeras de una residencia de ancianos de Utrera, ratificando así las condenas impuestas por el Juzgado de lo Penal número 9. Junto a la médica del centro, fueron declaradas culpables por las graves lesiones sufridas por una mujer de 81 años, que acabaron derivando en su muerte. El tribunal ha subrayado que se omitió de forma “clamorosa” el deber de cuidado hacia la paciente.
El proceso judicial, que se ha prolongado durante 19 años, aún no ha llegado a su fin. La sentencia confirma que la familia de la víctima será indemnizada con 170.549 euros, tras prosperar el recurso presentado por la defensa, representada por el abogado Francisco Javier Villalpando de la Asociación El Defensor del Paciente.
El calvario comenzó en 2005
El caso se remonta a junio de 2005, cuando la mujer, M.L.R., ingresó en la residencia en estado de dependencia. Necesitaba cuidados específicos para prevenir úlceras por presión —como colchón y cojín antiescaras, cama articulada, parches y control de glucosa—, pero el centro “no cumplió con las obligaciones contratadas”, según detalla la sentencia.
En menos de dos meses, la falta de atención derivó en úlceras graves en los pies, infecciones avanzadas y un deterioro irreversible que obligó a hospitalizarla. Allí se decidió amputarle la pierna izquierda por encima de la rodilla. Tras la intervención, la paciente sufrió una descompensación y murió el 15 de septiembre de 2005.
El personal médico del hospital relató en sede judicial que las heridas desprendían “olor a putrefacción” y presentaban tendones expuestos. Según su valoración, la zona afectada mostraba un estado “como si no se hubiera limpiado nunca”.
Condenas y responsabilidades civiles
La sentencia sostiene que tanto la doctora como las enfermeras omitieron los cuidados esenciales que requería la paciente, ignorando medidas básicas de prevención y tratamiento: higiene diaria, hidratación, masajes o curas adecuadas. “El personal sanitario se limitó a poner unas taloneras en los pies, sin que constara ningún tipo de práctica médica sobre los mismos”, recoge el fallo.
Por ello, la médica fue condenada como autora de un delito de lesiones por imprudencia grave a seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer durante el mismo periodo. Las dos enfermeras recibieron tres meses de cárcel y la correspondiente inhabilitación. Además, las aseguradoras Generali y Mapfre fueron declaradas responsables civiles directas, mientras que la entidad Asistencia Geriátrica Andaluza Reifs S.L. asumió la responsabilidad subsidiaria.
Mayor control en residencias
Desde El Defensor del Paciente se insiste en que este caso evidencia la urgencia de reforzar la supervisión de los geriátricos en España. La asociación exige a las administraciones “un control riguroso sobre la calidad de las residencias de ancianos, mediante inspecciones periódicas y sin previo aviso”.
Asimismo, critican que un procedimiento tan grave se haya extendido durante casi dos décadas, lo que consideran una muestra de la lentitud de la justicia en este tipo de delitos que afectan a los colectivos más vulnerables.
