El Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha ordenado continuar por el trámite del procedimiento abreviado la causa contra la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, a título de persona jurídica y contra 27 taxistas de dicha entidad, por presuntos delitos de organización criminal, coacciones y daños para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, que cuenta con su propia tarifa especial con precios cerrados por carrera, según figura en un auto de dicha instancia emitido el pasado 28 de diciembre, adelantado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press.
En dicho auto, la juez instructora detalla que en el registro acometido en junio de 2017 en la sede de la entidad, instalada en el aeropuerto de Sevilla, fueron descubiertas anotaciones sobre las "conductas a sancionar y entre ellas la imposición de 15 días" sin trabajar en la parada de taxis del aeródromo "por perder la vez dejando el túnel (de llegadas) vacío y carga, 15 días por perder la vez dejando el túnel vacío y no carga, (...), siete días por insultar o faltar el respeto a los compañeros, 30 días por intentar pegar a un compañero o 90 días por pegarle e incluso sanciones tan llamativas como si se ensucia las instalaciones tirando cualquier tipo de basura al suelo, 15 días limpiando las instalaciones y tres días a dar carreras a Sevilla".
"Se han encontrado cartas de sanción con la máxima pena que tipifican, cuál es la de la expulsión por motivo de no asistir a una concentración o por motivo de haber faltado a una movilización", determina la juez, según la cual "la propia naturaleza de las sanciones impuestas pone de manifiesto el dominio y uso exclusivo que de la parada del aeropuerto realiza la asociación, hasta el extremo de que todas las sanciones van referidas a prohibición de cargar en la parada del aeropuerto, no del ejercicio general de la actividad ni de ningún otro extremo, lo cual pone claramente de manifiesto que tienen el dominio y uso exclusivo de la misma".
"Los testigos, incluso los que solicitan la condición de testigos protegidos, no hacen sino corroborar tales indicios, por cuanto se pone de manifiesto que es imposible que un taxista que no pertenezca a la asociación pretenda acudir a dicha parada, negándosele por supuesto la entrada al local del aeropuerto pero igualmente negándosele la parada en la carpa del mismo", abunda la juez. Al punto, agrega que en la sede de la entidad, el registro policial se saldó con el hallazgo de "fotografías de vehículos de la Policía Local y de agentes, en concreto de los agentes que realizaban el mayor número de actuaciones en las instalaciones del aeropuerto".
La juez ve así "indicios suficientes para estimar acreditado que la actividad de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y dirigida por Enrique Filgueras (ya fuera de la ejecutiva oficial de la asociación), estaba encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla, teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de esas instalaciones que tenían concedidas por el aeropuerto, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación".
También alude al conflicto entre los taxistas y los conductores de los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, pues en el registro de la sede de Solidaridad Hispalense del Taxi "se localizaron en la mesa del despacho fotografías realizadas a tales vehículos en distintos puntos de la ciudad y existen multitud de denuncias que constan unidas a las presentes actuaciones de incidentes sufridos por conductores de vehículos VTC en la propia parada del aeropuerto, causando daños a sus vehículos, apareciendo grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se advierte la presencia en las inmediaciones del propio presidente (Filgueras) o de miembros de la directiva de la asociación, lo que lleva a presumir en virtud de indicios que sean los responsables y quienes ordenen dichos ataques".
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