El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reconocido un funcionamiento anormal de la administración de justicia en un caso de responsabilidad patrimonial del Estado, motivado por un retraso prolongado en un proceso de paternidad. La situación afecta a un ciudadano sevillano que ha reclamado una indemnización de 20.000 euros debido a la demora de su procedimiento judicial.
El bufete Osuna, que representa al afectado, informó que el CGPJ determinó que la compensación económica por el retraso debía fijarse en la cantidad solicitada. La reclamación busca que el juzgado declare al ciudadano como hijo extramatrimonial de un empresario, no reconocido legalmente hasta el momento.
El procedimiento de paternidad se encuentra en tramitación desde hace casi ocho años y, según estimaciones del despacho, podría prolongarse más de dos años adicionales antes de llegar a su conclusión. La lentitud del proceso ha sido calificada por los abogados como una vulneración del derecho constitucional a un procedimiento sin dilaciones indebidas, ya que lo habitual en este tipo de juicios es que se resuelvan en torno a un año.
Las dificultades en la causa
El bufete también señaló que la causa se ha visto agravada por dificultades en actuaciones concretas, como intentos de exhumaciones en el cementerio afectados por fallos del personal judicial. Además, el caso involucra una herencia millonaria, y la demora en acceder a la tumba ha supuesto una pérdida de más de dieciocho meses.
Los abogados añadieron que desde la incoación del procedimiento se han producido dilaciones injustificadas en prácticamente todos los trámites procesales, por simples que fueran. La situación refleja, según el despacho, un patrón de paralización de la justicia que ha motivado la intervención del CGPJ y la posterior fijación de la indemnización. "Desde el momento en que dicho procedimiento fue incoado ha venido sufriendo dilaciones indebidas en cada uno de los trámites procesales por sencillos que éstos resultasen".