Una residente de Sevilla ha alertado sobre los conflictos vecinales derivados del comportamiento de una mujer con presuntos problemas de salud mental que comparte el mismo edificio. Según la denunciante, desde que la mujer se mudó al inmueble hace dos años, ha exhibido signos de trastorno, manifestados a través de requerimientos infundados, gritos, insultos, pintadas y daños a elementos comunes, como el cableado de los porteros automáticos, lo que dificulta la convivencia.
La situación se ha agravado en los últimos meses con la llegada de un hijo de la mujer y un perro que deambula libremente por las áreas comunes, generando constantes ladridos que afectan la tranquilidad del edificio.
La vecina en cuestión, según la denunciante, pasa la mayor parte del tiempo en el portal del edificio, gritando a quienes transitan por allí. A pesar de las intervenciones puntuales de los cuerpos de seguridad, y las denuncias presentadas, no se han logrado resultados positivos.
Aunque se ha intentado involucrar a los servicios sociales y al trabajador social del centro de salud, la denunciante afirma que no han podido intervenir efectivamente. La Unidad municipal de emergencias sociales y exclusión social ha visitado a la mujer, pero no se ha observado mejoría.
La comunidad de vecinos planea presentar una denuncia conjunta, ya que el propietario del piso renueva el alquiler sin considerar los disturbios generados entre los residentes.
Aunque la denunciante reconoce que la mujer carece de apoyo familiar y parece resistirse al tratamiento, argumenta que esto no justifica que otros residentes sufran las consecuencias. Considera que la protección de la salud y los derechos de los vecinos justifican la activación de instrumentos de protección sanitaria y social.
Ante estos hechos, el Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido abrir un expediente de queja de oficio en aplicación de la Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz.