El próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla contemplará la esperada propuesta para limitar las viviendas turísticas en los barrios más afectados. Esta semana, el gobierno municipal anunciaba que pretende convertirse en "la primera ciudad andaluza" en aplicar la normativa de la Junta. Este decreto autonómico ha habilitado a los ayuntamientos a que puedan rechazar nuevas licencias a las viviendas turísticas.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, indicaba que "fuimos la primera en realizar previamente una consulta ciudadana previa a la regulación de las viviendas de uso turístico y ahora seremos la primera en aplicar del decreto".
Para ello, el gobierno de José Luis Sanz, con gobierno en minoría, necesita que el pleno lo permita. Sondeados los tres grupos municipales, desde PSOE y Podemos-IU están estudiándolo. Fuentes socialistas indican que podría ser una norma "muy pobre en principio". Sin embargo, no está aún el no.
Vox, por su parte, también "en principio" ha tomado su decisión, y esta pasa por la abstención. Con aritmética simple, si la izquierda votase no, sería suficiente que los tres concejales del partido de Abascal se abstuvieran para que la norma saliera adelante. Por tanto, salvo sorpresa, Sevilla será, efectivamente, la primera ciudad en aplicar esta limitación.
¿En qué consiste? Meses atrás, el Ayuntamiento presentó un mapa de barrios y el número de viviendas turísticas de cada uno. Y son 12 barrios los que no podrán permitirse nuevas viviendas turísticas, porque estas suponen más del 10% del total de pisos en la zona. Son Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente, en el Centro. A ellos se suma Triana Casco Antiguo, al otro lado del rio.
Sí se permitirían nuevas viviendas en San Julián, El Museo y San Bernardo, donde hay más de un 5% de pisos turísticos pero menos de un 10. En esta zona habrá vigilancia, dice la normativa. En el resto de Sevilla, es menos del 5%, así que no aplica ni vigilancia ni restricción alguna.
El documento se revisará anualmente y será de aplicación inmediata una vez sea aprobado, y llevará aparejado también una serie de medidas de control, informaba el Consistorio.
Entre ellas, se enviarán los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro. Asimismo, se abrirán expedientes disciplinarios a aquellas viviendas de fines turísticos cuyo registro sea cancelado por la Junta. También se solicitarán al colegio de Administradores de Fincas las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios, por molestias en las viviendas de fines turísticos.
El Ayuntamiento dará cuenta también al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos y se abran expedientes de disciplina ambiental. Por último se cruzarán denuncias con la Delegación de Turismo de todas las viviendas ilegales de las que se tenga conocimiento a efectos de su control por ambas administraciones.
Todo ello implica, además, que si una vivienda turística pierde su licencia, en tanto esté en zona colapsada por las viviendas turísticas, no habrá posibilidad de recuperarla, sino que empezaría un procedimiento nuevo, lo que en la práctica, espera el Ayuntamiento, acabe indirectamente haciendo decrecer, aunque sea mínimamente, la presión en zonas más colapsadas.