La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, informó este martes al Consejo de Gobierno de la necesidad de aplicar un plan de ajuste de 16 millones de euros ante la prórroga del presupuesto de 2025 y la falta de definición de la financiación autonómica para 2026. Entre las medidas contempladas se encuentran el cierre de centros por la tarde, la reducción de contrataciones de profesorado laboral temporal y la reorganización de grupos cuando sea posible.
La responsable académica reconoció la inquietud existente en la comunidad universitaria y defendió la adopción de medidas preventivas hasta que se pueda elaborar un nuevo presupuesto con los fondos que asigne la Junta de Andalucía. En este contexto, trasladó al Consejo de Gobierno que las negociaciones con la administración autonómica se encuentran muy avanzadas y solicitó un voto de confianza.
Las organizaciones sindicales y representantes del profesorado advirtieron de posibles movilizaciones y criticaron la gestión de la situación, señalando que esperaban una mayor firmeza por parte del Rectorado. También cuestionaron el origen del escenario actual, denunciaron la paralización del pago del complemento autonómico y alertaron sobre la necesidad de respetar las promociones de personal recogidas en el convenio colectivo.
Desde la conferencia de decanos y directores, su presidenta, Inmaculada Murcia, expresó el malestar ante las medidas propuestas, al considerar que podrían afectar a la calidad de la docencia. Advirtió de riesgos como la masificación en las aulas o la dificultad para mantener la evaluación continua, y reclamó conocer los criterios utilizados por el Rectorado, que aseguró que serán trasladados y que el plan aún no es definitivo.
Prórroga del presupuesto y recortes
El origen del ajuste se sitúa en la prórroga presupuestaria y en la obligación de asumir una subida salarial del 2,5% aprobada por el Gobierno central, lo que ha llevado a la necesidad de destinar más recursos al pago de nóminas. El Rectorado ya había trasladado a finales de marzo la necesidad de consensuar con centros y departamentos dónde aplicar los recortes para afrontar esta situación.
En paralelo, la Junta de Andalucía atribuyó la necesidad del ajuste al anterior equipo rectoral encabezado por Miguel Ángel Castro. Según la administración autonómica, en 2024 se autorizaron 4,9 millones de euros de remanente para inversiones, pero el gasto alcanzó los ocho millones, lo que habría generado un desfase. Asimismo, indicó que la universidad deberá analizar el origen del desajuste y recordó la evolución negativa del remanente de tesorería en los últimos años.
Por otro lado, durante el Consejo de Gobierno se abordaron otras cuestiones institucionales, como la actualización del informe de empleabilidad, que sitúa en el 73% la inserción laboral media a los dos años del egreso, y la puesta en marcha de una oficina para captar fondos estratégicos con el objetivo de incrementar los recursos propios. También se presentó un plan de simplificación administrativa y se aprobó el calendario académico 2026-2027, mientras que en el ámbito estudiantil se destacaron las solicitudes de alumnado extranjero y el desarrollo de nuevas normativas sobre evaluación académica.