El alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha situado la vivienda como la máxima prioridad del nuevo curso político. El regidor ha anunciado un proyecto que contempla la construcción de 250 viviendas de protección oficial (VPO) en la localidad, cofinanciadas por la Diputación de Sevilla. La iniciativa ha sido planteada como respuesta a una de las principales preocupaciones ciudadanas, en un contexto marcado por la falta de alternativas de otras administraciones.
Fernández ha explicado que este plan se ha integrado en una estrategia de desarrollo más amplia, que ha incluido infraestructuras y servicios de relevancia. Ha recordado que durante los últimos dos años se han ejecutado proyectos como el viaducto que ha mejorado la conexión con Sevilla, la inauguración del instituto Javier Imbroda, la creación del Parque de La Jira o la transformación del antiguo parque de bomberos en un pabellón deportivo. Estas actuaciones, ha señalado, han marcado un antes y un después en el municipio.
El nuevo proyecto de vivienda se desarrollará en los suelos de La Unión. El alcalde ha precisado que las viviendas no superarán los 115.000 euros en venta, lo que ha calculado en hipotecas mensuales de entre 280 y 300 euros. En el caso del alquiler, ha avanzado que las rentas no rebasarán los 350 euros. La propuesta ha sido presentada como un mecanismo para que la población joven tenga opciones reales de permanecer en el municipio.
El regidor ha insistido en que solo aquellas promociones con precios asequibles pueden ser consideradas vivienda protegida. Ha defendido que proyectos como los de Sevilla capital, donde se han comercializado viviendas en torno a los 300.000 euros bajo esta etiqueta, no cumplen esa función social. A su juicio, ha quedado demostrado que una política de vivienda pública eficaz debe garantizar el acceso a precios razonables.
1.000 viviendas públicas en alquiler
En La Rinconada ya se han consolidado cerca de mil viviendas públicas en alquiler, gestionadas por Soderinsa, además de otras promociones en venta. Fernández ha defendido que este bagaje ha permitido consolidar un modelo en el que la vivienda pública ha sido entendida como un derecho y no como un lujo. Ha señalado, sin embargo, que el reto actual requiere ampliar esfuerzos y complementar los desarrollos privados con una intervención pública ambiciosa que equilibre el mercado.
La construcción de las 250 VPO está estimada en una inversión cercana a los 35 millones de euros. Según ha detallado, el plan se financiará a través de subvenciones de la Diputación, créditos y subrogaciones. El alcalde ha reconocido que no se trata de un proceso sencillo, pero ha subrayado que la planificación a largo plazo ha de ser la base de una política de vivienda eficaz. También ha recalcado que la Junta de Andalucía y el Gobierno central han de implicarse en este ámbito, porque la vivienda, ha dicho, se ha consolidado como un desafío compartido.
