“Demandamos la creación de un banco de tierras de forma que éstas no perderán su condición de públicas y sólo serán cedidas para su explotación”. Ha explicado el parlamentario, “de forma que se pueda fijar población en los territorios, se evite la España vaciada, se planteen proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo y se potencie la cesión a agricultores y ganaderos que desarrollen modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada”, asegura el diputado Ismael Sánchez, de Adelante Andalucía.
Tras la aprobación del decreto de la Junta, el diputado propone dicho banco para que, en el caso de que los Ayuntamientos sevillanos no opten por ellas, no terminen siendo objeto de especulación y las tierras acaben en manos de fondos de inversión. Además, ha solicitado a la Consejería de Agricultura que nos concrete el listado de tierras y parcelas que se ponen a disposición de los Ayuntamientos según el Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que se establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes procedentes del extinto instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) publicado con fecha 5 de febrero de 2021 por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en BOJA nº 24.
Así lo ha anunciado el diputado por Sevilla Ismael Sánchez después de que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible haya aprobado la puesta a disposición del sector productivo andaluz 248 fincas del extinto Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) que permanecen vacantes, es decir, que no se encuentran ocupadas por terceras personas con título jurídico habilitante otorgado por la Administración autonómica a día de hoy. En total, estas tierras superan las 4.900 hectáreas y están valoradas en cerca de 49 millones de euros.
Asimismo, Ismael Sánchez ha mostrado “la preocupación existente en nuestro grupo parlamentario, ya que, de no arbitrar mecanismos, estas tierras, en el caso de que los Ayuntamientos no opten por ellas, terminarán siendo objeto de especulación y en manos de fondos de inversión”. Y es que el presente decreto según su publicación “será de aplicación a los Ayuntamientos en cuyo término municipal o colindantes radiquen las tierras que vayan a ser objeto de enajenación y a cualquier persona física o jurídica interesada en la adquisición de las mismas”.
“En estos momentos de dramática crisis económica el patrimonio público tiene que servir para la creación de empleo, y en el campo se da esta oportunidad, al mismo tiempo que se fija al territorio la población y se les ofrecen alternativas de futuro” ha declarado Sánchez Castillo.
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