La unión temporal de empresas encargada de la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, liderada por Acciona junto a Tecade y Freyssinet, ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes la rescisión del contrato tras más de dos meses y medio de paralización de las obras. La decisión se produce después de que el departamento rechazara nuevas modificaciones presupuestarias que superaban los límites legales establecidos. De este modo, las compañías que iniciaron los trabajos en el verano de 2021 se desvinculan de la fase final del proyecto, sin realizar valoraciones públicas sobre su decisión. La obra está, además, está bajo sospecha por posibles mordidas en la trama Ábalos, Koldo y Cerdán.
Tal y como ha adelantado El Correo de Andalucía, esta solicitud sitúa ahora la continuidad de la infraestructura en un escenario incierto, ya que el Ministerio deberá optar entre encargar de forma urgente los trabajos a otra empresa o iniciar un nuevo proceso de licitación. En cualquiera de los casos, la ampliación del puente queda bloqueada y sin un horizonte claro de finalización, lo que añade incertidumbre a una obra considerada estratégica para la movilidad en Sevilla.
El origen inmediato de la rescisión radica en la negativa del Ministerio a aceptar un nuevo incremento presupuestario planteado por la UTE. La suma de los modificados solicitados superaba el 20% permitido por la ley de contratos del sector público, alcanzando un 38,94%. Las empresas consideran que esta situación les habilita legalmente para desligarse del contrato, al entender que se han rebasado los límites establecidos. Además, sostienen que el problema no responde únicamente a cuestiones económicas, sino a deficiencias del propio proyecto, cuya complejidad ha dificultado su ejecución.
La obra, iniciada con carácter urgente en 2021 y con un presupuesto inicial de 86,4 millones de euros, ha experimentado sucesivas revisiones hasta superar los 128 millones, en parte por el encarecimiento de materiales como el acero tras la guerra de Ucrania. Entre los objetivos principales se encontraba la sustitución de los tirantes del puente y la ampliación del tablero para incorporar un carril adicional, con el fin de reducir la congestión de una infraestructura que soporta un elevado volumen de tráfico diario. Sin embargo, la necesidad de mantener la circulación durante los trabajos ha incrementado notablemente su complejidad técnica.
La sombra de la corrupción
A estas dificultades se suma la vinculación del proyecto con una investigación judicial sobre presuntas comisiones ilegales en la que aparecen mencionados distintos actores políticos y empresariales, incluida la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán. El expediente completo de la obra ha sido requisado por orden judicial, lo que añade un elemento adicional de presión sobre su desarrollo. Pese a ello, la UTE ha trasladado su disposición a asegurar el estado actual de los trabajos y facilitar una transición ordenada que evite riesgos de seguridad o el abandono de materiales.
En cuanto a los plazos, la actuación fue adjudicada con un periodo de ejecución de 27 meses, con previsión de finalización a finales de 2023. Sin embargo, los retrasos acumulados han duplicado ese calendario y la nueva situación hace inviable cumplir las últimas estimaciones, que apuntaban a 2025 o 2026. La rescisión del contrato obliga ahora a replantear completamente la intervención, lo que previsiblemente alargará aún más los tiempos de finalización de una obra clave para la red viaria de la ciudad.