Las obras de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla se están eternizando. Empezaron hace cuatro años y medio, cuando el plazo de ejecución era de 27 meses, o sea, poco más de dos años. Ya lleva más del doble.
El presupuesto de estos trabajos era de 86 millones de euros, que era el importe de la adjudicación, pero lleva sumados más de 136 millones de euros, para sustituir los más de 80 tirantes del puente por otros más duraderos y modernos, ganando así un nuevo carril en una de las vías más transitadas de la ciudad hispalense.
Pero ahora la empresa adjudicataria, una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet, ha tramitado un expediente de modificación de obra que espera autorización del Ministerio de Transportes, un trámite que viene ralentizando los trabajos desde finales del año 2025. En el puente hace tiempo que no se ve la actividad que tenía hace unos meses.
En respuesta a este expediente, el Consejo de Obras Públicas, órgano colegiado consultivo del Ministerio de Transportes, ha emitido un informe desfavorable, por lo que las obras no avanzan.
Sospechas de corrupción en la adjudicación
Las obras en el Puente del Centenario empezaron en verano de 2021, con un plazo de ejecución de 27 meses. Ya van 54 meses desde que se iniciaron, y no está nada claro cuánto queda para que concluyan estos trabajos.
Para colmo, hay sospechas de corrupción en torno a esta obra. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) llegó a identificar a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE, investigado por el caso Koldo— como receptora de 1,8 millones de euros por su participación en la obra de restauración del Puente del Centenario.
Las pesquisas de la UCO apuntan a una presunta estructura de amaño en licitaciones públicas, donde Servinabar habría suscrito memorandos y contratos con Acciona. La relación entre Servinabar y Acciona se reflejó en un memorándum que recogía una remuneración del 2% del presupuesto neto en caso de adjudicación.
El procedimiento de adjudicación de las obras se está investigando por las sospechas de corrupción en la contratación con el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. El presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros y en 2023, el Gobierno aprobó una modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros.