El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha citado a declarar en calidad de investigado a Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo. La comparecencia se enmarca en la causa reabierta por un presunto delito de intrusismo profesional, después de que la Audiencia Provincial ordenara retomar la investigación para aclarar si el perito contaba con la habilitación necesaria para realizar ese trabajo.
Según una diligencia de ordenación fechada el 17 de diciembre, el investigado deberá declarar el próximo 27 de enero de 2026 a las 10:20 horas. La comparecencia se celebrará por videoconferencia mediante un exhorto dirigido al Juzgado Decano de Alcobendas, en Madrid. En esa citación, el órgano judicial requiere expresamente a Huerta que aporte el título académico oficial que le habilitaría para ejercer la pericia informática y para firmar dictámenes de este tipo, tanto a instancia de parte como por designación judicial.
La citación se produce tras la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de revocar el archivo provisional de la causa. El tribunal consideró necesario practicar nuevas diligencias para determinar si el perito posee la titulación exigida por la normativa vigente y para aclarar si su intervención en el procedimiento se produjo como consecuencia de un encargo judicial directo o como aportación de una de las partes personadas en el proceso.
El intrusismo
En el marco de estas actuaciones, el instructor ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que remita una copia autenticada del acta de aceptación del cargo y del juramento o promesa del perito, fechada el 18 de junio de 2021 y suscrita por Manuel Huerta. Asimismo, ha reclamado la copia íntegra del dictamen pericial informático elaborado por el investigado, al considerarlo el elemento central sobre el que gira el litigio.
La causa tiene su origen en una querella presentada por el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. Su presidente sostiene que Huerta realizó el análisis del terminal de Carcaño sin estar colegiado ni contar con la titulación de ingeniería técnica en informática requerida para este tipo de peritaciones, presentándose públicamente como experto forense. La Audiencia de Sevilla, al estimar el recurso de apelación interpuesto por el colegio, subrayó la necesidad de acreditar documentalmente la cualificación profesional del querellado antes de decidir sobre el sobreseimiento, recordando que la legislación atribuye a los ingenieros técnicos la competencia para elaborar estos informes.