El juicio previsto en Sevilla contra una persona acusada de violencia continuada hacia su exesposa ha sido suspendido tras la incomparecencia del encausado, quien comunicó que se encontraba en Tánger, Marruecos, y que no disponía de medios económicos para regresar a España. La vista estaba programada para este viernes, pero no pudo celebrarse por la ausencia del acusado, que fue condenado en 2023 a 15 meses de prisión por agredir a la misma víctima.
El procesado, que se llamaba Cándido y actualmente figura como Candy tras un cambio de género legal, realizó una llamada telefónica el jueves al juzgado desde un número privado. En la conversación, aseguró que no podía asistir al juicio por hallarse en el extranjero sin recursos para viajar, y expresó su disposición a comparecer en cuanto le fuera posible.
Según el relato del abogado de la víctima, el encausado no pudo facilitar una dirección de correo electrónico por carecer de uno, y no había comunicado previamente un cambio de domicilio. La funcionaria judicial que recibió la llamada le recordó que debía haber informado de esa modificación con antelación para permitir una correcta notificación.
Ante la falta de comunicación oficial y la imposibilidad de localizar al acusado, el juicio fue cancelado. La víctima se presentó en los juzgados acompañada por su representante legal, donde fue informada de la suspensión del procedimiento judicial.
Las peticiones de la denunciante
La denunciante ha expresado su frustración por la situación y pedido a las autoridades judiciales que mantengan la vigilancia para proceder a la detención del acusado. Afirmó no creer que este se encuentre realmente en Marruecos y sostuvo que podría estar en Sevilla, ocultando su paradero de manera deliberada.
El abogado de la mujer afectada ha anunciado que estudiarán nuevas medidas restrictivas con el objetivo de lograr que el acusado comparezca en sede judicial. Asimismo, consideró necesario que se le impongan compensaciones por los daños económicos y morales derivados de la reiterada incomparecencia.
En este proceso judicial, la persona acusada se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por presuntos delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena, este último relacionado con la violación de una orden de alejamiento de 300 metros respecto a su expareja.
La Fiscalía solicita dos años y un día de cárcel por las amenazas, y una pena de ocho días de localización permanente por las injurias. No se pronuncia, sin embargo, sobre el quebrantamiento de condena. Mientras tanto, el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha emitido una nueva orden de busca y captura, la tercera, que se suma a las ya dictadas por otros dos juzgados de lo Penal.