La Guardia Civil ha detenido en Girona a una persona por difundir vídeos de agresiones entre menores a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea.
El detenido era el administrador de un grupo de dicha plataforma que contaba con más de 164.000 seguidores y requería autorización previa para acceder a su contenido.
El administrador del grupo compartía los vídeos de agresiones entre menores, una práctica conocida como happy slapping. La Guardia Civil verificó el funcionamiento de ese canal mediante el uso de la figura del agente encubierto informático.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer, ya que su hija menor había sido víctima de una agresión grabada en Sevilla y posteriormente difundida en ese canal.
Los vídeos que se compartían en ese grupo correspondían a una práctica conocida como happy slapping, que consiste en grabar ataques físicos con el objetivo de compartirlos en redes sociales.
La Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía de Criminalidad Informática, logró verificar el funcionamiento del canal y el tipo de contenido difundido mediante el uso de la figura del agente encubierto informático. Esta consiste en que un miembro de Guardia Civil actúa de forma encubierta en entornos digitales, con el objetivo de infiltrarse en redes privadas para obtener pruebas de actividades delictivas.
Además, se emplearon técnicas de investigación OSINT (Open Source Intelligence), que permiten recopilar y analizar información con el objetivo de identificar perfiles, comportamientos y ubicaciones digitales.
Durante la investigación se realizó un registro en el domicilio del detenido y se incautaron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles. El detenido está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones.
Un Juzgado de Sanlúcar la Mayor cierra el canal
Tras la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Sanlúcar la Mayor se ha procedido al cierre definitivo del canal. La Guardia Civil recuerda que difundir imágenes que atentan contra la dignidad de las personas, especialmente si son menores, es un delito perseguido por la ley.
En caso de que una familia detecte que un hijo o hija ha sido víctima de algún tipo de agresión grabada o bien, de la difusión de contenido vejatorio, se recomienda conservar todas las pruebas digitales (capturas de pantalla, enlaces, vídeos) y acudir inmediatamente a las autoridades competentes y formular denuncia.