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La gestión económica de la Universidad de Sevilla ha llegado a la Fiscalía. CSIF ha presentado el pasado 5 de octubre una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para solicitar que se investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la institución académica, encabezado por Miguel Ángel Castro y del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas. El sindicato considera que es necesario esclarecer qué ha ocurrido con los fondos de la Hispalense y que, si durante la investigación aparecen indicios de delito, se depuren las responsabilidades que correspondan, incluso en el ámbito penal.
La denuncia se produce después de que la situación económica de la Universidad de Sevilla haya generado preocupación entre los trabajadores. Según explica CSIF, tras la toma de posesión de Carmen Vargas en diciembre de 2025 comenzaron a conocerse informaciones sobre el déficit de la institución, una situación que, a juicio del sindicato, se ha reflejado en el impago desde enero de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como colectivo "más perjudicado". Casi un año después, CSIF sostiene que ni la rectora ni la nueva gerente, Rocío Román, han conseguido aclarar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad ni han presentado a la representación de los trabajadores un calendario para afrontar la deuda acumulada.
La situación financiera quedó reflejada en el cierre de las cuentas de 2025, cuyo informe de auditoría recibió la Universidad en julio. El ejercicio terminó con un déficit de 14,8 millones de euros, en un contexto marcado, según la propia institución, por las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central, el incremento del coste de los suministros y el plan de infraestructuras que la Hispalense lleva desarrollando desde hace años. El presupuesto inicial para 2025 ascendía a 634,4 millones de euros y el ejercicio concluyó con un "déficit presupuestario ajustado" de 14,8 millones.
El informe del auditor, según la Universidad de Sevilla, considera que las dificultades económicas no responden a un "problema puntual", sino a "un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario" de la institución. Además, la Hispalense no cuenta con remanentes de tesorería de libre disposición que permitan compensar ese desequilibrio. Desde la Universidad señalan que el aumento del gasto de personal responde a cuestiones que la institución "debe aplicar", por lo que no atribuyen el déficit a una circunstancia exclusiva de la Hispalense. "Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales", apuntan las fuentes consultadas.
El plan de ajuste de la US
Ante este escenario, la Universidad de Sevilla ya ha puesto en marcha un plan de ajuste de 16 millones de euros basado en medidas de "contención, racionalización y priorización". La finalidad de este plan es "recuperar progresivamente el equilibrio económico", con la prioridad de hacerlo "sin deteriorar la docencia, la investigación, la transferencia, los servicios al estudiantado ni las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria". Mientras tanto, CSIF ha optado por acudir a la Fiscalía para reclamar una investigación sobre la gestión del anterior equipo de gobierno y determinar qué ha sucedido con los recursos económicos de la institución.
A esta situación se suma el estudio que el sistema andaluz de enseñanza superior y la Junta de Andalucía acordaron realizar sobre los gastos de personal de las universidades, con el propósito de llevar a cabo un análisis pormenorizado que permita ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. Sin embargo, el cambio en el Ejecutivo autonómico, con la entrada de Vox, ha dejado esta medida en punto muerto. Será el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, quien tenga que abordar este asunto. Mientras, CSIF reclama que la investigación solicitada permita aclarar la gestión económica de la Universidad y determinar si existen responsabilidades por lo ocurrido.
La gestión económica de la Universidad de Sevilla ha llegado a la Fiscalía. CSIF ha presentado el pasado 5 de octubre una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para solicitar que se investigue la gestión económica del anterior equipo de gobierno de la institución académica, encabezado por Miguel Ángel Castro y del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas. El sindicato considera que es necesario esclarecer qué ha ocurrido con los fondos de la Hispalense y que, si durante la investigación aparecen indicios de delito, se depuren las responsabilidades que correspondan, incluso en el ámbito penal.
La denuncia se produce después de que la situación económica de la Universidad de Sevilla haya generado preocupación entre los trabajadores. Según explica CSIF, tras la toma de posesión de Carmen Vargas en diciembre de 2025 comenzaron a conocerse informaciones sobre el déficit de la institución, una situación que, a juicio del sindicato, se ha reflejado en el impago desde enero de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como colectivo "más perjudicado". Casi un año después, CSIF sostiene que ni la rectora ni la nueva gerente, Rocío Román, han conseguido aclarar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad ni han presentado a la representación de los trabajadores un calendario para afrontar la deuda acumulada.
La situación financiera quedó reflejada en el cierre de las cuentas de 2025, cuyo informe de auditoría recibió la Universidad en julio. El ejercicio terminó con un déficit de 14,8 millones de euros, en un contexto marcado, según la propia institución, por las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central, el incremento del coste de los suministros y el plan de infraestructuras que la Hispalense lleva desarrollando desde hace años. El presupuesto inicial para 2025 ascendía a 634,4 millones de euros y el ejercicio concluyó con un "déficit presupuestario ajustado" de 14,8 millones.
El informe del auditor, según la Universidad de Sevilla, considera que las dificultades económicas no responden a un "problema puntual", sino a "un desequilibrio que afecta al funcionamiento ordinario" de la institución. Además, la Hispalense no cuenta con remanentes de tesorería de libre disposición que permitan compensar ese desequilibrio. Desde la Universidad señalan que el aumento del gasto de personal responde a cuestiones que la institución "debe aplicar", por lo que no atribuyen el déficit a una circunstancia exclusiva de la Hispalense. "Forma parte de un problema estructural que se ve agravado en el caso de la US por su tamaño, su plantilla y sus obligaciones patrimoniales", apuntan las fuentes consultadas.
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