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Los procedimientos judiciales y administrativos impulsados por Ecologistas en Acción contra los nuevos proyectos urbanísticos vinculados a los estadios Benito Villamarín y Ramón Sánchez-Pizjuán continúan avanzando. La organización ecologista mantiene abiertas varias vías para cuestionar la legalidad de las decisiones urbanísticas que permiten incorporar nuevos usos terciarios a estas instalaciones deportivas y considera que la modificación del PGOU presenta importantes carencias, especialmente por la falta de una evaluación suficiente de sus efectos sobre los barrios y el territorio.
El pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebró la vista del procedimiento promovido por Ecologistas en Acción contra la Modificación Puntual número 63 del PGOU de Sevilla, aprobada definitivamente en febrero de 2025. Esta modificación afecta al artículo 6.6.11 de las Normas Urbanísticas y permite incorporar usos compatibles con la actividad deportiva en las denominadas instalaciones deportivas singulares, entre ellos, según recoge el Ayuntamiento, los comerciales y terciarios. Según ha podido conocer lavozdelsur.es, Ecologistas estudia también recurrir la licencia de obra del estadio verdiblanco.
Para la organización, esta modificación urbanística constituye la pieza que permite dar cobertura a las operaciones de transformación de los principales estadios sevillanos, especialmente a los proyectos vinculados a las sociedades anónimas deportivas propietarias del Benito Villamarín y el Ramón Sánchez-Pizjuán. Durante la vista ante el TSJA, la parte demandante presentó un informe pericial elaborado por una persona especialista en urbanismo, que fue posteriormente ratificado, y que señala "insuficiencias estructurales en su formulación". En caso de que los juzgados dieran la razón a la organización, ambos proyectos quedarían paralizados. No obstante, desde Ecologistas reconocen que la Justicia, aunque está dando los pasos previsto, va lenta y los procedimientos pueden alargarse uno o dos años.
El informe también cuestiona que los efectos de la modificación hayan sido evaluados de forma adecuada, sobre todo por sus posibles consecuencias en barrios sometidos a una elevada presión urbana y en ámbitos ambientalmente sensibles como la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción considera que el debate no se limita a la transformación física de los recintos deportivos, sino que afecta al modelo de ciudad por el incremento de los usos terciarios y la concentración de nuevas actividades comerciales, de ocio y otras vinculadas a estos espacios.
Varias vías judiciales abiertas
La organización recuerda que el recurso contra la Modificación Puntual 63 no es la única vía abierta. En el caso del nuevo Estadio Benito Villamarín, tiene presentado otro recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la aprobación del Estudio de Ordenación de la parcela del estadio, aprobada por el Pleno municipal el 18 de septiembre de 2025. Además, en abril de 2026 fueron concedidas las licencias de parcelación y obras relacionadas con el proyecto, frente a las que se han planteado los correspondientes recursos administrativos.
A estas actuaciones se suma la denuncia presentada ante la Fiscalía en junio de 2026, en la que Ecologistas en Acción trasladó lo que considera posibles irregularidades en la tramitación urbanística. La organización apunta a posibles actuaciones que podrían ser constitutivas de "prevaricación o fraude de ley", además de una eventual omisión o alteración de determinados trámites administrativos y una falta de vigilancia municipal sobre la utilización de terrenos públicos dentro de una operación con aprovechamiento privado. La entidad subraya que corresponde a la Fiscalía y, en su caso, a los órganos judiciales determinar si existe alguna responsabilidad.
La celebración de la vista del recurso contra la Modificación Puntual 63 tampoco supone el cierre del procedimiento, ya que la sentencia previsiblemente no se conocerá hasta dentro de varios meses. Mientras tanto, Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales que respaldan estas actuaciones mantienen su intención de utilizar las vías jurídicas y administrativas disponibles para evitar o condicionar los nuevos usos terciarios asociados a los estadios mientras no quede garantizada su adecuación al planeamiento, la legislación urbanística y el interés general. Para la organización, la transformación de los grandes estadios de Sevilla debe analizarse también por sus efectos sobre la movilidad, el espacio público, los barrios, las infraestructuras y el modelo urbano de la ciudad.
Los procedimientos judiciales y administrativos impulsados por Ecologistas en Acción contra los nuevos proyectos urbanísticos vinculados a los estadios Benito Villamarín y Ramón Sánchez-Pizjuán continúan avanzando. La organización ecologista mantiene abiertas varias vías para cuestionar la legalidad de las decisiones urbanísticas que permiten incorporar nuevos usos terciarios a estas instalaciones deportivas y considera que la modificación del PGOU presenta importantes carencias, especialmente por la falta de una evaluación suficiente de sus efectos sobre los barrios y el territorio.
El pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) celebró la vista del procedimiento promovido por Ecologistas en Acción contra la Modificación Puntual número 63 del PGOU de Sevilla, aprobada definitivamente en febrero de 2025. Esta modificación afecta al artículo 6.6.11 de las Normas Urbanísticas y permite incorporar usos compatibles con la actividad deportiva en las denominadas instalaciones deportivas singulares, entre ellos, según recoge el Ayuntamiento, los comerciales y terciarios. Según ha podido conocer lavozdelsur.es, Ecologistas estudia también recurrir la licencia de obra del estadio verdiblanco.
Para la organización, esta modificación urbanística constituye la pieza que permite dar cobertura a las operaciones de transformación de los principales estadios sevillanos, especialmente a los proyectos vinculados a las sociedades anónimas deportivas propietarias del Benito Villamarín y el Ramón Sánchez-Pizjuán. Durante la vista ante el TSJA, la parte demandante presentó un informe pericial elaborado por una persona especialista en urbanismo, que fue posteriormente ratificado, y que señala "insuficiencias estructurales en su formulación". En caso de que los juzgados dieran la razón a la organización, ambos proyectos quedarían paralizados. No obstante, desde Ecologistas reconocen que la Justicia, aunque está dando los pasos previsto, va lenta y los procedimientos pueden alargarse uno o dos años.
El informe también cuestiona que los efectos de la modificación hayan sido evaluados de forma adecuada, sobre todo por sus posibles consecuencias en barrios sometidos a una elevada presión urbana y en ámbitos ambientalmente sensibles como la Isla de la Cartuja. Ecologistas en Acción considera que el debate no se limita a la transformación física de los recintos deportivos, sino que afecta al modelo de ciudad por el incremento de los usos terciarios y la concentración de nuevas actividades comerciales, de ocio y otras vinculadas a estos espacios.
Varias vías judiciales abiertas
La organización recuerda que el recurso contra la Modificación Puntual 63 no es la única vía abierta. En el caso del nuevo Estadio Benito Villamarín, tiene presentado otro recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la aprobación del Estudio de Ordenación de la parcela del estadio, aprobada por el Pleno municipal el 18 de septiembre de 2025. Además, en abril de 2026 fueron concedidas las licencias de parcelación y obras relacionadas con el proyecto, frente a las que se han planteado los correspondientes recursos administrativos.
A estas actuaciones se suma la denuncia presentada ante la Fiscalía en junio de 2026, en la que Ecologistas en Acción trasladó lo que considera posibles irregularidades en la tramitación urbanística. La organización apunta a posibles actuaciones que podrían ser constitutivas de "prevaricación o fraude de ley", además de una eventual omisión o alteración de determinados trámites administrativos y una falta de vigilancia municipal sobre la utilización de terrenos públicos dentro de una operación con aprovechamiento privado. La entidad subraya que corresponde a la Fiscalía y, en su caso, a los órganos judiciales determinar si existe alguna responsabilidad.
La celebración de la vista del recurso contra la Modificación Puntual 63 tampoco supone el cierre del procedimiento, ya que la sentencia previsiblemente no se conocerá hasta dentro de varios meses. Mientras tanto, Ecologistas en Acción y las asociaciones vecinales que respaldan estas actuaciones mantienen su intención de utilizar las vías jurídicas y administrativas disponibles para evitar o condicionar los nuevos usos terciarios asociados a los estadios mientras no quede garantizada su adecuación al planeamiento, la legislación urbanística y el interés general. Para la organización, la transformación de los grandes estadios de Sevilla debe analizarse también por sus efectos sobre la movilidad, el espacio público, los barrios, las infraestructuras y el modelo urbano de la ciudad.
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