La justicia ha dado un paso al frente en el caso que salpica al exdirigente socialista Francisco Salazar y al histórico exalcalde de Dos Hermanas Francisco Toscano. La magistrada María del Valle Rivera, titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, ha ordenado a la Guardia Civil abrir una investigación sobre el contrato que vinculó a Salazar con el Ayuntamiento nazareno entre los años 2012 y 2017.
La decisión, recogida en un auto fechado el pasado 29 de julio y al que ha tenido acceso EFE, responde a una denuncia presentada por Vox, que acusa a Salazar de haber percibido un sueldo mensual de 2.000 euros sin haber acudido nunca a su puesto de trabajo. Según esa denuncia, en ese periodo Salazar no habría estado en el Ayuntamiento, sino que supuestamente trabajaba en la sede del PSOE en Madrid o incluso en el Palacio de la Moncloa.
La jueza, sin embargo, aclara que en el escrito inicial de Vox no se aportaron pruebas que sustenten las acusaciones, por lo que ordena incoar diligencias previas. En concreto, se encomienda a la Guardia Civil la recogida de documentación del consistorio y se autoriza a interrogar a denunciados y testigos para esclarecer los hechos. "Lo que, llegado el caso, permitirá un pronunciamiento más fundado sobre la viabilidad de esta causa", señala el auto.
Una contratación de la que Vos sospecha
La denuncia añade que la contratación de Salazar como técnico municipal se hizo presuntamente con conocimiento de que no iba a desempeñar funciones en el ayuntamiento. Así lo afirma el portavoz de Vox en el municipio, Adrián Trashorras, quien señala directamente al entonces alcalde Toscano como responsable.
Desde Vox apuntan que los hechos podrían constituir delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, y subrayan que Salazar dejó sus cargos en el PSOE federal y en Moncloa a principios de julio, tras las acusaciones de varias mujeres por “comportamientos inadecuados”.
Por último, la jueza impone a Vox una fianza de 3.000 euros para poder ejercer la acción popular en este procedimiento, lo que supone otro paso clave en un caso que amenaza con sacudir los cimientos de uno de los feudos históricos del socialismo andaluz.