Las quejas de Vox en torno a las viviendas protegidas de Arahal han provocado la reacción de la Junta. Los vecinos denuncian desde hace tiempo humedades, presencia de roedores, inseguridad y graves problemas de accesibilidad en las promociones de Plaza de las Flores y la barriada Camilo José Cela.
Tras las críticas y la iniciativa de Vox de llevar el asunto al Parlamento andaluz, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha explicado que ambas promociones “corresponden a viviendas protegidas cuya titularidad no es 100% de esta Agencia”. Esto implica que cualquier actuación debe ser asumida por la Comunidad de Propietarios, de la que AVRA forma parte, pero en la que también participan numerosos particulares.
En el caso de la Plaza de las Flores, la promoción se compone de 100 viviendas, entre unifamiliares y plurifamiliares: 58 son ya propiedad de particulares, mientras que el resto sigue en manos de AVRA. Por su parte, la barriada Camilo José Cela está formada por 50 viviendas, de las cuales 27 pertenecen a particulares y el resto a la Agencia.
Desde la Junta recuerdan que, tal y como “se ha informado en reiteradas ocasiones a vecinos y al propio Ayuntamiento”, las intervenciones en zonas comunes, así como las reclamaciones por problemas de insalubridad, deben ser asumidas por la comunidad en su conjunto. “AVRA no puede de forma unilateral promover obras en nombre del resto de propietarios ni sufragar los gastos de las viviendas que no son de su propiedad”.
La Agencia insiste en que siempre ha mostrado disposición a colaborar y aportar la parte que le corresponde en cualquier asunto relacionado con limpieza, accesibilidad o conservación. Incluso recuerda que en 2021 intervino directamente, pese a no ostentar la totalidad de la propiedad, tras un desprendimiento de cornisas que ponía en riesgo la seguridad de los vecinos.
No obstante, la Junta advierte de que estos bloques arrastran un nivel de morosidad de entre el 29% y el 35%, lo que complica la gestión de las comunidades y el mantenimiento de los inmuebles.
De este modo, la administración andaluza se defiende de las críticas asegurando que asume su responsabilidad proporcional como propietaria, pero recalca que las competencias sobre estas incidencias pertenecen a la Comunidad de Propietarios.