El Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla tiene finalmente fijado para lasa 10 horas del 12 de abril de 2023, a mes y medio de las municipales del 28 de mayo del año que viene, el juicio destinado a resolver la causa incoada contra el alcalde de Bormujos, el socialista Francisco Molina; y su concejal de Obras Públicas, la también socialista María del Carmen Garfia, por un presunto delito de prevaricación, toda vez que se trata de la cuarta fecha prevista para dicho juicio.
En concreto, este juicio estaba inicialmente previsto para el 14 de junio de 2021, siendo después aplazado al 6 de octubre de ese año, si bien en una diligencia de ordenación emitida el 23 de septiembre de 2021 y recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número ocho acordaba "señalar nuevamente" la sesión la fecha del 30 de noviembre de 2022, es decir el miércoles de esta semana.
Varios aplazamientos
Ello, según precisada el juzgado en dicha diligencia de ordenación, "estando pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto en fase de instrucción". No obstante, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han precisado a Europa Press que tras aquel nuevo señalamiento, el juzgado acordó fijar otra nueva fecha, la cuarta ya, el 12 de abril de 2023 a las 10.00 horas.
La causa judicial, en concreto, gira en torno a un presunto delito de prevaricación derivado de la autorización de unas obras en una nave municipal pese a contar con informes desfavorables de la Intervención municipal y del arquitecto del propio Ayuntamiento.
A tal efecto, el pasado 20 de marzo de 2019, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla emitía un auto, ordenando la apertura de juicio oral con relación a esta causa judicial.
Apertura de juicio oral
En dicho auto recogido por Europa Press, la citada instancia judicial acordaba abrir juicio oral contra el alcalde de Bormujos, su concejal de Obras Públicas y quinta teniente de alcalde, contra Manuel Fernando Fernández Vázquez y contra Carlos Sánchez Galeote, por un presunto delito de prevaricación atribuido a cada uno de ellos en calidad de autores, salvo en el caso de Sánchez Galeote, a quien se le confiere la condición de "extraneus" en dicho delito.
En paralelo, el auto de apertura de juicio oral atribuía un presunto delito de tráfico de influencias a Manuel Fernando Fernández Vázquez, tratándose de un auto contra el que no cabía recurso.
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