Un total de once familias, que incluyen nueve menores, serán desahuciadas el próximo 5 de diciembre de sus viviendas en el barrio sevillano de Palmete. La medida llega después de que el Juzgado número 8 de Sevilla fallara que el edificio, habitado desde hace más de diez años, pase a manos de la inmobiliaria Altamira, vinculada al Banco Santander.
Los vecinos afectados han señalado que no han recibido notificaciones directas, sino cartas dirigidas a la entidad del promotor, lo que dificulta su contacto con la inmobiliaria y la gestión de la situación.
Las familias han indicado que poseen contratos de alquiler con opción a compra y reclaman poder permanecer en sus viviendas, argumentando que han cumplido con los pagos y los compromisos establecidos en dichos acuerdos.
Los vecinos han denunciado que sus derechos como inquilinos han sido vulnerados, especialmente en relación con los contratos de compra que, según afirman, no se han respetado. Han insistido en que continuarán luchando para mantener sus hogares y han anunciado que planean movilizarse el día del desalojo.
Apoyo a los vecinos
Organizaciones sociales como Barrios Hartos han respaldado a los vecinos, calificando la situación como un atropello a los derechos fundamentales y afirmando que se mantendrán como muro de defensa frente a estas medidas.
Desde Adelante Andalucía, la diputada Begoña Iza ha señalado que el caso refleja las consecuencias de las políticas aplicadas por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, que, según su opinión, favorecen a promotores y fondos de inversión frente a las familias afectadas.
Las familias afectadas han reiterado que su intención es continuar pagando sus viviendas y regularizar su situación para conservar sus hogares, subrayando que se trata de propiedades que consideran propias tras años de ocupación y esfuerzo económico.