La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado al alcalde dos agresiones recientes sufridas por empleados municipales, solicitando que el Consistorio se persone como parte demandante. Según el sindicato, el 7 de agosto un hombre amenazó con un arma a profesionales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Tres Barrios–Amate, y el 12 de agosto una trabajadora de un Distrito fue agredida en su lugar de trabajo mientras desempeñaba sus funciones, con parte de lesiones.
CSIF subraya que estos episodios no son hechos aislados, sino incidentes que se repiten de manera periódica. El sindicato sostiene que la problemática es conocida por los responsables municipales y que se ha puesto de manifiesto en reiteradas solicitudes a Recursos Humanos y a distintos servicios del Ayuntamiento. Además, reclama la adopción de medidas efectivas para proteger a la plantilla, incluyendo la aprobación de un protocolo de seguridad que cubra esta obligación.
La central sindical demanda que se faciliten los servicios jurídicos necesarios para asesorar y defender a los empleados, así como que el Ayuntamiento se persone en los casos de agresión, evitando que los trabajadores queden identificados como víctimas. Asimismo, considera indispensable proporcionar atención psicológica a los afectados y garantizar la seguridad tanto en los centros de trabajo como en la vía pública, evitando que el personal atienda al público de manera aislada.
CSIF plantea que se articulen procedimientos de seguridad durante visitas domiciliarias y otras intervenciones externas, que permitan la intervención inmediata de la Policía Local. También propone la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros de trabajo y la posibilidad de firmar informes de manera alternativa, sin necesidad de identificar al empleado con nombre y apellidos.
Rango de autoridad
El sindicato insiste en que se reconozca la condición de Agente de la Autoridad al personal que trabaja con menores en riesgo, según la Ley Orgánica 8/2021, y en que se modifique la valoración de los puestos para reflejar la peligrosidad en el desempeño de sus funciones. Esta medida afectaría tanto al personal de atención directa como al que atiende específicamente a menores en situación de riesgo.
Por último, CSIF solicita que el Ayuntamiento emita órdenes de alejamiento hacia los agresores y establezca como norma que, en caso de agresión, los usuarios responsables no puedan acceder al servicio donde se produjo el incidente durante un mínimo de seis meses, debiendo ser atendidos con cita previa en otras instalaciones. Durante ese periodo, los registros deberán realizarse de manera obligatoriamente electrónica.